El Gobierno de Per¨² busca revertir la decisi¨®n del Constitucional de excarcelar a Fujimori

El Gobierno de Pedro Castillo buscar¨¢ revertir la decisi¨®n del Tribunal Constitucional de excarcelar al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), condenado a 25 a?os de prisi¨®n por cr¨ªmenes de lesa humanidad en las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. As¨ª lo anunci¨® el primer ministro An¨ªbal ...

El Gobierno de Pedro Castillo buscar¨¢ revertir la decisi¨®n del Tribunal Constitucional de excarcelar al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), condenado a 25 a?os de prisi¨®n por cr¨ªmenes de lesa humanidad en las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. As¨ª lo anunci¨® el primer ministro An¨ªbal Torres despu¨¦s de que este viernes el mandatario escuchara a familiares de las v¨ªctimas de graves violaciones a los derechos humanos durante el r¨¦gimen del aut¨®crata. Las matanzas por las que est¨¢ condenado fueron cometidas en 1991 y 1992 por el destacamento militar Colina, creado al inicio del mandato de Fujimori con su asesor y jefe de facto de las fuerzas armadas, Vladimiro Montesinos.

El jueves, tres magistrados del Constitucional de Per¨² aceptaron un habeas corpus a favor de la liberaci¨®n del expresidente en un momento particular en dicha corte: en los debates de casos pol¨ªticamente sensibles, los magistrados est¨¢n empatados tres a tres, luego del fallecimiento de uno de sus miembros en octubre. El voto de Augusto Ferrero, que preside ese ¨®rgano desde enero, es el dirimente y decant¨® la decisi¨®n hacia la excarcelaci¨®n. Ferrero es un abogado que fue el candidato del fujimorismo cuando se postul¨® al cargo en 2017. Adem¨¢s, en 2009 fue embajador en Italia durante el segundo gobierno de Alan Garc¨ªa. En 2019, fall¨® en el mismo sentido a favor del habeas corpus para liberar a Fujimori junto a otros dos magistrados frente a un recurso similar que present¨® otra de las hijas del exmandatario, Sachi, as¨ª como para excarcelar a su hermana mayor Keiko Fujimori, quien ten¨ªa prisi¨®n preliminar mientras era investigada por lavado de activos y obstrucci¨®n a la justicia.

En la tarde del viernes, el primer ministro asegur¨® que la postura del Constitucional es un ¡°monumental error¡± que el Ejecutivo eval¨²a c¨®mo revertir. ¡°Estamos estudiando los caminos que tenemos que seguir para corregir ese error, y no tengan la menor duda de que lo vamos a hacer. Ya organismos internacionales nos est¨¢n apoyando al respecto¡±, inform¨® a la prensa local al final de una actividad en la regi¨®n Cusco.

El grupo Colina realiz¨® decenas de asesinatos a civiles, algunos de ellos opositores al Gobierno de Fujimori, bajo la coartada de la lucha contra el terrorismo. En noviembre de 1991, asesin¨® a 15 personas -entre ellos un ni?o de ocho a?os- en un inmueble de Barrios Altos (centro de Lima) y, en julio de 1992, desapareci¨® a nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educaci¨®n La Cantuta a quienes ejecutaron extrajudicialmente. Al a?o siguiente, gracias a la colaboraci¨®n de un reciclador que fue testigo circunstancial del crimen, algunos de los cuerpos fueron exhumados en un descampado al este de la capital.

En 2009, la Sala Penal Especial conden¨® a Fujimori a 25 a?os de prisi¨®n como autor mediato de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves -por ambos casos- luego de haber sido extraditado de Chile. La sentencia ocurri¨® luego de un largo proceso en el sistema de justicia interamericano al que acudieron las v¨ªctimas y sobrevivientes luego de toparse con un muro en el fuero peruano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos hall¨® responsabilidad del Estado peruano en ambos casos, y como parte de las reparaciones dispuso la investigaci¨®n y sanci¨®n de los delitos, entre otras medidas.

Tras la decisi¨®n del Constitucional, varias organizaciones internacionales han reaccionado. El viernes, la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas, a cargo de la alta comisionada Michelle Bachelet, plante¨® en un tuit que el derecho de justicia de las v¨ªctimas y el estado de derecho deben ser respetados. ¡°Ponemos ¨¦nfasis en que el derecho internacional de los derechos humanos restringe las amnist¨ªas o perdones en casos de serias violaciones a los derechos humanos¡±, esgrimi¨®.

Por su parte, la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos expres¨® su ¡°profunda preocupaci¨®n¡± por la medida que restituye la resoluci¨®n suprema del 24 de diciembre de 2017, en la que el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski concedi¨® el indulto a Fujimori. ¡±La restituci¨®n del indulto dar¨ªa lugar a la liberaci¨®n de Fujimori y a la extinci¨®n de su pena, lo cual afecta los derechos de las v¨ªctimas de cr¨ªmenes de lesa humanidad, afecta su acceso a la justicia y lesiona su dignidad. As¨ª como genera obst¨¢culos para el cumplimiento integral de las sentencias de la Corte Interamericana en los casos Barrios Altos y La Cantuta vs. Per¨²¡±, a?ade ese organismo.

La nochebuena de 2017, Kuczynski indult¨® al aut¨®crata luego de una negociaci¨®n con el entonces congresista Kenji Fujimori y parlamentarios de Fuerza Popular opuestos a la posici¨®n de la lideresa fujimorista, quien prefer¨ªa una ley para excarcelar a su padre, en vez de un perd¨®n presidencial. Kuczynski firm¨® el indulto a cambio de votos para no ser destituido, en medio de continuos actos de obstrucci¨®n a su Gobierno por parte de la oposici¨®n fujimorista. El mi¨¦rcoles, trascendi¨® a la prensa que el habeas corpus a favor de Fujimori fue incluido sorpresivamente en la agenda del Constitucional del d¨ªa siguiente, por lo que los abogados de las v¨ªctimas de Barrios Altos y La Cantuta pidieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas provisionales para enfrentar la eventual liberaci¨®n del condenado y la anulaci¨®n de dicha decisi¨®n en caso se concretara.

La CIDH fij¨® este viernes al Estado peruano el plazo de una semana para que presente un informe de dichas medidas que adoptar¨¢ ante la posible liberaci¨®n de Fujimori. Mientras tanto, el Constitucional a¨²n est¨¢ redactando la sentencia con la sustentaci¨®n por escrito de los votos y hay una discusi¨®n legal acerca de si Fujimori puede ser liberado antes de que dicho documento est¨¦ listo. Se espera que el tribunal lo emita el 28 de marzo.

De cara a la respuesta que debe dar el Gobierno en este escenario, este s¨¢bado, el presidente Pedro Castillo ha tomado juramento a un nuevo ministro de Justicia, Felix Chero, en reemplazo de Angel Yldefonso, quien el mi¨¦rcoles fue interpelado en el Congreso debido a su poca experiencia para esa funci¨®n. En poco m¨¢s de siete meses, el mandatario ha realizado 31 cambios en el gabinete. Yldefonso ha durado 39 d¨ªas en el cargo. El nuevo ministro, Chero, es un exasesor del actual viceministro de Justicia, Juan Carrasco, un destacado ex fiscal de crimen organizado y ex ministro de Justicia en el primer gabinete de este Gobierno. Mientras tanto, contin¨²an las expresiones de rechazo a la excarcelaci¨®n de Fujimori. La tarde de este s¨¢bado, colectivos ciudadanos y de derechos humanos han convocado a protestas en contra de la decisi¨®n del Constitucional en menos siete regiones del pa¨ªs.

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