La liberaci¨®n de Fujimori, una bofetada a sus v¨ªctimas y a la democracia

La decisi¨®n del Tribunal Constitucional del Per¨², anunciada este jueves en una r¨¢pida y poco transparente sesi¨®n, en la que se determin¨® la inminente liberaci¨®n del expresidente Alberto Fujimori, fue una nueva bofetada a la democracia y a las v¨ªctimas de los hechos conocidos como La Cantuta y Barrios Altos, donde se prob¨® nacional e internacionalmente su participaci¨®n. La noticia burl¨® a mujeres y hombres peruanos, vulnerados una vez m¨¢s en la b¨²squeda de la verdad y la justicia que adelantan desde los a?os noventa.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2001 y 2006 conden¨® al Estado peruano a nivel internacional por los delitos de desaparici¨®n forzada y ejecuciones extrajudiciales de 25 personas v¨ªctimas de graves violaciones de derechos humanos en los casos de Barrios Altos y La Cantuta. Las sentencias de la Corte IDH cerraron uno de los cap¨ªtulos m¨¢s dolorosos para la historia peruana y de la regi¨®n, al derrotar las leyes de amnist¨ªa que imped¨ªan juzgar a Fujimori y a otros responsables de cr¨ªmenes contra la humanidad, y al abrir las puertas para fortalecer los compromisos con la igualdad y el ¡®Nunca M¨¢s¡¯ en las democracias de Am¨¦rica Latina. Estas sentencias de la Corte IDH a su vez dieron pie a la reapertura de los juicios y la extradici¨®n de Fujimori, quien fue condenado a 25 a?os de prisi¨®n en 2009 por un tribunal peruano.

Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) acompa?amos a las v¨ªctimas junto con valerosas defensas nacionales en la justicia interamericana. Lo hicimos desde fines de los a?os noventa planteando siempre el reclamo consistente de verdad y justicia, y como parte de ello, la eliminaci¨®n de las leyes de amnist¨ªa que constitu¨ªan obst¨¢culos para que aquellas avancen.

En 2017, cuando el entonces presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski concedi¨® a Fujimori un indulto ¡°humanitario¡±, con el que recobr¨® la libertad por varios meses, recurrimos nuevamente a la Corte Interamericana. En ese momento logramos que escuchara a las v¨ªctimas sobre el impacto que ten¨ªa para ellas esa liberaci¨®n de Fujimori sin haber cumplido condena, y que se ordene a Per¨² dar un paso atr¨¢s con la concesi¨®n del indulto. As¨ª, en 2018, la justicia peruana orden¨® nuevamente la detenci¨®n de Fujimori. Y es por ello que hoy, frente a la decisi¨®n del Tribunal Constitucional, con la misma fuerza de hace cuatro a?os, volvemos a tocar la puerta de la justicia regional.

Es importante notar que el Tribunal Constitucional del Per¨² camina en reversa de la protecci¨®n de derechos fundamentales con varias decisiones notables de los ¨²ltimos meses. Entre tantas, las de considerar que violaciones a derechos humanos en el marco de la tristemente c¨¦lebre Operaci¨®n C¨®ndor ¡ªobjeto de numerosas condenas nacionales en Europa y las Am¨¦ricas¡ª no son delitos de lesa humanidad.

La decisi¨®n expr¨¦s del Tribunal Constitucional peruano desesperanza y genera m¨¢s dolor en las v¨ªctimas, delatando, una vez m¨¢s, la crisis profunda del sistema judicial peruano. Quitarles a las v¨ªctimas la posibilidad de ser escuchadas y la determinaci¨®n de la libertad de Fujimori aniquila lentamente los principios para cualquier Estado democr¨¢tico que ha ratificado su compromiso con los est¨¢ndares internacionales de protecci¨®n de derechos humanos. En particular, limita el acceso a la justicia, a la participaci¨®n de las v¨ªctimas en los procesos, a la igualdad ante la ley y a la verdad. Es por ello que la reciente sentencia del TC es un retroceso no solo para las v¨ªctimas y sus familias, sino para la democracia.

A ello se suma que la Corte Interamericana fue sopesada en cada una de sus resoluciones sobre la potencial aplicaci¨®n de un indulto y ponder¨® los derechos en conflicto para actuar con humanidad y respeto a los derechos de todas las personas. Sin embargo, la orden del tribunal internacional de 2018, que exig¨ªa valorar las condiciones del reo, su cooperaci¨®n y arrepentimiento, y otras medidas de mitigaci¨®n del da?o causado, fue desacatada. En consecuencia, hemos sostenido nuevamente ante la Corte IDH que se limitan los derechos y el acceso a la justicia internacional efectiva de los deudos de los casos de La Cantuta y Barrios Altos.

Frente a esta nueva afrenta, esperamos que las voces de respaldo a las v¨ªctimas de cr¨ªmenes de Estado se mantengan vibrantes, y que la sociedad y la comunidad internacional siga pugnando por la verdad y el ¡®Nunca M¨¢s¡¯. Que los se?ores de la guerra sepan que se acab¨® su momento en la historia. Hoy tenemos espacios de solidaridad y justicia que no van a permitir que la impunidad sea nuevamente la regla.