Asesinados en la Amazon¨ªa de Per¨² dos l¨ªderes ind¨ªgenas que denunciaban al narco

Dos l¨ªderes ind¨ªgenas de la etnia cacataibo, Herasmo Garc¨ªa Grau y Yenes R¨ªos Bonsano, han sido asesinados esta semana en Per¨², seg¨²n denunci¨® este s¨¢bado el apu (jefe) Berl¨ªn Diques. Se trata del ¨²ltima de una serie de asesinatos de dirigentes ind¨ªgenas y mestizos de las regiones amaz¨®nicas Ucayali y Hu¨¢nuco que, en los ¨²ltimos a?os, han denunciado a invasores que cultivan coca destinada al narcotr¨¢fico y a traficantes de tierras.

El propio Diques fue uno de los ocho dirigentes que alert¨® en diciembre a los ministros de Interior y de Justicia y a la Fiscal¨ªa de que seis l¨ªderes estaban amenazados de muerte, pero no obtuvo respuesta. En ese encuentro, representantes de las etnias cacataibo, ashaninka y shipibo tambi¨¦n reportaron que ocho comunidades ind¨ªgenas estaban en mayor riesgo: una de ellas era Sinchi Roca, en Ucayali, de la que Garc¨ªa Grau, uno de los asesinados esta semana, era dirigente.

¡±El Estado es indolente ante tantas cosas que estamos pasando. Mientras nosotros acatamos las medidas del Gobierno por la pandemia, estos ilegales siguen avanzando con sus ambiciones en territorios de comunidades tituladas y otras no tituladas por problemas en el Ministerio de Agricultura [que emite los t¨ªtulos de propiedad de la tierra]. ?stas son m¨¢s propensas a que contin¨²en bajo amenazas¡±, ha lamentado el dirigente.

Seg¨²n un comunicado de la Organizaci¨®n Regional Aidesep Ucayali (ORAU), que preside Diques, Garc¨ªa Grau, de 28 a?os, fue secuestrado el jueves en Sinchi Roca. Un d¨ªa despu¨¦s apareci¨® su cuerpo. Seg¨²n el dirigente, el d¨ªa de su secuestro, el l¨ªder ind¨ªgena estaba haciendo un recorrido por las zonas ¡°para ver si los invasores segu¨ªan en esas ¨¢reas comunales¡±.

¡°A las autoridades poco o nada les importa. Nadie hizo caso a nuestras denuncias¡±, lamenta el l¨ªder de ORAU. La comunidad donde se produjo el secuestro ha solicitado que se actualicen sus sus t¨ªtulos comunales, pero, seg¨²n denuncia, ¡°la Direcci¨®n Regional de Agricultura de Ucayali se ha negado sistem¨¢ticamente a concluir este proceso, y esto contribuye a los intereses de los invasores, traficantes y dem¨¢s delincuentes que utilizan esta zona como ruta de tr¨¢nsito para sus negocios ilegales¡±.

Por su parte, Yenes R¨ªos Bonsano fue asesinado cuatro d¨ªas antes que Garc¨ªa Grau, seg¨²n la informaci¨®n preliminar con la que cuenta Diques, pero su cuerpo no podr¨¢ ser recuperado hasta el lunes. R¨ªos Bonsano era miembro de la comunidad nativa de Puerto Nuevo, en la provincia de Coronel Portillo, a unas cinco horas de Pucallpa, capital de la regi¨®n Ucayali.

El presidente de ORAU exige a las autoridades leyes que protejan ¡°de verdad los derechos colectivos y de territorio¡± para detener el avance del narcotr¨¢fico. Adem¨¢s, solicit¨® una reuni¨®n multisectorial con autoridades de varios ministerios para resolver la falta de georreferenciaci¨®n y la existencia de pistas de aterrizaje del narco. ¡±Todos conocen y saben, sobre todo la polic¨ªa, pero no hay acciones, hay mucha corrupci¨®n¡±, a?ade.

Seg¨²n el l¨ªder amaz¨®nico, la autoridad forestal calcula que 42.000 hect¨¢reas han sido deforestadas en las tierras de comunidades ind¨ªgenas, principalmente por causa del narcotr¨¢fico. Ricardo P¨¦rez, miembro del equipo de Amazon Watch en Per¨², indica que algunos de los apus amaz¨®nicos amenazados han solicitado garant¨ªas, pero la polic¨ªa solo les da protecci¨®n en las ciudades. ¡°En las comunidades est¨¢n enfrent¨¢ndose a los narcos que quieren sembrar coca, todos los d¨ªas est¨¢n frente al peligro¡±, afirma.

Impunidad instalada

En octubre, en una audiencia de la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos sobre corrupci¨®n y violaci¨®n de derechos de defensores ind¨ªgenas, una ONG peruana present¨® cuatro denuncias al respecto, entre ellos una en la comunidad cacataibo. ¡°En ella se planteaba de manera frecuente que el narcotr¨¢fico, la tala, la miner¨ªa ilegal y la impunidad frente a estas ilegalidades tiene como consecuencia el asesinato de los l¨ªderes¡±, apunta Magaly ?vila, soci¨®loga de la ONG Pro¨¦tica.

¡°En diciembre, debido al avance imparable del narcotr¨¢fico en Hu¨¢nuco y Ucayali, acompa?amos a los l¨ªderes ind¨ªgenas a reunirse con los ministerios y la procuradur¨ªa medioambiental y en los diferentes espacios se indic¨® que iban a tomar cartas en el asunto¡±, agrega la soci¨®loga. ¡°En la pr¨¢ctica el Estado ha hecho muy poco o nada, pese a las recomendaciones de la Comisi¨®n Interamericana¡±, sostiene ?vila.

Nadie ha sido sancionado por los cr¨ªmenes de los defensores medioambientales e ind¨ªgenas en Ucayali. En 2014, Edwin Chota y otras tres autoridades de su comunidad fueron asesinados por una mafia de tala ilegal a la que Chota denunci¨® ante la Fiscal¨ªa, con fotograf¨ªas que ¨¦l mismo tom¨®. En abril del a?o pasado, durante la pandemia, las mafias asesinaron a Arbildo Mel¨¦ndez, jefe cacataibo de la comunidad ind¨ªgena de Unipacuyacu (en el l¨ªmite de Ucayali con la regi¨®n Hu¨¢nuco).

Zulema Guevara, la esposa de Mel¨¦ndez, coment¨® entonces a la prensa que el l¨ªder empez¨® a recibir amenazas cuando decidi¨® retomar los tr¨¢mites de titulaci¨®n de la comunidad que la burocracia congel¨® en 1995. La mujer y los hijos de la exautoridad de Unipacuyacu tuvieron que mudarse a Pucallpa, la capital de Ucayali, para proteger sus vidas. Dos semanas despu¨¦s, fue muerto el comunero ashaninka Benjam¨ªn R¨ªos, en Kipachari, distrito de Tahuan¨ªa. Un comunicado de ORAU report¨® entonces que la v¨ªctima hab¨ªa recibido amenazas de muerte y hostigamientos de personas ligadas al narco y las invasiones.

A ra¨ªz de los asesinatos de Garc¨ªa y R¨ªos, las organizaciones ind¨ªgenas amaz¨®nicas temen por la vida del apu Herlin Odicio, presidente de la Federaci¨®n Nativa de Comunidades Cacataibo (Fenacoca), quien tambi¨¦n ha vuelto a recibir amenazas.

Desde 2011, 220 personas defensoras han sido asesinadas y 960 criminalizadas en Per¨² seg¨²n el informe ¡®Socavando derechos¡¯, que presentaron el jueves el Observatorio de la Organizaci¨®n Mundial contra la Tortura y la FIDH, y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.