Ola de indignaci¨®n en Venezuela por la condena de seis sindicalistas acusados de conspiraci¨®n y terrorismo

¡°No es posible que hoy tengamos a tantos trabajadores presos por defender sus justos reclamos¡±. El grito de protesta de la dirigente gremial Griselda S¨¢nchez resonaba el lunes en una manifestaci¨®n convocada ante la sede de Naciones Unidas. La condena a 16 a?os de c¨¢rcel dictada la semana pasada contra seis sindicalistas ha desatado una ola de indignaci¨®n en Venezuela y ha movilizado a activistas, opositores, integrantes de ONG y representantes de organizaciones gremiales. Entre todos ellos el repudio de las declaraciones del fiscal general Tarek William Saab es cada d¨ªa m¨¢s n¨ªtido. El alto funcionario, fiel al presidente Nicol¨¢s Maduro, acababa de reiterar que los seis hombres no son sindicalistas, sino ¡°conspiradores¡±.

La condena fue emitida por un juzgado de Caracas con competencia en casos de terrorismo con acusaciones de conspiraci¨®n y asociaci¨®n para delinquir. Todos hab¨ªan estado participando en protestas y movilizaciones por mejoras de ingresos, el a?o pasado y el actual, en el alica¨ªdo panorama laboral del pa¨ªs, donde el salario m¨ªnimo ronda los cinco d¨®lares. El fallo se concret¨® con enorme rapidez.

Los sentenciados son Emilio Negr¨ªn, Gabriel Blanco, Reinaldo Cort¨¦s, Alonso Mel¨¦ndez, Alcides Bracho y N¨¦stor Astudillo, en su mayor¨ªa sindicalistas vinculados a los gremios del aparato administrativo del Estado venezolano, como los tribunales y el poder legislativo. Negr¨ªn est¨¢ afiliado a Codesa (Confederaci¨®n de Sindicatos Aut¨®nomos de Venezuela), una central sindical de izquierda de peque?o tama?o. Cuatro de ellos son militantes de Bandera Roja, un partido minoritario con cinco d¨¦cadas de historia e inspiraci¨®n marxista que hoy pertenece a la oposici¨®n venezolana.

El anuncio ha generado cr¨ªticas airadas en sectores de la oposici¨®n. La Plataforma Democr¨¢tica emiti¨® un comunicado rechazando la medida. Trabajadores de la Coalici¨®n Sindical Nacional se concentraron hace d¨ªas en el centro de la ciudad en solidaridad con sus compa?eros, criticando la inexistencia de testigos en el juicio y prometiendo apelar la decisi¨®n.

Mar¨ªa Corina Machado, de Vente Venezuela, que lidera en este momento los sondeos de opini¨®n en el pa¨ªs, manifest¨® en su cuenta de Twitter que en Venezuela ¡°la justicia es un tent¨¢culo de la tiran¨ªa. Este es un acto grotesco y cruel. Estas personas son detenidas por denunciar los atropellos del r¨¦gimen a sus compa?eros de trabajo. Toda mi solidaridad contra estos valientes luchadores¡±.

Henrique Capriles, candidato de Primero Justicia, tambi¨¦n se pronunci¨® al respecto, manifestando que la decisi¨®n configuraba ¡°un horror; y todo ello sin ninguna prueba¡±. Provea, ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos, calific¨® el fallo de ¡°brutal¡± y ¡°una medida arbitraria tomada en un proceso judicial donde el ¨²nico testigo de la denuncia nunca se present¨® en un a?o y dos meses¡±.

En la acusaci¨®n formulada por la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica en contra de estos trabajadores que tiene en su poder la defensa se relata que lleg¨® una denuncia an¨®nima de un ciudadano denominado Adalberto ¨Cla defensa alega que se trata de un ¡°patriota cooperante¡±, uno de los voluntarios chavistas que est¨¢n autorizados a hacer labores de ¡°inteligencia social¡±- a la Direcci¨®n de Inteligencia Estrat¨¦gica de la Polic¨ªa Nacional Bolivariana en julio de 2022. La investigaci¨®n comenz¨® en ese momento.

A los acusados se les se?ala como parte integrante de una Unidad de Resistencia Popular, creada presuntamente para organizar acciones terroristas ¡°contra el Estado venezolano y la democracia¡±, como planificar secuestros, promover protestas y sabotear fiestas patrias. Entre los elementos que sustentan el procedimiento judicial, afirma el informe del fiscal titular del caso, El¨ªn Teodoro Le¨®n, pesa un procedimiento de la Direcci¨®n General de Contrainteligencia Nacional (DGCIM), que accedi¨® a conversaciones privadas de WhatsApp y realiz¨® un seguimiento de sus actividades.

Eduardo Torres, abogado defensor de los dirigentes sindicales, reconoci¨® la existencia de pesquisas policiales de inteligencia contra sus defendidos y afirm¨® que un procedimiento de inteligencia como el descrito ¡°no es prueba en el C¨®digo Org¨¢nico Procesal Penal¡±. ¡°Adem¨¢s, el informe policial deja claramente establecido que los dirigentes no estaban adelantando ninguna acci¨®n pol¨ªtica, ni se discut¨ªa ning¨²n procedimiento en particular contra nadie¡±, prosigui¨®.

El fiscal general Tarek William Saab asumi¨® desde el principio la responsabilidad del procedimiento y denunci¨® ¡°el intento de manipulaci¨®n¡± planteado con las cr¨ªticas a la medida: ¡°Estas personas no son dirigentes sindicales. No pertenecen a ning¨²n sindicato. No son trabajadores activos. No est¨¢n registrados en el Instituto Venezolano del Seguro Social. Est¨¢n detenidos por labores conspirativas. Se les llama dirigentes sindicales para atacar a las instituciones, a la democracia venezolana¡±.

¡°Basta de mentiras y juicios ama?ados¡±, replic¨® poco despu¨¦s el abogado defensor en un mensaje difundido en las redes sociales. ¡°Estos luchadores son dirigentes sociales, defienden el salario, cuentan con el apoyo del pueblo venezolano y el respaldo de instancias internacionales, como la Organizaci¨®n Internacional del Trabajo¡±.

Yorbelis Oropeza, esposa de uno de los detenidos, afirm¨® que estos activistas ¡°han sido injustamente condenados por una juez que solamente se vende a lo que el Gobierno le dice. Los venezolanos que creemos en la justicia, que creemos en la verdad, vamos a seguir luchando. Mi esposo y los trabajadores sociales han sido castigados simplemente por pedir una mejor calidad de vida¡±.

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