El Grupo de Expertos de la CIDH concluye que hubo ejecuciones sumarias y masacres en la crisis pol¨ªtica boliviana de 2019

El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-Bolivia) ha concluido que en la crisis pol¨ªtica boliviana de 2019 se produjeron grav¨ªsimas violaciones contra los derechos humanos, inclusive ¡°ejecuciones sumarias¡±, ¡°masacres¡±, ¡°racismo¡±, ¡°tortura¡± y ¡°agresiones sexuales¡±. Determina que 38 personas murieron y muchas otras fueron heridas, molestadas sexualmente, secuestradas temporalmente, vejadas, torturadas, discriminadas racialmente, detenidas incorrectamente, procesadas sin debido proceso y otros abusos. Las victimas de las violaciones son millares y el GIEI-Bolivia recomienda que se haga un censo para identificarlas totalmente.

La responsabilidad general recae sobre el Estado boliviano y, seg¨²n los casos, sobre alguno de los dos gobiernos sucesivos: el de Evo Morales, en lo sucedido desde las elecciones fallidas del 20 de octubre de 2019 hasta su renuncia el 10 de noviembre del mismo a?o; y el de Jeanine A?ez, desde su ascensi¨®n el 12 de noviembre hasta fines de diciembre de 2019, que es el l¨ªmite del periodo investigado por los peritos. Las principales causas de luto y violaciones a los derechos humanos fueron la ¡°acci¨®n desproporcionada¡± de la Polic¨ªa y las Fuerzas Armadas, y, en segundo lugar, choques violentos de civiles divididos por sus opiniones pol¨ªticas a favor y en contra de Morales.

Los hechos m¨¢s graves fueron la masacre de Sacaba, el 15 de noviembre de 2019, y la masacre de Senkata, del 19 de noviembre del mismo a?o. En ellas murieron una veintena de personas por armas de fuego y casi doscientas fueron heridas con proyectiles. La primera masacre ocurri¨® cuando las fuerzas conjuntas desplegadas por el Gobierno de A?ez impidieron la llegada a la ciudad de Cochabamba de una columna de manifestantes que ven¨ªa del Chapare, el ¨¢rea de producci¨®n de coca y baluarte electoral de Evo Morales. Las autoridades de entonces argumentaron que los marchistas hab¨ªan disparado contra los polic¨ªas y militares. El GIEI-Bolivia ¡°no encontr¨® pruebas de que los manifestantes hicieran uso de armas de fuego o que amenazaran la vida de otros manifestantes, de los efectivos de la polic¨ªa o de las Fuerzas Armadas presentes. No hubo informes de lesiones graves a ning¨²n miembro de las fuerzas del orden¡±.

La masacre de Senkata sucedi¨® en la parte exterior de la planta de almacenamiento de gas y gasolina de El Alto. Los manifestantes derribaron el muro e incendiaron chatarra para expresar su rabia porque, horas antes, camiones cisternas custodiados por la polic¨ªa hab¨ªan superado el bloqueo que ellos hab¨ªan tendido en torno a la planta y estaba llevando combustible a la vecina ciudad de La Paz. Seg¨²n argument¨® el Gobierno de A?ez, esta protesta trat¨® de volar la planta ¡°a dinamitazos¡±, lo que el informe niega. ¡°Las estructuras sensibles de la planta no fueron amenazadas por los actos vand¨¢licos ni por las protestas. En la ¨²nica ocurrencia de alguna gravedad, acaecida en el extremo sur de la planta ¨Cen el ¨¢rea de manejo de v¨¢lvulas para reducci¨®n de la presi¨®n del sistema de distribuci¨®n de gas natural¨C el uso proporcionado de la fuerza se ha comprobado como suficiente para prevenir riesgos o da?os concretos a los servicios¡±, se?ala. Y concluye que ¡°ocurri¨® una masacre en Senkata (...) Aunque las Fuerzas Armadas y la Polic¨ªa no hayan admitido el uso de armas letales, las evidencias recabadas indican que los disparos con armas de fuego se originaron en sus tropas¡±.

Si estos pasajes del informe favorecen la interpretaci¨®n de los citados sucesos que defiende el Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales, el GIEI-Bolivia tambi¨¦n establece que dos personas del movimiento c¨ªvico que protestaba contra el presidente izquierdista murieron baleadas el 30 de octubre en Montero, una ciudad del oriente del pa¨ªs. Es probable que los responsables fueran militantes del MAS. Por otra parte, el informe confirma que, en v¨ªsperas del derrocamiento de Morales, varios buses de manifestantes contrarios a este que iban a La Paz desde el sur del pa¨ªs fueron detenidos por la fuerza. A algunos de estos viajeros, los bloqueadores pro-Morales los golpearon y hasta agredieron sexualmente. A otros, personas an¨®nimas, les dispararon con armas de larga distancia. ¡°Estos hechos fueron el resultado de la polarizaci¨®n estimulada por agentes pol¨ªticos y por el propio Gobierno, que contribuyeron a la propagaci¨®n de la violencia entre civiles y la violaci¨®n a los derechos humanos¡±, dice el informe. Hasta ahora no ha habido una investigaci¨®n seria de los delitos cometidos. ¡°El Estado tambi¨¦n es responsable por la impunidad todav¨ªa existente¡±, a?ade el GIEI-Bolivia.

Un cap¨ªtulo est¨¢ dedicado a los actos de racismo en contra de los ind¨ªgenas bolivianos, a los que los manifestantes y las instituciones alineadas en contra de Morales estereotiparon como miembros del MAS. ¡°Las acciones iniciales del Gobierno interino, como la eliminaci¨®n de la wiphala [bandera ind¨ªgena] de los espacios oficiales, la promoci¨®n del cristianismo evang¨¦lico como norma de orientaci¨®n del Estado y los discursos racistas sirvieron para rechazar la identidad, la cultura y la historia ind¨ªgenas¡±, explica. El GIEI-Bolivia lamenta que los l¨ªderes pol¨ªticos de oposici¨®n no hubieran contenido las expresiones racistas de sus simpatizantes.

El informe est¨¢ firmado por cinco expertos latinoamericanos: Juan M¨¦ndez, Juli¨¢n Burger, Magdalena Correa, Marlon Weichert y Patricia Tappat¨¢, que fueron seleccionados por la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos. Su trabajo no constituye una investigaci¨®n de car¨¢cter penal y est¨¢ basado principalmente en los testimonios de la v¨ªctimas.

El Grupo establece una serie de requerimientos al Estado boliviano para que la violencia pol¨ªtica se procese y sancione objetivamente seg¨²n las normas internacionales de debido proceso; para que las v¨ªctimas sean reconocidas, resarcidas y rehabilitadas, y para que se evite la repetici¨®n de sucesos como estos. Varias de ellas tienen car¨¢cter estructural, como garantizar la independencia de los tribunales de justicia respecto a los poderes pol¨ªticos, reformar la polic¨ªa y cambiar la educaci¨®n para que la sociedad boliviana respete y aprecie su propia diversidad. Igual que otros organismos internacionales de derechos humanos, el GIEI-Bolivia pide que se cambien las definiciones de los delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo y sedici¨®n, que hoy se usan como comodines para realizar persecuciones judiciales de distinto signo pol¨ªtico.

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