Las crisis asedian a Pedro Castillo

Los continuos ataques y amenazas entre el Ejecutivo y el Congreso de Per¨² son como un par de contrincantes de boxeo que forcejean uno agarrado del cuerpo del otro desde 2018. En consecuencia, los ciudadanos cada vez creen menos en las instituciones, el Parlamento tiene un 82% de desaprobaci¨®n y el presidente un 63%, seg¨²n el Instituto de Estudios Peruanos. En los siete meses que lleva Castillo en el Gobierno la crisis es constante. En un nuevo episodio de esta din¨¢mica, la noche del lunes dimiti¨® el ministro de Transportes, Juan Silva, mientras el Congreso debat¨ªa una moci¨®n de censura en su contra por nuevas investigaciones fiscales de concesiones ama?adas. Con Silva, son ya 30 los ministros que han pasado por los gabinetes del maestro rural.

Silva era uno de los cuatro sobrevivientes del primer Gobierno que form¨® el presidente Pedro Castillo a fines de julio cuando asumi¨® el mandato. Permaneci¨® en el cargo pese a que desde noviembre la prensa hab¨ªa denunciado que una gestora de intereses trafic¨® influencias a favor de una empresa para el contrato de construcci¨®n de un puente, por 61 millones de d¨®lares. La concesi¨®n infringi¨® las normas de contrataci¨®n estatal y fue anulada en enero. Sin embargo, como en el Congreso est¨¢n representados los transportistas informales y Silva promov¨ªa normas a su favor, no prosperaron las mociones de censura contra ¨¦l.

Su tiempo en el Gobierno termin¨® este lunes, despu¨¦s de que el domingo la prensa de Lima publicara partes de la declaraci¨®n a la Fiscal¨ªa de la lobista Karelim L¨®pez. La empresaria asegur¨® que el ministro Silva formaba parte de una red que ama?aba licitaciones, junto con cinco congresistas del partido Acci¨®n Popular, el ex secretario general de la presidencia, sobrinos de Castillo y el propio jefe de Estado, entre otros.

Castillo neg¨® el domingo ser parte de una red de crimen organizado y arremeti¨® contra el Ministerio P¨²blico mientras congresistas de la oposici¨®n y medios de comunicaci¨®n ped¨ªan la vacancia presidencial, su renuncia o su destituci¨®n. ¡°La Fiscal¨ªa estar¨ªa formando parte de un complot para desestabilizar al Gobierno¡±, cuestion¨® el profesor rural y sindicalista. Adem¨¢s, pidi¨® a esa entidad continuar con la investigaci¨®n y dar ¡°las explicaciones objetivas en el plazo m¨¢s breve¡±. Sin embargo, por ley, la fiscal general no puede investigar al mandatario mientras est¨¢ en el cargo.

La magistrada Zoraida ?valos abri¨® una investigaci¨®n contra Castillo en enero, y las diligencias avanzan con los otros involucrados, pues el presidente solo puede ser investigado al terminar su mandato -o si el Congreso le hace un antejuicio para retirarle el fuero-. ¡°Estamos investigando al presidente Castillo por el tema de los ascensos (militares) irregulares, el Puente Tarata y PetroPer¨². En mi resoluci¨®n firmada el 4 de enero hay un com¨²n denominador y es la se?ora Karelim L¨®pez¡±, coment¨® la fiscal ?valos en una entrevista por televisi¨®n la noche del domingo.

Los partidos que presentaron en diciembre una moci¨®n de ¡°vacancia por incapacidad moral permanente¡± contra Castillo no lograron los votos suficientes para que la cuesti¨®n fuera admitida a debate en el pleno del Congreso, y est¨¢n buscando firmas para plantear la cuesti¨®n otra vez. Si la admitieran, no cuentan con los 87 votos necesarios para echar al presidente. Sin embargo, Hernando Guerra Garc¨ªa, parlamentario del fujimorista Fuerza Popular, plante¨® el lunes que la cuesti¨®n sea debatida para que el presidente d¨¦ su versi¨®n al Parlamento sobre las investigaciones en su contra.

En otro de los frentes que asedian al presidente, la subcomisi¨®n de acusaciones constitucionales del Congreso aprob¨® el lunes investigar a Castillo por el presunto delito de ¡°traici¨®n a la patria¡±, uno de los cinco motivos por los que un presidente puede ser destituido, de acuerdo a la Constituci¨®n. Adem¨¢s, la derecha opositora sostiene todav¨ªa que hubo fraude en los comicios, pese a que la Fiscal¨ªa y los observadores internacionales demostraron que se realizaron conforme a ley. En el Congreso, una comisi¨®n sigue investigando ese supuesto fraude entre voces que piden su destituci¨®n o vacancia presidencial.

Las amenazas llevaron a Castillo a dar en febrero otro giro a su Gobierno para restituir las relaciones con Cerr¨®n y asegurarse algunos votos y esca?os en caso de que prospere alguna moci¨®n en su contra. As¨ª, descart¨® a cuatro ministros competentes y con trayectoria pol¨ªtica limpia, para incorporar a cuadros afines al l¨ªder de Per¨² Libre. Dos de ellos ya le est¨¢n generando problemas con el Congreso, que pide su renuncia. Se trata del ministro de Salud, un promotor de pseudociencia, y el de Justicia, que tiene 70 denuncias por negligencia como procurador de un gobierno regional, revel¨® el diario El Comercio.

El 8 de marzo el primer ministro An¨ªbal Torres debe pedir el voto de investidura al Congreso. La necesidad de supervivencia pol¨ªtica de los l¨ªderes del Ejecutivo y el Congreso podr¨ªa llevar a una negociaci¨®n bajo la mesa, como ya ha pasado en anteriores ocasiones, con el argumento de favorecer la ¡°gobernabilidad¡±. Pase o no, la inestabilidad pol¨ªtica de Per¨² no tiene visos de parar.

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