La justicia abre un proceso penal contra Alberto Fujimori por las esterilizaciones forzadas de los a?os noventa
El caso, que ha tardado 12 a?os en llegar, busca brindar justicia a m¨¢s de 1.300 v¨ªctimas de vasectom¨ªas y ligaduras de trompas hechas durante los a?os 90
Un juez ha abierto este s¨¢bado un nuevo proceso penal contra el expresidente peruano, Alberto Fujimori, ingresado desde octubre en una cl¨ªnica de Lima, y cuatro ex altos cargos de su segundo Gobierno, en la d¨¦cada de los noventa, por el esc¨¢ndalo de esterilizaciones forzadas. Durante este periodo se realizaron m¨¢s de 340.000 ligaduras de trompas y 24.000 vasectom¨ªas como pol¨ªtica de reducci¨®n de la pobreza. Los especialistas consideran que al menos 180.000 de estas, practicadas en dos a?os, fueron violatorias de los derechos humanos. El caso, que ha tardado 12 a?os en llegar a la fase penal, pretende brindar justicia a 1.307 denunciantes, la mayor¨ªa de ellas mujeres y hombres pobres e ind¨ªgenas. Esta es la primera vez que el esc¨¢ndalo supera las barreras judiciales, pues causas similares fueron archivadas.
La denuncia fue presentada ante el Ministerio P¨²blico en 2009. El juez Rafael Mart¨ªnez escuch¨® en marzo los argumentos del fiscal, Pablo Espinoza, de la acusaci¨®n contra el aut¨®crata de 83 a?os, los exministros de salud Antonio Aguinaga, Marino Costa y Eduardo Yong, adem¨¢s de otros funcionarios. En septiembre, el magistrado inici¨® la resoluci¨®n. La ma?ana de este s¨¢bado se ha anunciado la apertura de una investigaci¨®n judicial en contra de los pol¨ªticos mencionados adem¨¢s del exasesor sanitario, Ulises Jorge, como ¡°autores (de delitos) por dominio en aparato organizado de poder, en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos¡±.
El juez sustent¨® en audiencias anteriores la teor¨ªa del ¡°hombre de atr¨¢s¡± en cientos de documentos de archivo de las entidades p¨²blicas y testimonios de las v¨ªctimas e imputados obtenidos por el Ministerio P¨²blico. Explic¨® que cada empleado de la sanidad que reclut¨® a la fuerza o con enga?os a hombres y mujeres para someterlos a las cirug¨ªas sab¨ªan que la ¡°anticoncepci¨®n quir¨²rgica¡± era una prioridad para Fujimori y los exministros. Corr¨ªan el riesgo de ser despedidos si no alcanzaban una cuota mensual de personas esterilizadas o no pod¨ªan obtener beneficios como bonificaciones o viajes, ofrecidos si se llegaba a una meta. Con el fin de persuadir a las mujeres, los trabajadores las amenazaban con que perder¨ªan ayudas sociales o de alimentaci¨®n, o con no entregarles los documentos de sus beb¨¦s reci¨¦n nacidos. O directamente denunciarlas a la polic¨ªa si no aceptaban el procedimiento.
El fiscal Espinoza present¨® 187 documentos y declaraciones para imputar a Fujimori y los exfuncionarios por las lesiones que provocaron la muerte a varias mujeres, entre ellas Mamerita Mestanza y Celia Ramos, cuyos expedientes llegaron al sistema interamericano de derechos humanos. El juez Mart¨ªnez ha fijado un plazo de 120 d¨ªas para la fase de instrucci¨®n, en la cual se deben reunir las pruebas del delito. M¨¢s adelante podr¨ªa llegar el juicio oral.
Un nuevo proceso contra el aut¨®crata
Fujimori fue condenado en 2009 en Per¨² a 25 a?os de prisi¨®n por cr¨ªmenes de lesa humanidad en los casos Barrios Altos y La Cantuta, masacres cometidas en 1991 y 1992 por el Grupo Colina, un destacamento del Ej¨¦rcito creado durante su Gobierno. La Corte Suprema de Chile concedi¨® en 2007 la extradici¨®n a su pa¨ªs para que sea juzgado por dos delitos de violaciones de los derechos humanos y cinco de corrupci¨®n. Desde entonces, diversas Administraciones peruanas solicitan al Supremo chileno una ampliaci¨®n del proceso de extradici¨®n para poder procesarlo por nuevos delitos.
Esto har¨¢ que la investigaci¨®n judicial comience de momento sin Fujimori. La Corte Suprema de Chile debe dar su visto bueno en una nueva ampliaci¨®n de la extradici¨®n, que fue solicitada por la Fiscal¨ªa en mayo. El juez ha dado a conocer este s¨¢bado que formar¨¢ una carpeta que deber¨¢ ser enviada al Supremo peruano para su revisi¨®n. De proceder, funcionarios del Ministerio de Justicia y de la Canciller¨ªa realizar¨¢n un informe que debe ser aprobado luego por el Consejo de Ministros. Cuando esto suceda el Ejecutivo enviar¨¢ la solicitud a los jueces chilenos.
Uno de los exministros de salud imputados, Aguinaga, es actualmente congresista del partido opositor Fuerza Popular y m¨¦dico personal de Fujimori. El aut¨®crata y padre de la lideresa de la oposici¨®n, Keiko Fujimori, dej¨® su lugar de reclusi¨®n en octubre para una cirug¨ªa por obstrucci¨®n coronaria y desde entonces permanece en una cl¨ªnica privada.
La primera organizaci¨®n de mujeres v¨ªctimas de esterilizaciones forzadas fue fundada en Anta, regi¨®n Cusco. Rute Z¨²?iga es una de las antiguas denunciantes y dirige la Asociaci¨®n de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas en el distrito. Esta ma?ana las integrantes de la agrupaci¨®n han seguido en sus tel¨¦fonos m¨®viles las sesiones de la audiencia judicial, que tuvieron una interpretaci¨®n al quechua. La activista Mar¨ªa Esther Mogoll¨®n, quien desde los a?os 90 recopil¨® testimonios de las v¨ªctimas, inform¨® que este s¨¢bado no hab¨ªa electricidad en Anta para que pudieran conectarse a la transmisi¨®n en Internet.
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