El Gobierno de Bolsonaro niega la indemnizaci¨®n a las v¨ªctimas de la dictadura

Brasil restaur¨® la democracia en 1985 sin saldar cuentas con la historia y la memoria de las v¨ªctimas del r¨¦gimen militar de 21 a?os. A diferencia de pa¨ªses como Argentina o Chile, que llevaron a sus verdugos al banquillo de los acusados antes de pasar la p¨¢gina, el pa¨ªs se conform¨® con la Ley de Amnist¨ªa, firmada en 1979 por el general Jo?o Batista Figueiredo, quien presidia Brasil. La ley ¡°perdonaba¡± a militantes de izquierda, as¨ª como a militares acusados de delitos. En 2002, durante el Gobierno Fernando Henrique Cardoso (Partido de la Social Democracia Brasile?a - PSDB), se dio otra peque?a victoria para quienes sufrieron los abusos de los militares, con la creaci¨®n del r¨¦gimen de amnist¨ªa pol¨ªtica. El sistema indemniza a quienes sufrieron persecuciones y torturas por parte del Estado durante la dictadura militar. La expresidenta Dilma Rousseff, por ejemplo, es una de las que hoy aboga por este beneficio despu¨¦s de pasar dos a?os bajo tortura en prisi¨®n durante el r¨¦gimen militar.

Pero despu¨¦s de casi 20 a?os, bajo un Gobierno entusiasmado con la dictadura, los beneficios de remediar la memoria est¨¢n amenazados. Hubo una ca¨ªda exponencial en el otorgamiento de solicitudes de amnist¨ªa y un endurecimiento de las reglas para solicitar el beneficio durante el Gobierno de Jair Bolsonaro (sin partido). Solo se ha concedido el 10% de los pedidos realizados hasta el momento. La ca¨ªda en las aprobaciones viene desde el Gobierno de Michel Temer (Movimiento Democr¨¢tico Brasile?o - MDB), cuando se aprobaron el 13% de las solicitudes.

El estado de amnistiado pol¨ªtico se otorga a las personas que han sido perseguidas por ¨®rganos o personas vinculadas al Estado brasile?o entre 1946 y 1988. La mayor¨ªa de las personas reconocidas como amnistiadas fueron objeto de persecuci¨®n durante la dictadura entre 1964 y 1985. ¡°Desde la administraci¨®n de Temer, el Estado brasile?o ni siquiera pide m¨¢s perd¨®n a quienes la Comisi¨®n de Amnist¨ªa entiende que tiene que recibir reparaciones¡±, dice la profesora de derecho de la Universidad de Brasilia (UnB), Ene¨¢ Stutz e Almeida, asesora de la comisi¨®n entre 2009 y 2018. El pedido de disculpas fue un importante gesto simb¨®lico, en el que, tras analizar a fondo los procesos en los que los solicitantes pidieron la amnist¨ªa y valorar que la solicitud era justa, los miembros del Consejo de la Comisi¨®n de Amnist¨ªa anunciaban: ¡°En nombre del Estado brasile?o pedimos perd¨®n¡±.

Desde 2016, algunos consejeros han comenzado a insultar a quienes solicitan el reconocimiento de que fueron perseguidos por la dictadura, dice la investigadora Stutz e Almeida. La declaraci¨®n est¨¢ avalada por otros testigos. ¡°En una de las sesiones, un consejero militar dijo que los amnistiados eran terroristas. Me dio rabia y dije que los militares eran pervertidos porque ten¨ªan el placer de dar descargas el¨¦ctricas en los test¨ªculos o los pezones de los presos y presas, como hicieron con mi padre¡±, cuenta Rosa Cimiana, de 61 a?os, que es funcionaria p¨²blica. El padre de Rosa, Arthur Pereira da Silva, era dirigente sindical del sector ferroviario y miembro del Partido Comunista en Rio Grande do Sul. Fueron credenciales suficientes en esos a?os de plomo, para que se le revocaran sus 23 a?os de derechos laborales. Fue detenido en 1964, junto con otros diez compa?eros. Algunos de ellos han perdido sus derechos pol¨ªticos.

Cuando fue liberado, Silva pas¨® a vivir en la clandestinidad porque todav¨ªa estaba siendo perseguido. Incluso, envi¨® a sus hijos temporalmente a Argentina para fingir que se hab¨ªa ido del pa¨ªs, pero se mud¨® con su esposa a Goi?nia y, m¨¢s tarde, a Brasilia.

Fue en 1979, cuando Rosa, entonces de 20 a?os, tuvo la alegr¨ªa de presenciar el primer paso para que se reconociera la memoria de su padre. En octubre de ese a?o, con la ayuda del entonces diputado Ulysses Guimar?es (MDB), logr¨® ingresar a la C¨¢mara, por primera vez, para acompa?ar la sesi¨®n que aprob¨® la Ley de Amnist¨ªa. Desde entonces, se ha convertido en militante de la causa y ha sido testigo de todos los movimientos que se siguieron sobre las familias afectadas por el r¨¦gimen militar. Sinti¨® mucha felicidad cuando, en 2003, su padre fue amnistiado oficialmente, 21 a?os despu¨¦s de su muerte. Tambi¨¦n estaba presente cuando los gobiernos Lula da Silva y Dilma Rousseff (ambos del Parido de los Trabajadores - PT) reconocieron a 40.548 personas como perseguidas pol¨ªticamente, aproximadamente el 62% de las solicitudes de amnist¨ªa presentadas fueron aprobadas en ese per¨ªodo.

Debilitar los mecanismos estatales

Ahora, el Gobierno del ex capit¨¢n del Ej¨¦rcito est¨¢ dando grandes pasos en su intento de reescribir la historia, de negar la existencia de una dictadura que utiliz¨® la persecuci¨®n pol¨ªtica y la tortura, aunque muchos todav¨ªa luchan por que sus familiares asesinados en ese momento sean reconocidos como v¨ªctimas del Estado. El objetivo, seg¨²n informaron interlocutores del Gobierno, es para fines de 2022 extinguir la Comisi¨®n de Amnist¨ªa, que es el ¨®rgano colegiado encargado de examinar la documentaci¨®n de todas las solicitudes de reparaci¨®n hist¨®rica realizadas por los pol¨ªticos perseguidos. ¡°Es un revisionismo hist¨®rico que no puede producirse. Pero no pod¨ªa esperarse nada diferente de quienes han defendido al torturador de la dictadura militar en discursos p¨²blicos¡±, reflexion¨® Diva Santana, del Grupo Tortura Nunca Mais da Bahia.

Ya se han dado los primeros pasos. Inicialmente, Bolsonaro elimin¨® la comisi¨®n del Ministerio de Justicia y la transfiri¨® en 2019 al Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos. As¨ª, la dej¨® al mando de la representante del ala ideol¨®gica del Gobierno, la pastora y abogada Damares Alves. Este ¨®rgano colegiado tiene car¨¢cter consultivo y la decisi¨®n final sobre qui¨¦n debe o no recibir las reparaciones econ¨®micas recae en la ministra.

Como uno de sus primeros actos, Damares decidi¨® que, entre los 27 miembros de la comisi¨®n, siete ser¨ªan militares o tendr¨ªan alg¨²n v¨ªnculo directo con la familia Bolsonaro. Entre ellos, el actual presidente de la comisi¨®n, el abogado Jo?o Henrique Nascimento de Freitas, quien ya asesor¨® a Fl¨¢vio Bolsonaro (Republicanos-RJ) cuando era diputado del estado de Rio y actualmente es asistente-jefe adjunto en la oficina del vicepresidente Hamilton Mourao ( Partido Renovador Laborista Brasile?o- PRTB). Tambi¨¦n ya ha sido abogado del presidente Bolsonaro.

En su actuaci¨®n independiente de la familia Bolsonaro, Freitas fue autor de pol¨¦micas solicitudes que involucraban a amnistiados. Fue ¨¦l quien pidi¨® y obtuvo en los tribunales mediante una acci¨®n popular la suspensi¨®n del pago de la pensi¨®n a la viuda del guerrillero de izquierda y anti r¨¦gimen militar, Carlos Lamarca (1937-1971), as¨ª como el del veto a las reparaciones otorgadas a 44 campesinos torturados en la Guerrilha do Araguaia (1967-1974). Buscado por el reportaje, no habl¨®. Tampoco lo ha hecho el ministerio, a pesar de haber pedido m¨¢s tiempo para recolectar los datos solicitados.

¡°En ning¨²n momento la comisi¨®n actual admite que hubo una dictadura. En las composiciones anteriores no era as¨ª. Hubo desacuerdo entre los consejeros, pero incluso los militares reconocieron el r¨¦gimen de excepci¨®n¡±, dijo la profesora Stutz e Almeida, quien el pasado 31 de marzo, lanz¨® el libro ¡°Justi?a de Transi??o e Democracia¡±, obra que tambi¨¦n aborda la amnist¨ªa.

Desde el inicio de la administraci¨®n de Bolsonaro, la ministra Damares Alves ha firmado 3.572 ordenanzas relacionadas con las amnist¨ªas. Ha rechazado la solicitud de 2.402 (65%) solicitantes, ha otorgado 363 (1,3%) y ha anulado 807 (33%) amnist¨ªas que ya hab¨ªan sido otorgadas en otros gobiernos. Las anulaciones son las que m¨¢s preocupan a los activistas. Varios de los afectados son ancianos, mayores de 75 a?os, quienes a menudo tienen como principal fuente e ingreso las cuotas mensuales que reciben de la Uni¨®n, los valores son bastante variables, de entre 135 reales a 22.000 reales. ¡°Estamos viviendo un momento de p¨¦rdida de derechos. Primero fueron los laborales, luego los de seguridad social, ahora ni siquiera se respeta la memoria¡±, dice el abogado Humberto Falrene, que trabaja en casos de amnist¨ªas.