Pedro Castillo declara ante los fiscales que lo investigan por corrupci¨®n: ¡°Ac¨¢ estoy para dar la cara¡±

El presidente de Per¨², Pedro Castillo, ha mantenido hermetismo sobre el interrogatorio que mantuvo este viernes con los fiscales que lo investigan, desde fines de mayo, por los delitos de organizaci¨®n criminal, tr¨¢fico de influencias agravado y colusi¨®n agravada. Las autoridades lo se?alan de estar a la cabeza de un grupo que supuestamente cobr¨® sobornos para favorecer a un consorcio en la licitaci¨®n de una obra p¨²blica de m¨¢s de 62 millones de d¨®lares. Al salir del viejo local principal del Ministerio P¨²blico, en el centro de Lima, el mandatario coment¨® que se sent¨ªa satisfecho y que estaba dispuesto a seguir colaborando con al investigaci¨®n. ¡°Ac¨¢ estamos para dar la cara y lo haremos siempre. No voy a dar detalles porque (el caso) est¨¢ en un proceso de investigaci¨®n¡±, dijo ante la prensa local, a la que suele evitar.

El interrogatorio, que dur¨® m¨¢s de tres horas, estuvo a cargo del fiscal general de Per¨², Pablo S¨¢nchez, y el fiscal coordinador del ¨¢rea de enriquecimiento il¨ªcito, Samuel Rojas. Varias horas despu¨¦s del interrogatorio, no se hab¨ªa dado a conocer el contenido de las declaraciones de Castillo, aunque su abogado coment¨® a una radio que el presidente neg¨® haber cometido alg¨²n acto de corrupci¨®n. ¡°El presidente dijo que no existe organizaci¨®n criminal a la que ¨¦l pertenezca¡±, afirm¨® Benji Espinoza a la emisora Radioprogramas.

Un despacho fiscal de corrupci¨®n de funcionarios y otro de lavado de activos empezaron las investigaciones de este caso el a?o pasado a ra¨ªz de las reuniones de Karelim L¨®pez ¡ªuna gestora de intereses ligada al fujimorismo¡ª con Castillo y con el entonces secretario general de la presidencia, Bruno Pacheco. La empresaria tambi¨¦n visitaba al ministro de Transportes de ese momento, Juan Silva, en los d¨ªas previos a que el Consorcio Puente Tarata III (formado por las empresas H.B, Tapusa y Termirex) ganara dicha licitaci¨®n para construir una infraestructura millonaria en la regi¨®n San Mart¨ªn.

Pacheco, Silva y uno de los sobrinos del presidente involucrado en la trama est¨¢n pr¨®fugos y el Ministerio de Interior ha fijado recompensas para su captura. Por este mismo caso, seis congresistas del partido Acci¨®n Popular est¨¢n igualmente bajo investigaci¨®n. Cuando la Fiscal¨ªa identific¨® indicios de la adjudicaci¨®n irregular de la licitaci¨®n, la empresaria L¨®pez y otro gestor de intereses, Zamir Villaverde, ofrecieron testimonios para buscar una pena menor. Villaverde se?ala que entreg¨® un malet¨ªn con dinero al entonces ministro Silva como agradecimiento de una de las empresas del consorcio Puente Tarata. En sus t¨¦rminos fueron ¡°cien grandes¡±, aunque no ha precisado si fueron 100.000 d¨®lares o soles.

El fiscal general hab¨ªa citado a Castillo a declarar el lunes 13, pero el abogado del mandatario pidi¨® postergar la diligencia, argumentando que necesitaba m¨¢s tiempo para revisar el expediente. Adem¨¢s, el Gobierno decret¨® feriado para el sector p¨²blico ese d¨ªa debido al partido de repesca de la selecci¨®n peruana para el Mundial de Catar. Benji Espinoza, uno de los tres abogados del presidente, esperaba adem¨¢s la decisi¨®n de un juez constitucional a quien ha solicitado anular la investigaci¨®n al jefe de Estado.

El jueves, el magistrado Juan Carlos Checkley escuch¨® en una audiencia los argumentos del fiscal supremo Rojas y del abogado Espinoza. Como hasta este viernes no hab¨ªa notificado su decisi¨®n, Castillo tuvo que responder el interrogatorio. El domingo ¨²ltimo, el jefe de Estado volvi¨® a dar una entrevista en televisi¨®n luego de un silencio de cinco meses, y anunci¨® en la televisi¨®n estatal que colaborar¨ªa con la investigaci¨®n fiscal en su contra. Sin embargo, el entrevistador no le pregunt¨® por la contradicci¨®n entre su afirmaci¨®n y las acciones del abogado Espinoza, que busca anular la indagaci¨®n fiscal.

La Fiscal¨ªa se?al¨®, la tarde del viernes, que en la diligencia reservada participaron los tres abogados de Castillo, el personal del ¨¢rea de enriquecimiento il¨ªcito y acusaciones constitucionales del Ministerio P¨²blico y la procuradora general, Mar¨ªa Caruajulca Quispe, en defensa de los intereses jur¨ªdicos del Estado. Caruajulca asumi¨® el cargo en febrero de este a?o en reemplazo de Daniel Soria, quien denunci¨® a Castillo por los delitos de patrocinio ilegal y tr¨¢fico de influencias debido a los indicios de corrupci¨®n en el contrato de la construcci¨®n del Puente Tarata, revelados por la prensa de Lima.

Esta es la primera vez que un fiscal general investiga a un presidente peruano en funciones: seg¨²n la Constituci¨®n, el mandatario puede ser ¨²nicamente acusado durante su mandato por traici¨®n a la patria, por impedir las elecciones, o por impedir el funcionamiento del Congreso y los organismos electorales. La interpretaci¨®n que ha realizado el fiscal S¨¢nchez es que la Carta Magna no impide avanzar la investigaci¨®n, m¨¢s a¨²n ante ¡°la seriedad y gravedad de las imputaciones¡±.

La anterior fiscal general, Zoraida ?valos, abri¨® en enero una investigaci¨®n fiscal contra Castillo por delitos contra la administraci¨®n p¨²blica, tr¨¢fico de influencia agravado y patrocinio ilegal debido a la supuesta interferencia del presidente en el proceso de ascensos militares en 2021, pero la magistrada dej¨® en suspenso la pesquisa para que contin¨²e cuando el jefe de Estado deje el cargo. ?valos hizo entonces una interpretaci¨®n distinta de la Constituci¨®n.

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