Pedro Castillo afronta una investigaci¨®n por corrupci¨®n antes de culminar su primer a?o de Gobierno
Por primera vez, el Ministerio P¨²blico investiga a un mandatario en funciones como supuesto l¨ªder de un grupo que encargaba obras p¨²blicas a cambio de sobornos
El presidente de Per¨², Pedro Castillo, est¨¢ citado este viernes para responder a un interrogatorio fiscal por una investigaci¨®n en su contra como supuesto l¨ªder de un grupo que encargaba obras p¨²blicas a cambio de sobornos. Pese a que el mandatario ha dicho que colaborar¨¢ con la justicia y que acudir¨¢ a su cita ante la fiscal¨ªa este viernes a las 10 de la ma?ana, su abogado busca anular la investigaci¨®n.
¡°En 11 meses no han podido encontrar una pista de que nosotros hemos metido la mano para robar¡±, ha dicho este jueves Castillo al negar irregularidades en su gesti¨®n, que cumple un a?o el pr¨®ximo mes. Sin embargo, en las ¨²ltimas semanas su abogado plante¨® dos recursos para anular la investigaci¨®n: uno ante la fiscal¨ªa y otro ante un juez constitucional. Finalmente ser¨¢ un juez el que decida si la fiscal¨ªa puede continuar la pesquisa o tendr¨¢ que esperar a que concluya el mandato.
El fiscal general ha encontrado indicios de que el jefe de Estado encabez¨® una organizaci¨®n criminal que se benefici¨® con coimas de empresarios que el a?o pasado ganaron irregularmente una licitaci¨®n de m¨¢s de 62 millones de d¨®lares para la construcci¨®n de un puente: otros tres investigados pertenecientes al entorno de Castillo est¨¢n pr¨®fugos. El exministro de Transportes, Juan Silva; el ex secretario general de la presidencia, Bruno Pacheco; y un sobrino del presidente, Fray V¨¢squez Castillo, huyeron de la justicia mientras la prensa de Lima revelaba las versiones de los empresarios involucrados en la trama y que ahora buscan colaborar con la justicia para recibir una pena menor.
Un despacho fiscal de corrupci¨®n de funcionarios y otro de lavado de activos empezaron las pesquisas el a?o pasado a ra¨ªz de las visitas de Karelim L¨®pez -una gestora de intereses ligada al fujimorismo- a la casa en la que Castillo despachaba como presidente en las primeras semanas de asumir el cargo. La empresaria tambi¨¦n figura en los registros de visitas de Palacio de Gobierno y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones en los d¨ªas previos a que el Consorcio Puente Tarata III (formado por las empresas H.B, Tapusa y Termirex) ganara la licitaci¨®n para construir el millonario puente en la amaz¨®nica regi¨®n San Mart¨ªn.
Seg¨²n la manifestaci¨®n de otro gestor de intereses involucrado en la adjudicaci¨®n irregular de obras p¨²blicas, Zamir Villaverde, ¨¦l entreg¨® un malet¨ªn con dinero al entonces ministro Silva como agradecimiento de una de las empresas seleccionada en la licitaci¨®n. En sus t¨¦rminos, fueron ¡°cien grandes¡±, aunque no est¨¢ claro si se refiere a 100.000 d¨®lares o soles. Al d¨ªa siguiente de que la prensa public¨® la versi¨®n de Villaverde, el exfuncionario envi¨® un mensaje por Whatsap a su escolta para que no lo acompa?aran hasta nuevo aviso. En Per¨², los exministros tienen un auto y protecci¨®n policial por algunos meses despu¨¦s de haber dejado el cargo.
Pese a que en esos d¨ªas la fiscal¨ªa ya hab¨ªa pedido a la polic¨ªa vigilar a Silva, el exdirector de escuela y amigo de Castillo se escabull¨®. El Ministerio de Interior ha fijado una recompensa de 13.400 d¨®lares para quien permita la captura del extitular de Transportes, y montos menores por el exsecretario Pacheco y el sobrino del jefe de Estado.
Seg¨²n la Constituci¨®n, un presidente en ejercicio solo puede ser acusado durante su mandato por traici¨®n a la patria, por impedir las elecciones, o por impedir el funcionamiento del Congreso y los organismos electorales. Debido a ello, anteriores fiscales generales abrieron investigaci¨®n por otros delitos contra el entonces presidente Mart¨ªn Vizcarra y contra el propio Castillo y dejaron pendiente la continuaci¨®n para cuando concluya el mandato. Sin embargo, el fiscal general Pablo S¨¢nchez -en funciones desde el 30 de marzo- ha incluido al presidente Castillo en la investigaci¨®n fiscal del Puente Tarata ¡°ante la seriedad y gravedad de las imputaciones¡±, seg¨²n indic¨® un comunicado del Ministerio P¨²blico a fines de mayo.
Este mi¨¦rcoles, en una audiencia judicial, Benji Espinoza, el abogado del jefe de Estado, pidi¨® al juez supremo constitucional Juan Carlos Checkley anular la investigaci¨®n fiscal al presidente; su argumento es que la acusaci¨®n inicia con la atribuci¨®n de un delito. En el otro lado, el fiscal adjunto supremo Samuel Rojas -en representaci¨®n del fiscal general- sostuvo que el juez debe permitir que contin¨²e la pesquisa debido a que nunca antes hubo ¡°indicios suficientes de que un presidente en ejercicio estar¨ªa usando su alto cargo para liderar una presunta organizaci¨®n criminal enquistada en el aparato del Estado (el Ministerio de Transportes y Comunicaciones) para obtener ganancias il¨ªcitas¡±.
Rojas calific¨® la decisi¨®n del fiscal general de investigar al jefe de Estado como un parteaguas en el Ministerio P¨²blico, pues intenta compatibilizar el art¨ªculo 117 de la Constituci¨®n con la protecci¨®n del sistema democr¨¢tico y el estado de Derecho. El magistrado Rojas a?adi¨® que la inmediatez de la investigaci¨®n se debe a la necesidad de acopiar elementos para saber si las sindicaciones a Castillo tienen sustento, y para evitar la destrucci¨®n de pruebas. Si bien el juez Checkley no indic¨® la fecha precisa en que tomar¨¢ su decisi¨®n, Castillo est¨¢ citado para responder un nuevo interrogatorio fiscal por este caso este viernes. El presidente, adem¨¢s, tiene otra investigaci¨®n abierta por la anterior fiscal general, Zoraida ?valos, por presunto tr¨¢fico de influencias y colusi¨®n en el proceso de ascenso de jefes militares. Castillo asumi¨® la presidencia a fines de julio del a?o pasado y ha enfrentado tres intentos de la oposici¨®n parlamentaria para sacarlo del cargo, mediante la figura constitucional de la vacancia por incapacidad moral, que requiere 87 votos. Sus opositores quieren modificar la norma para que sean necesarios menos votos para la vacancia o ampliar el n¨²mero de delitos por los cuales es posible acusar a un presidente en ejercicio.
M¨¢s all¨¢ de la obstaculizaci¨®n del Congreso, el mandatario ha tenido un pobre desempe?o debido a la alta rotaci¨®n de ministros -la mayor¨ªa de ellos no competentes para el puesto, como fue el caso de Silva en Transportes-. Castillo ha tratado de bloquear los votos en su contra en el Parlamento entregando los ministerios a diferentes grupos pol¨ªticos.
La falta de continuidad de los gestores p¨²blicos ha afectado el v¨ªnculo con sus electores, principalmente de las ¨¢reas rurales y de clase media o en pobreza. Seg¨²n la ¨²ltima encuesta de Ipsos Per¨², un 70% desaprueba su gesti¨®n. Por otro lado, la principales organizaciones agrarias han convocado a un paro a fin de mes, ¡°como un llamado de atenci¨®n al Gobierno¡± ante la falta de fertilizantes, la crisis alimentaria y el endeudamiento de los agricultores, explic¨® en Radio Nacional C¨¦sar Guarniz, gerente general de la Junta de Usuarios del sector hidr¨¢ulico de Riego del Per¨². ¡°Existen algunos errores y las cosas deben caminar como corresponden¡±, coment¨®.
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