La violencia y el descontrol en la c¨¢rcel de Rikers Island llevan a un fiscal a pedir la intervenci¨®n del Gobierno

La justicia ha pedido la intervenci¨®n del sistema penitenciario de Nueva York ante la galopante crisis humana en la c¨¢rcel de Rikers Island, donde la sucesi¨®n de muertes de presos y el abuso de la fuerza por parte de los funcionarios se combinan de forma explosiva. Damian Williams, fiscal federal de Manhattan, hizo recientemente un llamamiento en favor de la intervenci¨®n de las c¨¢rceles de Nueva York por el Gobierno federal, arrebatando el poder ...

La justicia ha pedido la intervenci¨®n del sistema penitenciario de Nueva York ante la galopante crisis humana en la c¨¢rcel de Rikers Island, donde la sucesi¨®n de muertes de presos y el abuso de la fuerza por parte de los funcionarios se combinan de forma explosiva. Damian Williams, fiscal federal de Manhattan, hizo recientemente un llamamiento en favor de la intervenci¨®n de las c¨¢rceles de Nueva York por el Gobierno federal, arrebatando el poder de decisi¨®n al consistorio del dem¨®crata Eric Adams. La posibilidad de nombrar un administrador judicial se dirimir¨¢ ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos el 10 de agosto.

La recomendaci¨®n de Williams es un varapalo para el alcalde, que gan¨® las elecciones con un claro mensaje de ley y orden y que, sin embargo, se ve enredado en cuestiones de seguridad. Keechant Sewell, la comisaria jefa del Departamento de Polic¨ªa de Nueva York, el mayor del pa¨ªs y al que Adams perteneci¨® en su d¨ªa, dimiti¨® sorpresivamente hace unas semanas tras poco m¨¢s de a?o y medio en el puesto, supuestamente por falta de autonom¨ªa. Edward Caban la sustituir¨¢, el primer hispano al frente del departamento.

Ocho a?os despu¨¦s de un acuerdo hist¨®rico con la ciudad de Nueva York para reformar Rikers Island, los intentos de enderezar la que muchos denominan la c¨¢rcel de los horrores se han demostrado vanos. Si la propuesta del fiscal Williams de ceder el control a Washington es aprobada por un juez tambi¨¦n federal, el administrador no solo arrebatar¨ªa el poder de decisi¨®n a la Administraci¨®n municipal, sino que posiblemente suprimir¨ªa los acuerdos sindicales y otras normas laborales vigentes desde hace tiempo.

¡°Este es un fracaso colectivo con ra¨ªces profundas, que abarca m¨²ltiples administraciones de alcaldes y comisionados [de Prisiones]¡±, dijo el 17 de julio Williams en una breve declaraci¨®n. ¡°Pero despu¨¦s de ocho a?os de probar todos los m¨¦todos, no podemos esperar m¨¢s a que se materialice un progreso sustancial¡±. Su anuncio se produc¨ªa dos d¨ªas despu¨¦s de la muerte de William Johnstone, el 25? recluso que fallece bajo custodia o poco despu¨¦s de ser puesto en libertad desde que Adams asumi¨® el cargo en enero de 2022. En la tr¨¢gica lista no faltan los suicidios, los casos de sobredosis o, en fin, la acusada incidencia de problemas de salud mental ¨Dno tratados convenientemente¨D entre la poblaci¨®n. Una semana despu¨¦s, un funcionario fue suspendido de empleo tras la muerte de otro interno, el segundo en 15 d¨ªas y el s¨¦ptimo en lo que va de a?o.

Adams, que en campa?a recurri¨® continuamente a su experiencia profesional como polic¨ªa para cosechar votos, se ve contra las cuerdas. Se opone a cualquier cesi¨®n como la recomendada por el fiscal y respalda con entusiasmo al actual comisionado de Prisiones. Pero en la pr¨¢ctica est¨¢ solo, sin m¨¢s apoyo que el de los sindicatos de funcionarios de prisiones. El interventor municipal, el defensor del pueblo, varios concejales y organizaciones de derechos humanos vienen exigiendo desde hace tiempo un administrador judicial para atajar la crisis. Las protestas por el deterioro del penal son frecuentes.

Rikers no es la ¨²nica c¨¢rcel con problemas en Nueva York. Al correccional de Brooklyn famoso por albergar internos de relumbr¨®n, como Ghislaine Maxwell y un nutrido grupo de narcos, le revientan las costuras por la sobrepoblaci¨®n. La c¨¢rcel de Manhattan donde se suicid¨® en agosto de 2019 el pederasta Jeffrey Epstein, conocida como el Guant¨¢namo de Nueva York, fue clausurada por no reunir las condiciones m¨ªnimas de habitabilidad y seguridad. Rikers Island, que alberga en su mayor¨ªa a presos preventivos, es, frente a las anteriores, el oprobio con may¨²sculas.

Los tribunales federales han tenido una participaci¨®n directa en Rikers desde 2015, cuando uno de los predecesores de Williams acord¨® con la ciudad atajar las violaciones de los derechos constitucionales de los detenidos en las c¨¢rceles de la ciudad. El acuerdo fue el resultado de una demanda hist¨®rica presentada por la Legal Aid Society en la que el grupo alegaba que los funcionarios de prisiones abusaban de los detenidos de forma tan grave y sistem¨¢tica que era necesario tomar medidas dr¨¢sticas. Para supervisar las reformas, se nombr¨® a un supervisor federal, Steve Martin, cuyo equipo ha publicado docenas de informes que describen unas condiciones de seguridad y habitabilidad cada vez peores. ¡°Los ¨ªndices actuales de uso de la fuerza [por parte de los agentes], apu?alamientos y acuchillamientos, peleas, agresiones al personal y muertes bajo custodia no son t¨ªpicos, no son esperables, no son normales¡±, reza un informe reciente. Las condiciones m¨ªnimas de higiene brillan por su ausencia.

Un cierre previsto para 2027

Ocho a?os despu¨¦s del intento formal de atajar el deterioro de las c¨¢rceles, la justicia opta por medidas quir¨²rgicas, como la hipot¨¦tica cesi¨®n de la gesti¨®n al Gobierno federal. Un sistema penitenciario cada vez m¨¢s mort¨ªfero y peligroso, m¨¢s violento, que el confinamiento de la pandemia exasper¨® y que el absentismo y las peri¨®dicas huelgas de brazos ca¨ªdos de los funcionarios, superados por la falta de medios, solo han contribuido a agravar. En 2017, bajo el mandato del alcalde Bill de Blasio, se acord¨® un plan de cierre de Rikers en una d¨¦cada ¨Duna medida que tambi¨¦n defiende el actual regidor¨D, pero la agenda de plazos renquea y la intervenci¨®n del juez federal es m¨¢s un desesperado intento de taponar v¨ªas de agua que una soluci¨®n program¨¢tica. Los n¨²meros se encargan de enfriar cualquier expectativa: el mayor penal de Nueva York alberga a m¨¢s de 6.000 internos, la mayor¨ªa preventivos, pero tambi¨¦n un peque?o porcentaje de condenados por delitos menores, y tiene un promedio anual de 100.000 admisiones. La exasperaci¨®n de activistas, supervisores y autoridades ¨Del propio Adams ha calificado el penal de ¡°verg¨¹enza nacional¡±¨D va en aumento.

La impaciencia del supervisor ha llegado al extremo de pedir al juez que la ciudad sea declarada en desacato por no poder garantizar un normal funcionamiento de la c¨¢rcel. En su solicitud, Martin subrayaba el hecho de que los funcionarios hayan perdido totalmente el control de las instalaciones (sus representantes creen que la soluci¨®n pasa por un mayor presupuesto). El acuerdo que prev¨¦ el cierre de Rikers en 2027 sigue vigente, para lo que se est¨¢n construyendo nuevas c¨¢rceles m¨¢s peque?as en cuatro distritos de la ciudad, pero los nuevos centros solo podr¨¢n albergar a 3.300 reclusos, la mitad de la poblaci¨®n actual de Rikers.

Adem¨¢s del rev¨¦s de imagen para Adams, tocado tambi¨¦n por la revelaci¨®n de la existencia de una trama de donaciones ilegales para su campa?a en 2021 que est¨¢ en manos de la justicia, el viejo debate sobre las c¨¢rceles encierra una pregunta clave: la viabilidad del modelo de gesti¨®n actual, en el que las prisiones privadas ¨Dno en el caso de Nueva York, donde son de gesti¨®n municipal¨D acaparan la pr¨¢ctica totalidad de los ingresos. El pa¨ªs con mayor n¨²mero de presos del mundo y con mayor proporci¨®n de poblaci¨®n encarcelada ¨D2,2 millones a finales de la pasada d¨¦cada¨D tiene un serio problema con sus c¨¢rceles. Seg¨²n la ONG The Sentencing Project, que aboga por una reforma del sistema, de la ratio nacional de 350 presos por 100.000 habitantes (algunos Estados, como Luisiana, Oklahoma o Misisipi, multiplican por dos la cifra), solo 43 est¨¢n ingresados en un penal federal; el resto, 307, purga su condena en centros privados. El negocio, como otro cualquiera, de las prisiones mov¨ªa a finales de la pasada d¨¦cada 3.000 millones de d¨®lares (unos 2.695 millones de euros) al a?o.

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