El r¨¦gimen de Ortega y Murillo disuelve Cruz Roja de Nicaragua y confisca sus bienes

El r¨¦gimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha ordenado la disoluci¨®n de la Cruz Roja de Nicaragua, una organizaci¨®n humanitaria creada en 1931, cuando la ciudad de Managua fue sacudida por un terremoto y luego arrasada por un incendio. La primera secretaria del Parlamento, la diputada sandinista Lorna Dixon, remiti¨® este mi¨¦rcoles una iniciativa de ley que no solo deroga el decreto fundacional del organismo, sino que mandata confiscar los bienes de la asociaci¨®n y ¡°traspasarlos¡± al Ministerio de Salud (Minsa).

El principal argumento del sandinismo es que la Cruz Roja Nicarag¨¹ense se rige por los ¡°principios fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, entre los que se incluyen humanidad, imparcialidad y neutralidad¡±. El r¨¦gimen alega que la asociaci¨®n de Nicaragua ¡°actu¨® contra esos principios¡± en 2018, el a?o de las masivas protestas sociales contra la pareja presidencial. En ese entonces, la organizaci¨®n humanitaria se volc¨® a las calles a curar y a atender a los miles de heridos que dej¨® la represi¨®n policial y paramilitar.

¡°En los actos acontecidos en el a?o 2018 que atentaron contra la paz y estabilidad de la naci¨®n, algunas filiales de esta Asociaci¨®n actuaron en contra de estos principios y de su Acta Constitutiva y Estatutos; y la Asociaci¨®n misma transgredi¨® las leyes del pa¨ªs al desentenderse y hasta apoyar este actuar de sus filiales¡±, indica el documento aprobado por los legisladores sandinistas.

El Gobierno tambi¨¦n sostiene que la Cruz Roja Nicarag¨¹ense ha incumplido ¡°sus deberes y obligaciones establecidas en la Ley N¡ã 1115, Ley General de Regulaci¨®n y Control de Organismos sin Fines de Lucro (OSFL)¡±, al no presentar ¡°estados financieros, balance contable, declaraci¨®n fiscal, falta de verificaci¨®n de sus donantes y proveedores de fondos, informaci¨®n desactualizada en el registro del Ministerio de Gobernaci¨®n¡±. Es decir, las mismas alegaciones que el r¨¦gimen de Ortega y Murillo ha hecho en contra de las 3.290 Organizaciones no Gubernamentales (ONG) que han decapitado desde 2018 por no someterse a la Ley de Agentes Extranjeros, una de las normativas para acallar a y desarticular a la sociedad civil.

¡°Esto es el colmo, otro intento de controlar absolutamente todo lo que sucede en Nicaragua. Esto violenta las normativas internacionales y los principios internacionales de la Cruz Roja¡±, dice a EL PA?S Ana Quir¨®s, experta en salud p¨²blica y feminista desnacionalizada. ¡°Al pasar a ser una instancia gubernamental, deja de dejar de ser realmente Cruz Roja, que es una organizaci¨®n que debe ser, en primer lugar, apol¨ªtica y en segundo lugar debe ser independiente. En tercer lugar, debe ser no discriminatoria. Y lo que sabemos del Ministerio de Salud y de la actitud del gobierno es todo lo contrario¡±.

Confiscaci¨®n de bienes

A rengl¨®n seguido, en el art¨ªculo 3 de la ley de derogaci¨®n, el Gobierno ordena la confiscaci¨®n de todos los bienes de la Cruz Roja de Nicaragua, pero lo solapan con el t¨¦rmino ¡°traspaso de bienes¡±. ¡°Todo el Patrimonio, bienes y acciones que a la fecha pertenezcan a la Asociaci¨®n Nacional llamada Cruz Roja Nicarag¨¹ense pasar¨¢n a ser propiedad del Estado, y ser¨¢n administrados por la Cruz Roja Nicarag¨¹ense, ente descentralizado adscrito al Ministerio de Salud (MINSA)¡±, establecen los legisladores sandinistas.

Despu¨¦s de disolver la asociaci¨®n, los diputados crearon otra figura que ser¨¢ controlada por el Estado, bajo la siguiente argumentaci¨®n: ¡°Desde el a?o 2007 el Gobierno de Reconciliaci¨®n y Unidad Nacional ha venido fortaleciendo el Modelo de Salud Familiar y Comunitario (MOSAFC), garantizando un abordaje integral, con el protagonismo de las familias, asegurando la salud desde el inicio de la vida, la ni?ez, adolescencia y adultez, volviendo a las familias sujetos activos en la construcci¨®n social de su propia salud. Este es el esp¨ªritu que asegura la salud de los nicarag¨¹enses en Nicaragua desde un Modelo Cristiano, Socialista y Solidario¡±.

La Cruz Roja Internacional ha intentado ser un mediador humanitario en la crisis sociopol¨ªtica de Nicaragua, apoy¨¢ndose en la asociaci¨®n hoy disuelta, en especial en los temas referidos a los presos pol¨ªticos. Sin embargo, el encono de Ortega y Murillo contra la instituci¨®n internacional tiene como precedente no s¨®lo negarle el ingreso a las prisiones, sino que en marzo de 2022 expulsaron al jefe de misi¨®n Thomas Ess, sin informar el motivo de la decisi¨®n.

La anulaci¨®n de la Cruz Roja de Nicaragua interrumpe m¨¢s de una docena de proyectos y cursos de humanitarios que desarrollan en comunidades ind¨ªgenas, temas de prevenci¨®n de la violencia, inseguridad alimentaria, sequ¨ªa, y el an¨¢lisis de muestras biol¨®gicas humanas que contribuyen al estudio, prevenci¨®n, diagn¨®stico y tratamiento de enfermedades en sus laboratorios en todo el pa¨ªs.

¡°Lo m¨¢s serio es que a trav¨¦s de la Cruz Roja uno pod¨ªa tener alg¨²n tipo de servicio, tal vez no de atenci¨®n m¨¦dica, pero s¨ª de traslados en casos de emergencias. Pero al pasar a ser parte del Ministerio de Salud, pierde toda independencia. Si nos vi¨¦ramos en una situaci¨®n como la de 2018, la Cruz Roja tambi¨¦n se ver¨ªa impedida incluso de trasladar a personas heridas o negarles la atenci¨®n, tal cual hizo el sistema p¨²blico de salud con los manifestantes¡±, plantea Quir¨®s.

Suspendida defensora de presos pol¨ªticos

Un d¨ªa antes de disolver a la asociaci¨®n humanitaria, el poder judicial al dictado Ortega-Murillo de manera definitiva el ejercicio de las profesiones de abogada y notario p¨²blico¡± a la jurista Yonarqui Mart¨ªnez. La disposici¨®n ha sido publicada en una circular que tambi¨¦n declara ¡°nulo¡± el t¨ªtulo de esta profesional que se ha dedicado a la defensa de presos pol¨ªticos en Nicaragua.

En las ¨²ltimas semanas, Mart¨ªnez ha denunciado la cacer¨ªa contra opositores y los procesos expr¨¦s en contra de ellos, a quienes los jueces sandinistas han acusado de delitos pol¨ªticos, como ¡°menoscabo a la soberan¨ªa nacional¡± y ¡°propagaci¨®n de noticias falsas¡±.

La suspensi¨®n definitiva del t¨ªtulo de abogada para Mart¨ªnez es otro zarpazo contra los derechos constitucionales, que se suma al despojo de nacionalidad de 222 nicarag¨¹enses, decisiones que carecen de asidero legal. No es la primera vez que abogados y juristas han sido suspendidos por razones pol¨ªticas. Quienes han sido afectados, sin embargo, han decidido no denunciar por temor a represalias.

¡°Existen antecedentes en los que se han suspendido a abogados y abogadas, como es el caso de la doctora Orietta Benavides y del abogado defensor Manuel Urbina Lara. Ambos fueron despedidos arbitrariamente por ejercer simplemente su labor como defensores y evidencia c¨®mo en Nicaragua existe un irrespeto a los procedimientos espec¨ªficos establecidos, tanto en la legislaci¨®n notarial vigente como en el tema de la carrera judicial administrativa¡±, dijo a EL PA?S Braulio Abarca, defensor de derechos humanos exiliado en Costa Rica.

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