Supervivientes de la esterilizaci¨®n forzada en Per¨²: 25 a?os esperando justicia

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Dilcia Cano Guerrero, Ana Mart¨ªnez Guevara, Nilda Guerrero Carrasco y Catalina Adriano Ram¨ªrez integran la Asociaci¨®n de Mujeres de la Provincia de Huancabamba (AMHBA), la cual agrupa a m¨¢s de 300 socias y asume, actualmente, la vicepresidencia de la Asociaci¨®n Nacional de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMPAEF). Desde el 1 de marzo de 2021, ¡ªfecha que se reanud¨® la Audiencia de Sustentaci¨®n de Cargos contra el expresidente Alberto Fujimori, sus exministros de Salud y otros funcionarios, por el caso de las esterilizaciones forzadas¡ª, las v¨ªctimas se conectaron en l¨ªnea desde sus comunidades para seguir este proceso. ¡°Llevamos 25 a?os sin justicia. Algunas compa?eras han fallecido. Hace poco muri¨® por la covid-19 una de las lideresas de nuestra organizaci¨®n, Cleof¨¦ Neyra, quien fue ligada, y tambi¨¦n era defensora de las lagunas frente a la minera que ven¨ªa a contaminarlas. Siempre estuvo atenta a la Audiencia hasta que se enferm¨®. Ahora que la instrucci¨®n ya ha terminado esperamos que el juez Mart¨ªnez tome una decisi¨®n a favor de nuestra demanda. Fujimori y todos los acusados tienen que pagar por su delito¡±, sentencia Dilcia Cano, presidenta de la AMHBA.

La Audiencia de Sustentaci¨®n de Cargos es un proceso judicial que ha durado casi cuatro meses, desde marzo hasta el 14 de junio de 2021, tras haber sido postergada tres veces consecutivas. Fue presidida por el juez Rafael Mart¨ªnez Vargas, quien durante el proceso escuch¨® los argumentos del fiscal Pablo C¨¦sar Espinoza. Este atribuye la autor¨ªa del delito ¡°contra el cuerpo, la vida y la salud en forma de lesiones graves y muerte en agravio¡± de Mar¨ªa Mestanza Ch¨¢vez y otras personas al expresidente Alberto Fujimori, los ex ministros de Sanidad Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga y Eduardo Yong Motta y exfuncionarios de su gobierno.

¡°Hemos visto c¨®mo el abogado de Fujimori se burlaba de nuestro sufrimiento y dec¨ªa que ¨¦l no es culpable, que los culpables son los m¨¦dicos. Nosotras bien sabemos que Fujimori orden¨® ligar a las mujeres y por eso nos lo hicieron a la fuerza¡±, explica Ana. ¡°Cada mes sub¨ªan a nuestros caser¨ªos para llevarnos a operar con mentiras, sin decirnos lo que nos iban a hacer. Nos cortaron y nos hicieron una l¨¢stima¡±, agrega Catalina, se?alando su vientre. Las secuelas de la esterilizaci¨®n forzada han dejado vidas truncadas en Huancabamba, un distrito en el norte peruano, a m¨¢s de mil kil¨®metros de distancia de la capital.

¡°Estamos empobrecidas, mal de salud, con dolores en todo el cuerpo. Tengo un tumor all¨ª donde me ligaron¡±, sostiene Dilcia. ¡°Ya no podemos trabajar como antes, dependemos de nuestros esposos, o las hijas o hijos que tuvimos antes de ser ligadas. Otras se han quitado la vida porque sus familias, sus esposos y en sus caser¨ªos las aborrecieron. Les dec¨ªan que se hab¨ªan capado para estar con uno y con otro¡±, explica Nilda. ¡°Todo esto que contamos es nuestra verdad, tal como dice la investigaci¨®n donde participamos La verdad est¨¢ en nuestros cuerpos. Estamos cansadas de tanta espera. El juez, que tenga conciencia y d¨¦ la orden de enjuiciar a Fujimori¡±, pide Ana.

Mar¨ªa Esther Mogoll¨®n, asesora de AMPAEF y acompa?ante de estas mujeres desde hace casi 25 a?os, afirma: ¡°Esperamos que el Juez Rafael Mart¨ªnez abra finalmente el juicio contra los culpables y tome en cuenta todo lo sustentado en la Audiencia por la Fiscal¨ªa y la defensa de las v¨ªctimas¡±. Destaca que el papel de la Fiscal¨ªa ha sido ¡°contundente¡± al mostrar 182 pruebas de convicci¨®n contra los responsables. ¡°El caso est¨¢ compuesto por 1.312 v¨ªctimas, muchas quechua hablantes y en condici¨®n de pobreza¡±.

Sigfredo Flori¨¢n es abogado del Instituto de Defensa Legal, una organizaci¨®n que se involucr¨® en la defensa de 14 agraviadas en el 2015, tras presentar un recurso de queja frente a los continuos archivamientos de la investigaci¨®n fiscal y lograr nuevamente su apertura. El letrado sostiene que la denuncia presentada por Fiscal¨ªa ¡°est¨¢ bien fundamentada porque evidencia c¨®mo los ministros de Salud informaban a Fujimori sobre el avance de las esterilizaciones entre los a?os 1995 al 2000. Se trataba de una informaci¨®n de m¨¢s alto nivel. Soy optimista de que el juez tome la decisi¨®n de abrir un proceso penal y que en v¨ªa judicial se realicen las diligencias pertinentes con miras a un futuro juicio oral.¡±

Defensa gratuita a las agraviadas

En el marco de distintas leyes peruanas, as¨ª como de la Pol¨ªtica Nacional de Igualdad de G¨¦nero, cuyo plan estrat¨¦gico contempla el deber de la defensa p¨²blica de atender a las mujeres v¨ªctimas de violencia, as¨ª como el Plan Nacional de Derechos Humanos que reconoce a las mujeres como un grupo de especial protecci¨®n, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) brinda el servicio de defensa p¨²blica a las agraviadas por esterilizaci¨®n forzada que carecen de medios suficientes.

Luzmila Adrianz¨¦n, directora encargada de la Defensa P¨²blica y Acceso a la Justicia del MINJUS, afirma que, actualmente, ejercen el patrocinio legal de 1.824 personas, de las cuales 1.772 son mujeres y 52 son varones que provienen de diferentes procesos de investigaci¨®n fiscal. ¡°Nuestra intervenci¨®n se inicia a partir de las denuncias presentadas por las personas agraviadas ante los defensores p¨²blicos o por denuncias prexistentes. Es imprescindible contar con la autorizaci¨®n expresa de cada v¨ªctima que solicita el servicio. Nos coordinamos con las asociaciones de v¨ªctimas y otras organizaciones involucradas en este tema para informar a la ciudadan¨ªa sobre c¨®mo acceder a la defensa p¨²blica gratuita. Para acercarnos a las comunidades de las v¨ªctimas trabajamos con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y a trav¨¦s de las direcciones distritales. La pandemia nos hizo un traspi¨¦ y ahora lo estamos haciendo v¨ªa telef¨®nica¡±, explica Adrianz¨¦n.

Cada mes sub¨ªan a nuestros caser¨ªos para llevarnos a operar con mentiras, sin decirnos lo que nos iban a hacer. Nos cortaron y nos hicieron una l¨¢stima

Catalina Adriano Ram¨ªrez, superviviente de esterilizaci¨®n forzada

El 2015 se crea el Registro de V¨ªctimas de Esterilizaci¨®n Forzada (REVIESFO), en el que se encuentran registradas 6.793 personas, de las cuales 6.616 son mujeres y 177 son varones. ¡°Quienes se han inscrito en el REVIESFO se encuentran dentro del universo de personas que se consideran v¨ªctimas de esterilizaci¨®n forzada. Pueden acceder a asesor¨ªa y patrocinio legal gratuito a cargo de la defensa p¨²blica; contar con atenci¨®n integral preferencial en salud a trav¨¦s del Sistema Integral de Salud, y obtener atenci¨®n psicol¨®gica y asistencia social en los Centros de Emergencia Mujer del Ministerior¡±, explica Adrianz¨¦n. Aclara que no necesariamente las afectadas tienen que estar inscritas en el REVIESFO para acceder a la defensa p¨²blica, pues la misma va dirigida a toda persona que se considere afectada por la esterilizaci¨®n forzada producida entre los a?os 1995 y 2001.

¡°Actualmente, tenemos 18 direcciones distritales en el pa¨ªs, donde funcionan 108 defensores p¨²blicos con designaci¨®n espec¨ªfica de priorizar casos de personas afectadas por esterilizaciones forzadas. Es un n¨²mero suficiente para la atenci¨®n a las patrocinadas¡±, afirma Adrianz¨¦n. Para Sigfredo Flori¨¢n ¡ªquien reconoce la importante labor de defensa p¨²blica¡ª, se precisa reforzar con m¨¢s defensores y defensoras p¨²blicas debido a la cantidad significativa de supervivientes que no cuentan con defensa.

Una vez que la persona agraviada acepta acceder a la defensa p¨²blica se sigue una serie de actuaciones para su defensa. Se formaliza la denuncia ante el Ministerio P¨²blico, se realiza asistencia legal y se recogen pruebas de cada caso. De iniciarse el juicio a los culpables, Adrianz¨¦n explica: ¡°Nos constituimos en parte civil, colaboramos con el Ministerio P¨²blico y el Poder Judicial para esclarecer los hechos ofreciendo pruebas; conseguir una reparaci¨®n civil proporcional al da?o causado a la v¨ªctima; supervisar la ejecuci¨®n de la sentencia de acuerdo con la pena y lograr que la reparaci¨®n civil sea efectiva en el cobro para la v¨ªctima o a sus herederos en caso de que la persona haya fallecido.¡±

¡°En Huancabamba, todas las mujeres ligadas esperamos tener acceso a la defensa p¨²blica. Pero con la pandemia, y porque en algunos caser¨ªos no entran las llamadas y no tenemos para pagar las recargas, a veces, se nos hace dif¨ªcil. Lo mejor ser¨ªa que las abogadas del ministerio puedan subir a reunirse con nosotras¡±, explica Nilda. ¡°Las mujeres que IDL patrocina no cuentan con tecnolog¨ªa porque viven en las zonas m¨¢s alejadas o el celular que tienen no es moderno para entablar comunicaci¨®n. Es a trav¨¦s de contactos que hacemos en las capitales de provincias que podemos llegar a ellas para que tengan la informaci¨®n necesaria¡±, agrega Flori¨¢n.

Adrianz¨¦n considera que la justicia peruana est¨¢ preparada para asumir la responsabilidad a favor de la demanda de justicia de estas mujeres. ¡°Creo que jueces y defensores comprenden la gran responsabilidad que tienen de cumplir y llevar a cabo un proceso limpio. Estamos en una etapa donde todas queremos llegar a un buen puerto y con toda la claridad de los hechos. De nuestra parte, cumpliremos con todo lo referente a la legalidad porque estamos al servicio de las personas que m¨¢s necesitan, como son las agraviadas por esterilizaci¨®n forzada.¡±

El presidente asume un compromiso

El pasado 3 de junio, el reci¨¦n elegido presidente Pedro Castillo Terrones se reuni¨® con representantes de la AMPAEF. ¡°Fue una reuni¨®n emotiva y sencilla. Sus primeras palabras fueron: ¡®Me solidarizo con su dolor y su lucha queridas hermanas¡±. Mar¨ªa Elena Carbajal, presidenta de la Asociaci¨®n de V¨ªctimas de esterilizaci¨®n forzada de Lima y Callao, explic¨® el sufrimiento que afrontan en su b¨²squeda de justicia y reparaci¨®n¡±, explica Mar¨ªa Esther.

Entre las demandas que AMPAEF present¨® a Castillo est¨¢ el realizar una pol¨ªtica de Memoria y Dignidad que evidencie lo sucedido a nivel personal, familiar y comunitario. Tambi¨¦n, las reparaciones integrales. ¡°Ya existe una ley, pero el Gobierno se niega a cumplirla¡±, puntualiza Mar¨ªa Esther. Explicaron de su salud y la insuficiencia del SIS. Manifestaron la necesidad de continuar con el apoyo de defensa p¨²blica, de traducci¨®n en quechua y acceso a medios virtuales. La elecci¨®n de Pedro Castillo como presidente es una esperanza para la AMPAEF. ¡°Al ser un hombre del campo, como nosotras, esperamos que cumplir¨¢ con el pa¨ªs y con el compromiso que asumi¨® con nuestra demanda¡±, sostienen.

Mientras esperan el dictamen del Juez Mart¨ªnez, las v¨ªctimas hacen o¨ªr sus voces y organizan el jueves, 19 de agosto, el Seminario Internacional Memoria y Derechos Humanos: a 25 a?os de las esterilizaciones forzadas en el Per¨². Tienen el apoyo del Centro de Investigaci¨®n Interdisciplinaria en Sexualidad, Sida y Sociedad de la Universidad Cayetano Heredia y del Instituto de Estudios en Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano, as¨ª como de otras organizaciones de derechos humanos. ¡°Con este evento iniciamos la construcci¨®n de Memoria y Dignidad de las v¨ªctimas de esterilizaci¨®n forzada y pretendemos incidir en el proceso de judicializaci¨®n hacia los principales responsables. En ¨¦l participan las afectadas, activistas e investigadoras que han apoyado estos a?os¡±, explica Mogoll¨®n, de AMPAEF. ¡°Seguimos haciendo que nuestra voz se escuche en todo el Per¨² para que el juez decida ya. Si dice que hace juicio a Fujimori, sabemos que ser¨¢ dif¨ªcil, pero no imposible que se cumpla nuestro pedido de justicia y reparaci¨®n. Son 25 a?os y no nos hemos rendido¡±, finaliza Dilcia Cano.

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