Defender la tierra cost¨® la vida a 207 personas en un a?o
Son l¨ªderes ind¨ªgenas, activistas y ecologistas asesinados por proteger sus comunidades. La agroindustria desplaza a la miner¨ªa como origen de la violencia. Desde 2015, m¨¢s de la mitad ocurre en Latinoam¨¦rica
El a?o 2017 ha sido el m¨¢s letal para activistas y defensores de la tierra y el medio ambiente en 22 pa¨ªses, denuncia la ONG brit¨¢nica Global Witness en su tercer informe anual sobre las luchas por los derechos humanos ligadas a los recursos naturales. El reporte ?A qu¨¦ costo?, lanzado hoy, se?ala a la agroindustria como el sector m¨¢s violento, a diferencia de la miner¨ªa en los a?os anteriores: 46 personas murieron por enfrentarse a esta actividad.
Al menos 207 l¨ªderes ind¨ªgenas, activistas comunitarios y ecologistas fueron asesinados por proteger sus hogares y comunidades de la miner¨ªa, la agricultura a gran escala y otros negocios que ponen en peligro sus medios de vida y su modo de vida, indica la ONG.
Brasil fue el pa¨ªs con el mayor n¨²mero de asesinatos: perdi¨® a 57 activistas medioambientales ¡ªde los cuales un 80% defend¨ªa los recursos en la Amazonia¡ª y Colombia a 24. ¡°En M¨¦xico y Per¨² aumentaron los homicidios de tres a 15 y de dos a ocho, respectivamente¡±, refiere el reporte.
En 2015, Global Witness registr¨® 78 casos de personas asesinadas, un 66% de ellas en Am¨¦rica Latina. En 2017, el porcentaje lleg¨® a casi 60%. Por otro lado, las v¨ªctimas en Filipinas fueron 48, la cifra m¨¢s alta documentada en un pa¨ªs asi¨¢tico.
En Filipinas se registraron 48 v¨ªctimas, la cifra m¨¢s alta documentada en un pa¨ªs asi¨¢tico
¡°Un factor en com¨²n entre los pa¨ªses con mayor n¨²meros de asesinatos son los altos ¨ªndices de corrupci¨®n gubernamental. Y aunque se podr¨ªa decir que hay menos ataques en contra de defensores en pa¨ªses m¨¢s democr¨¢ticos, vale la pena someter a escrutinio el papel de los pa¨ªses inversionistas que facilitan la entrada de sus empresas en contextos donde opositores y activistas son atacados. No hay tantos asesinatos en Canad¨¢ o Espa?a, pero tienen inversiones relacionadas con ataques en el extranjero¡±, explica a Planeta Futuro el encargado de campa?as de Global Witness, Ben Leather.
Blancos de la violencia
¡°Una persona defensora de la tierra o del medio ambiente es alguien que toma medidas pac¨ªficas, voluntaria o profesionalmente, para proteger los derechos ambientales o de la tierra¡±, describe el informe. A menudo son personas comunes y corrientes, ¡°otras son l¨ªderes ind¨ªgenas o campesinos que viven en monta?as remotas o bosques aislados, que protegen sus tierras ancestrales y sus medios de vida tradicionales de proyectos mineros, agronegocios a gran escala, represas hidroel¨¦ctricas y hoteles de lujo. Otros son guardabosques, que abordan la caza furtiva y la tala ilegal. Tambi¨¦n podr¨ªan ser abogados, periodistas o personal de ONG, que trabajan para exponer el abuso ambiental y el acaparamiento de tierras¡±, a?ade.
En Colombia, por ejemplo, Hern¨¢n Bedoya se manifestaba contra plantaciones de palma aceitera y de pl¨¢tano en tierras robadas a su comunidad y fue asesinado con 14 disparos de un grupo paramilitar en diciembre ¨²ltimo.
De las 207 personas asesinadas el a?o pasado, la cuarta parte eran ind¨ªgenas, en comparaci¨®n con el 40% en 2016. La poblaci¨®n ind¨ªgena representa el 5% de la poblaci¨®n mundial, por ello la ONG destaca que ¡°siguen estando enormemente sobrerrepresentados entre las personas defensoras asesinadas¡±.
A diferencia de los habitantes urbanos, que pasan de una casa rentada a otra o se mudan de barrio sin sentir una desposesi¨®n, la relaci¨®n con la tierra es muy distinta en el mundo rural e ind¨ªgena. ?Por qu¨¦ es tan indispensable? Una frase de un investigador peruano de literatura andina puede dar una respuesta. ¡°La tierra nos orienta, el ¨¢rbol sabe m¨¢s¡±, asegura el catedr¨¢tico Mauro Mamani, nacido en Arequipa y que creci¨® cultivando una parcela cedida por un terrateniente. ¡°Ese pedazo de tierra no se cansaba de parir y aliment¨® a toda la familia¡±, relat¨® en una conferencia.
2017 no fue solo el a?o m¨¢s sangriento desde que se tiene registro de asesinatos de defensores de la tierra, tambi¨¦n el de m¨¢s masacres. En siete casos, m¨¢s de cuatro personas defensoras fueron asesinadas al mismo tiempo. ¡°Brasil fue el escenario de tres horribles masacres en las cuales murieron 25 personas defensoras. Ocho activistas ind¨ªgenas fueron masacrados en Filipinas, mientras que en M¨¦xico, Per¨² y la Rep¨²blica Democr¨¢tica del Congo tambi¨¦n tuvieron lugar incidentes, en los que murieron m¨¢s de cuatro personas a la vez", informa Global Witness.
En una de esas matanzas en Brasil, 20 ind¨ªgenas Gamela quedaron gravemente heridos, tras un ataque de agricultores brasile?os que portaban machetes y rifles: a algunos les cortaron las manos.
En Filipinas, ocho miembros de una comunidad que se opon¨ªan a una gran plantaci¨®n de caf¨¦ de la empresa Silvicultural Industries, en su tierra, fueron matados por miembros del Ej¨¦rcito. La ONG sospecha que esa fuerza armada es responsable del 56% de asesinatos en el pa¨ªs: el 67% de las muertes ocurrieron en la isla de Mindanao, rica en recursos; y el 41% est¨¢ relacionado a la agroindustria.
¡°El tel¨®n de fondo de este creciente n¨²mero de v¨ªctimas mortales incluye un presidente descaradamente anti-derechos humanos, la militarizaci¨®n de las comunidades, m¨²ltiples grupos armados y el hecho de que los organismos gubernamentales no brinden protecci¨®n¡±, sostiene la ONG.
?C¨®mo evitar m¨¢s agresiones?
Ante el incremento de la violencia, la organizaci¨®n brit¨¢nica recomienda en casi todos los casos que los Gobiernos fortalezcan las instituciones que protegen los derechos de los pueblos ind¨ªgenas y su acceso a la tierra, ofrezcan mecanismos de seguridad a las personas amenazadas, y garanticen la rendici¨®n de cuentas y transparencia del Estado, dado que la corrupci¨®n y la participaci¨®n de agentes del orden en las muertes est¨¢n asociadas al incremento de las agresiones.
De las 207 personas asesinadas el a?o pasado, la cuarta parte eran ind¨ªgenas
Sin embargo, en Am¨¦rica Latina, la mayor¨ªa de Gobiernos no tiene una pr¨¢ctica de transparencia ni da prioridad al balance de sus acciones. Pese a ello, Leather remarca algunas iniciativas. ¡°Existen propuestas desde la sociedad civil que los Gobiernos de la regi¨®n deben de aplicar. En Honduras, se ha solicitado una Fiscal¨ªa Especial para delitos en contra de personas defensoras de derechos humanos. En Brasil, se ha pedido la federalizaci¨®n de asesinatos emblem¨¢ticos de personas defensoras cuyas investigaciones no avanzan a escala local. En M¨¦xico tambi¨¦n urgen a las fiscal¨ªas a cambiar la metodolog¨ªa para que consideren adecuadamente los motivos potenciales, relacionados con el activismo de la v¨ªctima¡±, detalla.
El informe cita los ineficientes mecanismos de protecci¨®n para tres l¨ªderes mexicanos en el ¨²ltimo a?o. ¡°Las comunidades Coloradas de la Virgen y Choreachi, en la Sierra Tarahumara, estuvieron involucradas en una larga disputa legal contra el otorgamiento de concesiones madereras en sus tierras ancestrales. Seg¨²n Isela Gonz¨¢lez, directora de la Alianza Sierra Madre, siete miembros de estas comunidades fueron asesinados entre 2013 y 2016. Ninguno de los asesinos ha comparecido ante la justicia¡±, asegura.
En 2014, Gonz¨¢lez empez¨® a ser amenazada de muerte por ser parte de una campa?a contra las concesiones, las autoridades mexicanas le entregaron un bot¨®n de p¨¢nico y le ofrecieron la posibilidad de solicitar escolta policial, pero en marzo de este a?o la activista dijo a Global Witness que no se sent¨ªa protegida.
Para M¨¦xico, el informe plantea que el Gobierno garantice evaluaciones de impacto social, ambiental y de derechos humanos ¡°antes del otorgamiento de cualquier permiso o concesi¨®n para proyectos de desarrollo o de explotaci¨®n de recursos naturales¡±, dado que la imposici¨®n de proyectos en las comunidades ¡°sin su consentimiento libre, previo e informado es la ra¨ªz de los ataques contra personas¡±.
En cifras
- Nicaragua registr¨® la mayor cantidad de homicidios per c¨¢pita, con cuatro asesinatos.
- Los asesinatos relacionados con la miner¨ªa aumentaron de 33 a 40. 23 asesinatos se asociaron a la tala.
- Global Witness pudo vincular a fuerzas de seguridad de los Gobiernos con 53 de los asesinatos y a actores no estatales con 90 de las muertes.
- 23 personas fueron asesinadas por enfrentarse a la venta ilegal de especies de vida silvestre, en su mayor¨ªa guardabosques en ?frica.
- En Per¨², seis agricultores fueron asesinados en septiembre con armas de fuego, despu¨¦s de ser maniatados. El contexto fue una disputa por tierras en Ucayali, una de las dos regiones m¨¢s afectadas por la tala ilegal y la deforestaci¨®n por cultivos de palma.
El mismo diagn¨®stico es aplicable en Per¨², donde decenas de proyectos mineros, de infraestructura o de agroindustria se han implantado sin procesos de consulta a los pueblos ind¨ªgenas, una obligaci¨®n porque el Estado es signatario del Convenio 169 de la Organizaci¨®n Internacional del Trabajo desde 1989, y aprob¨® la Ley de consulta previa en 2011.
Desde 2013, el Ministerio de Cultura de Per¨² ha realizado 41 procesos de consulta previa. La ministra Patricia Balbuena precis¨® a Planeta Futuro que esa entidad est¨¢ esperando la decisi¨®n del Tribunal Constitucional para saber qu¨¦ hacer con decenas de proyectos energ¨¦ticos o mineros no consultados a pueblos ind¨ªgenas entre 1995 y 2012. Dos comunidades de la regi¨®n Puno (al sur de Per¨²) esperan, desde 2011 y 2014, respectivamente, que el Constitucional responda las demandas de amparo contra concesiones mineras que el Estado otorg¨® sin su conocimiento, y que se superponen a sus tierras.
El portavoz de Global Witness tambi¨¦n ve ¡°potencial pr¨¢ctico en las instituciones independientes internacionales cuando se les permite operar¡±, y pone como ejemplos a la Comisi¨®n Internacional contra la Impunidad en Guatemala, o el Grupo Asesor Internacional de Expertos (GAIPE) que acompa?aba la investigaci¨®n del caso de Berta C¨¢ceres, la activista hondure?a asesinada en 2016, por enfrentarse a la empresa construcci¨®n de una hidroel¨¦ctrica en tierras ind¨ªgenas¡±.
La responsabilidad de los privados
Adem¨¢s de Silviculture Industries para Filipinas, el informe menciona tambi¨¦n a Desarrollo Energ¨¦tico SA en Honduras como empresas privadas ligadas a los asesinatos. ¡°El umbral de evidencia para poder acusar a una empresa es bastante alto, y ya es complicado nombrar los sectores a los cuales los defensores asesinados se hab¨ªan opuesto¡±, comenta el jefe de campa?as de la ONG brit¨¢nica.
¡°Sin embargo, queda claro que ciertas industrias ¡ªy en particular la agricultura a gran escala y la miner¨ªa¡ª no est¨¢n haciendo el debido proceso para prevenir la violencia en contra de los activistas. Si Global Witness puede identificar este riesgo, quienes invierten en estos sectores tambi¨¦n podr¨ªan hacerlo, y deber¨ªan evitar los pa¨ªses m¨¢s peligrosos para personas defensoras hasta que sus Gobiernos tomen medidas genuinas para abordar las demandas de las comunidades afectadas¡±, agrega Leather.
¡°Somos parte de la coalici¨®n Defenders in development, que este a?o va a publicar un informe demostrando que muchos defensores de derechos humanos han sido agredidos por protestar contra un proyecto financiado por bancos de desarrollo, entre ellos el Banco Mundial, el Banco Holand¨¦s de Desarrollo y el Banco Interamericano. Hasta la fecha ning¨²n banco de desarrollo ha generado una pol¨ªtica espec¨ªfica sobre defensores y defensoras, solo el Banco Holand¨¦s se ha comprometido a hacerlo¡±, apunta el activista.
Una resoluci¨®n del Parlamento Europeo aprobada el 3 de julio alerta de que, ante la ¡°fiebre global por la tierra¡±, la Comisi¨®n Europea debe considerar mecanismos efectivos sobre las obligaciones de debido proceso de las empresas, ¡°para asegurar que los productos importados no est¨¦n vinculados a acaparamiento de tierras y graves violaciones a los derechos de los pueblos ind¨ªgenas¡±.
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