Desde Nicol¨¢s Maduro a todo el chavismo en el poder han calificado de traici¨®n una nueva licencia de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en ingl¨¦s) del Departamento del Tesoro. La medida acerca a los acreedores de la enorme deuda externa venezolana la posibilidad de cobrar con el remate de las acciones de Citgo, la refiner¨ªa de PDVSA basada en Estados Unidos, el activo de m¨¢s valor que tiene Venezuela en el exterior. El mandatario venezolano ha dicho que se trata de ¡°una bofetada¡± a la reuni¨®n que el presidente colombiano, Gustavo Petro, organiz¨® en Bogot¨¢ con otros pa¨ªses para hablar de la crisis del pa¨ªs. Este paso judicial, sin embargo, viene de un largo camino que empez¨® con Hugo Ch¨¢vez, que durante los a?os de mayor bonanza petrolera realiz¨® m¨¢s de 5.500 expropiaciones de empresas y bienes y contrajo una pesada deuda que pesa ahora y pesar¨¢ en el futuro.

Esta semana, la OFAC dijo que no actuar¨¢ ¡°contra ninguna persona por tomar medidas para preservar la capacidad de hacer cumplir los derechos de los tenedores de bonos sobre las acciones de Citgo que sirven como garant¨ªa¡±, una medida que allana la subasta de acciones de la petrolera para el pago de deuda y podr¨ªa ser un primer paso para resolver el enorme problema de la deuda externa venezolana que no para de crecer. La canciller¨ªa venezolana respondi¨®, a trav¨¦s de un comunicado, que esta ¡°acci¨®n rapaz y criminal¡± tiene el objetivo de causar da?os a los ciudadanos. ¡°No se atrevi¨® Donald Trump, para que lo vendiera c¨®mo y cu¨¢ndo les diera la gana, y este Gobierno se ha atrevido?, a?adi¨® Maduro esta semana. El chavismo, en una vuelta de la historia, lo ha calificado de ¡°expropiaci¨®n¡±.

El Departamento de Justicia ya hab¨ªa dicho que no ¡°bloquear¨ªa la subasta forzosa de las acciones de Citgo¡±, en una respuesta al juicio por la demanda de la canadiense Cristallex, que en 2008 fue despojada por el Gobierno chavista de la mina de Las Cristinas, en el sur del pa¨ªs. Esta compa?¨ªa gan¨® una demanda ante el Centro de Arbitrajes del Banco Mundial (Ciadi) que le permite cobrar a Venezuela 1.400 millones de d¨®lares, de los cuales Maduro ya pag¨® 400 millones de d¨®lares. Pero para cobrar el resto, Cristallex introdujo una demanda en la Corte de Delaware que en 2018 decidi¨® que PDVSA y el Gobierno venezolano son una misma entidad, por tanto, Crystallex puede cobrar la deuda mediante una subasta de acciones de la filial de PDVSA.

Esta posibilidad estuvo bloqueada durante los ¨²ltimos a?os por la pol¨ªtica exterior de Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump, que desconoci¨® la legitimidad de Maduro, reelecto en 2018 en unas elecciones consideradas fraudulentas, y estableci¨® medidas de protecci¨®n de los activos de Venezuela que imped¨ªan los embargos sin licencias de la OFAC. Con Joe Biden la pol¨ªtica ha dado un viraje, pues en el terreno venezolano las cosas tambi¨¦n han cambiado.

El fin del Gobierno interino de Juan Guaid¨®, que figuraba como ¨²nica autoridad leg¨ªtima para Estados Unidos, ha obligado a Washington a revisar sus medidas sobre los activos. En la Licencia 42 emitida esta semana se actualizan los actores y se autoriza a la Asamblea electa en 2015, de la que emergi¨® Guaid¨® y que contin¨²a sesiones desde el exilio con un reducido grupo de parlamentarios que se re¨²ne por Zoom, a renegociar la deuda con los acreedores, aunque para la celebraci¨®n de acuerdos se requerir¨¢n licencias espec¨ªficas. Tambi¨¦n han dejado por escrito que ni el Gobierno de Maduro ni la Asamblea electa en 2021, de mayor¨ªa chavista, tienen vela en este entierro.

La posibilidad de la Asamblea de 2015, ahora presidida por Dinorah Figuera, de negociar con los acreedores tiene varios desaf¨ªos jur¨ªdicos que superar, como que la Constituci¨®n de Venezuela solo autoriza para estas funciones al presidente de la Rep¨²blica. En el pleito en tribunales estadounidenses tambi¨¦n se juegan otras cartas. El mismo viernes, cuatro d¨ªas despu¨¦s de la licencia de la OFAC, se suspendi¨® el remate de Citgo, lo que a su vez abre el comp¨¢s a nuevos acuerdos que no impliquen que Venezuela pierda este activo.

El paso que ha dado Estados Unidos resuelve de alguna manera el limbo institucional en el que qued¨® la oposici¨®n tras la disoluci¨®n del interinato en diciembre pasado y que oblig¨® al Gobierno estadounidense, por ejemplo, a ¡°tomar en custodia¡± las sedes diplom¨¢ticas de Venezuela en Estados Unidos que estaban bajo control de los representantes diplom¨¢ticos de Guaid¨®, que han sido removidos con ¨¦l.

Es este grupo parlamentario electo en 2015, a ojos de Estados Unidos, la ¨²ltima instituci¨®n elegida democr¨¢ticamente en Venezuela. Pero en medio del lobby y la presi¨®n de los acreedores, la Licencia 42 ha vuelto a tensar las relaciones con Maduro. Washington hab¨ªa restituido hace un a?o la interlocuci¨®n con el pa¨ªs petrolero en el contexto del descalabro del mercado energ¨¦tico que desat¨® la guerra de Rusia en Ucrania. Pero este paso ha desatado la ret¨®rica anti Estados Unidos de parte del chavismo y estanca a¨²n m¨¢s los intentos de retomar los di¨¢logos en M¨¦xico entre el chavismo y la oposici¨®n.

¡°El Gobierno de Maduro muy probablemente continuar¨¢ reacio a regresar a la negociaci¨®n en M¨¦xico porque no ve claro que el Gobierno estadounidense est¨¦ dispuesto a flexibilizar o levantar sanciones¡±, se?ala Mariano de Alba, analista s¨¦nior de Crisis Group. ¡°Para el Gobierno, lo clave de la reciente licencia es que insiste en darle relevancia a la Asamblea Nacional de 2015, instancia que naturalmente el Gobierno no reconoce. A esto se le suma que mientras transcurre el tiempo, a Maduro se le hace menos atractivo una posible flexibilizaci¨®n de sanciones porque su inter¨¦s principal, que es tener acceso a mayores ingresos, se hace m¨¢s improbable que se cristalice antes de las elecciones de 2024¡å.

En otras palabras, incluso con una flexibilizaci¨®n significativa de sanciones hoy, no est¨¢ claro que las medidas que EE UU podr¨ªa adoptar se tradujeran en mayores ingresos antes de las urnas. La conclusi¨®n prevaleciente en el Gobierno es que los r¨¦ditos o beneficios de negociar -que es lo que pidi¨® la reuni¨®n de Bogot¨¢- ¡°no son claros¡±.

El intento de Biden de tender puentes con Maduro se ha estrellado con la imposibilidad de las partes de acordar las concesiones y su cronolog¨ªa. El Gobierno de Maduro considera que el Gobierno estadounidense debe facilitar la constituci¨®n del fondo de 3.000 millones de d¨®lares, previsto en el Acuerdo Social firmado en noviembre pasado en M¨¦xico, como punto de partida. Por otro lado, Estados Unidos cree que es Maduro el que debe empezar primero a hacer concesiones pol¨ªtico-electorales.

¡°Es muy probable que la relaci¨®n contin¨²e fr¨ªa pero sin que eso signifique un colapso total, porque EE UU, con la herramienta que tiene del r¨¦gimen de sanciones, tambi¨¦n podr¨ªa estar buscando utilizar esas prerrogativas para mantener cierto acceso al petr¨®leo venezolano. Ya lo est¨¢ haciendo a trav¨¦s de Chevron, en unas condiciones de competencia que le favorecen en comparaci¨®n a otras empresas petroleras que no ven sencillo invertir y tener relaci¨®n con PDVSA y empresas estatales mientras se mantenga el r¨¦gimen de sanciones y la amenaza de sanciones secundarias¡±, apunta de Alba.

Una deuda monstruosa

El de Cristallex es, por ahora, el ¨²nico de los litigios que est¨¢ cerca de ser cobrado pues se han agotado las apelaciones del Gobierno de Venezuela. Pero no es la ¨²nica deuda que intenta cobrarse con Citgo, una empresa con casi 5.000 gasolineras en Estados Unidos y valorada en unos 10.000 millones de d¨®lares. La deuda total de Venezuela suma unos 170.000 millones de d¨®lares, m¨¢s de tres veces el PIB actual.

Se deben unos 30.000 millones por m¨¢s de 50 arbitrajes internacionales por expropiaciones hechas durante los primeros a?os de la revoluci¨®n, de los cuales poco m¨¢s de la mitad han terminado en condenas de pago para el pa¨ªs, entre los que se incluyen los de Owen Illinois, Conoco Phillips y Exon. Otra parte de la deuda est¨¢ en lo que Rusia, China y otros proveedores deben, una caja negra dif¨ªcil de estimar. Pero los compromisos m¨¢s cuantiosos involucran unos 100.000 millones al momento, los conforman los bonos de deuda y de PDVSA y sus intereses.

En 2016, Maduro puso como garant¨ªa para la emisi¨®n de unos bonos con vencimiento en 2020 el 50,1% de las acciones de la filial de PDVSA en Estados Unidos. Una decisi¨®n que se tom¨® a espaldas de la Asamblea, que entonces le hac¨ªa oposici¨®n y que cuestion¨® la legalidad de esa especie de hipoteca de Citgo a trav¨¦s de una demanda en una Corte de Nueva York que a¨²n no se ha definido. El pa¨ªs entr¨® en default un a?o despu¨¦s y en octubre de este 2023 se vence el plazo de seis a?os a partir del inicio de la mora en que los inversionistas pueden demandar. La decisi¨®n del Tesoro de no intervenir en las medidas que tomen los tenedores de bonos para cobrarse ha puesto a la enorme fila de acreedores en la puerta de Citgo.

¡°Por convenciones internacionales, los acreedores pueden cobrar por todos lados, con acciones de Citgo, activos, dividendos, cuentas por cobrar e incluso con la confiscaci¨®n de cargueros de petr¨®leo, como ya pas¨® hace a?o y medio¡±, explica el abogado especialista en arbitrajes Ram¨®n Escovar Alvarado. A esas posibilidades de despojo sistem¨¢tico de parte de los acreedores se expone el pa¨ªs.

El lobby para reestructurar la deuda comenzar¨¢ a intensificarse y deber¨ªa ser un tema a discutir en la mesa de negociaciones de M¨¦xico y m¨¢s all¨¢. Deber¨ªa existir un acuerdo entre los Gobiernos, los acreedores y los organismos multilaterales para renegociar la deuda y que el pa¨ªs en bancarrota pueda obtener financiamiento internacional para encarar la recuperaci¨®n, algo que no puede ocurrir mientras existan las sanciones generales. ¡°La deuda externa es el problema y el reto m¨¢s grande que tenemos como sociedad y trasciende lo pol¨ªtico. No hay manera de que Venezuela sea viable si eso no se resuelve¡±, dice Escovar. La ¡°monstruosa¡± deuda heredada del chavismo, seg¨²n sus c¨¢lculos, equivale a que cada venezolano debe al menos 5.000 d¨®lares por las medidas tomadas por el Gobierno.

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