Pulso entre la ONU y Per¨²: el alto comisionado pide explicaciones a Boluarte por la represi¨®n en las protestas

El Gobierno de Dina Boluarte le debe una respuesta a la ONU desde el pasado viernes. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas envi¨® una carta al representante de la Misi¨®n Permanente del Per¨² ante la ONU, el embajador Luis Juan Chuquihuara, donde se le pide que se la haga llegar lo m¨¢s pronto posible a la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Gervasi. En el documento, la instituci¨®n expresa su profunda preocupaci¨®n por la convulsi¨®n social que aqueja al Per¨² desde hace casi tres meses, pero sobre todo le solicita una rendici¨®n de cuentas a las autoridades.

¡°Hemos recibido informaci¨®n en relaci¨®n al alegado uso excesivo de la fuerza, provocando un elevado n¨²mero de muertes il¨ªcitas, la supuesta utilizaci¨®n abusiva de los tipos penales de terrorismo en contra de las personas manifestantes y disidentes, detenciones supuestamente arbitrarias, un caso de desaparici¨®n forzada, estigmatizaci¨®n y violaciones al debido proceso en contra de los manifestantes¡±, dice el oficio que est¨¢ suscrito por ocho relatores especiales encabezados por el togol¨¦s Clement Nyaletsossi, la irlandesa Mary Lawlor, y el espa?ol Pedro Arrojo Agudo.

En la carta se hace hincapi¨¦ en el ¡°uso desmedido de gases lacrim¨®genos, sobrepresencia de personal policial y militar, y agresiones¡±, as¨ª como en agentes infiltrados en las marchas. ¡°La sociedad civil alega que es com¨²n que a las protestas acudan elementos de la fuerza p¨²blica vestidos de civiles que buscar¨ªan incitar a la violencia y justificar el accionar militar y policial para responder reprimi¨¦ndolas¡±. Tambi¨¦n se incluye un recuento de los fallecidos por los enfrentamientos y el bloqueo de v¨ªas en las distintas regiones del pa¨ªs, principalmente de la sierra sur como Ayacucho y Puno.

El documento recoge investigaciones period¨ªsticas donde se asegura haber detectado restos de municiones de fusil AKM en los cuerpos de algunos fallecidos, as¨ª como perdigones met¨¢licos, una munici¨®n prohibida, sobre todo si es disparada a corta distancia. De acuerdo al ¨²ltimo informe de la Defensor¨ªa del Pueblo, se reportan 60 muertos, 1.301 civiles heridos y 580 polic¨ªas con alg¨²n tipo de lesi¨®n.

Asimismo, se da cuenta del allanamiento a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en enero pasado, donde se detuvo a casi 200 personas, entre estudiantes y manifestantes; de las agresiones f¨ªsicas y verbales a 60 profesionales de los medios de comunicaci¨®n, de un caso de desaparici¨®n forzada, y de un ¡°discurso oficial que se?ala estar en guerra y que califica a quienes protestan como enemigos o terroristas, lo que ha servido para justificar un actuar ofensivo por parte de las fuerzas armadas¡±.

¡°Subrayamos la obligaci¨®n del Estado de llevar a cabo investigaciones exhaustivas, r¨¢pidas, eficaces, imparciales e independientes de todas las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades policiales¡±, remarca la carta. En tal sentido, los relatores especiales solicitan se les proporcione informaci¨®n detallada sobre cada una de estas investigaciones en un plazo m¨¢ximo de 60 d¨ªas. Hasta el momento el Ejecutivo no se ha pronunciado.

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