Pol¨¦mica en T¨²nez tras la condena a 30 a?os de c¨¢rcel para tres j¨®venes por posesi¨®n de cannabis y consumo de hach¨ªs

Las protestas de j¨®venes en T¨²nez no terminan de apagarse. El 14 de enero, d¨¦cimo aniversario de la revoluci¨®n que marc¨® el inicio de la primavera ¨¢rabe, estallaron disturbios en todo el pa¨ªs que terminaron con 1.600 j¨®venes en la c¨¢rcel. Pocos d¨ªas despu¨¦s, el 30 de enero, cientos de tunecinos protestaban en la capital contra los abusos policiales. Y ayer, fueron los sindicatos de polic¨ªas quienes protestaban contra lo que ellos llaman una falta de respeto de los manifestantes hacia su autoridad. En medio de ese contexto ha trascendido que tres j¨®venes han sido condenados a un total de 30 a?os de c¨¢rcel el 20 de enero por el juzgado de primera instancia de la ciudad de Kef, situada a 175 kil¨®metros al oeste de la capital, por delitos vinculados con la posesi¨®n y el consumo de drogas.

Los tres j¨®venes fueron condenados el pasado 20 de enero a cinco a?os por posesi¨®n de cannabis con la intenci¨®n de consumirlo, otros cinco por consumo de hach¨ªs, y 20 a?os por fumarlo en un espacio p¨²blico, un estadio de f¨²tbol. En total, 30 a?os. Las protestas de la sociedad civil por este caso han sido tan intensas que el primer ministro, el tecn¨®crata Hichem Mechichi, anunci¨® este lunes que su Gobierno revisar¨¢ la ley relativa a la posesi¨®n y el consumo de drogas. Una norma de la ¨¦poca de la dictadura con castigos muy severos.

La norma n¨²mero 92-52 del 18 de mayo de 1992, relativa a los estupefacientes, conocida en el pa¨ªs como ley 52, es un vestigio de la dictadura que se resiste a desaparecer. Fue impulsada por el dictador Zine el Abidine Ben Al¨ª (1987-2011), cuando su hermano Habib se vio envuelto en un asunto de tr¨¢fico internacional de droga conocido como Cusc¨²s Connection.

La polit¨®loga Olfa Lamloum, que dirige en T¨²nez la ONG International Alert, muy presente en varias zonas marginadas, indica a este diario: ¡°La ley 52 ha roto la vida de muchos j¨®venes en los barrios populares y en las regiones del interior. Algunos se han visto obligados a abandonar el colegio despu¨¦s de ser arrestados. Un reciente estudio publicado por International Alert revel¨® que m¨¢s del 17% de los j¨®venes de entre 18 y 34 a?os en el barrio popular de Douar Hicher, en la capital, declaran haber sido detenidos o encarcelados en el curso del a?o que preced¨ªa a nuestra investigaci¨®n. Esta ley no hace m¨¢s que reforzar las soluciones solo policiales en el tratamiento de la marginaci¨®n¡±.

Ben Al¨ª intent¨® as¨ª desmarcarse de su hermano mediante una ley extremadamente dura. Pero la ley solo sirvi¨® para reprimir a una gran parte de la poblaci¨®n, incluidos importantes opositores. Una vez que Ben Al¨ª se vio obligado a exiliarse en Arabia Saud¨ª, a causa de la revoluci¨®n de 2011, en el pa¨ªs quedaron bien arraigadas sus viejas pr¨¢cticas de corrupci¨®n y violencia policial. Tambi¨¦n dej¨® como herencia la ley 52 al servicio de sucesivos Gobiernos dem¨®cratas. El antiguo presidente Beji Ca?d Essebsi (2014-2019) ya hizo campa?a en su d¨ªa contra esta norma, a la que juzg¨® de excesiva y responsable de haber sacrificado el porvenir de muchos j¨®venes.

La polit¨®loga Olfa Lamloum, que dirige en T¨²nez la ONG International Alert, muy presente en zonas marginadas, indica a este diario: ¡°La ley 52 ha roto la vida de muchos j¨®venes en los barrios populares y en las regiones del interior. Algunos se han visto obligados a abandonar el colegio despu¨¦s de ser arrestados. Un reciente estudio publicado por International Alert revel¨® que m¨¢s del 17% de los j¨®venes de entre 18 y 34 a?os en el barrio popular de Douar Hicher, en la capital, declaran haber sido detenidos o encarcelados en el curso del a?o que preced¨ªa a nuestra investigaci¨®n. Esta ley no hace m¨¢s que reforzar las soluciones solo policiales en el tratamiento de la marginaci¨®n¡±.

Varias organizaciones humanitarias lucharon para que en 2017 el Parlamento aprobase una ley que permitiera que los jueces introdujeran circunstancias atenuantes en su aplicaci¨®n. Pero a pesar de todo, 10 a?os despu¨¦s de la dictadura, el 20% de la poblaci¨®n carcelaria del pa¨ªs permanece en prisi¨®n en virtud de la ley 52, seg¨²n aseguran varias ONG.

La reciente sentencia del juzgado de Kef ha puesto en evidencia, una vez m¨¢s, el largo y dif¨ªcil camino que queda por recorrer hacia las libertades en el ¨²nico pa¨ªs donde germin¨® la democracia tras la primavera ¨¢rabe. Y ha revelado tambi¨¦n la situaci¨®n precaria que padece una juventud abocada al paro, a la droga y a la migraci¨®n irregular.

A la situaci¨®n tensa de la calle, adem¨¢s, se suma la tensi¨®n entre el primer ministro, Hichem Mechichi, y el presidente, Kais Said, un profesor de Derecho Constitucional, de 62 a?os, que nunca milit¨® en ning¨²n partido pol¨ªtico y que a menudo lanza cr¨ªticas contra los miembros del Parlamento. Said impuls¨® la candidatura de Mechichi el pasado agosto, pero cuando Mechichi decidi¨® hace varias semanas deshacerse de los ministros m¨¢s afines al presidente, este le retir¨® su apoyo.

El presidente acudi¨® este martes por la tarde, de forma sorpresiva, a la avenida Habib Burguiba, la misma donde se han manifestado cientos de tunecinos esta semana pidiendo la disoluci¨®n del Parlamento. Kais Said se dio un ba?o de masas, retransmitido en las redes sociales, rodeado de fieles.