El asalto al Capitolio llega al Tribunal Supremo

Las sedes del Congreso y el Tribunal Supremo de Estados Unidos se miran de frente en Washington. El asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 ha cruzado ahora la calle hasta la sede del m¨¢ximo ¨®rgano judicial. El Tribunal Supremo ha admitido este mi¨¦rcoles pronunciarse sobre un caso con grandes ramificaciones. La decisi¨®n de los jueces puede anular decenas de condenas de acusados por participar en el asalto al Capitolio y condicionar la imputaci¨®n que se sigue contra Donald Trump en Washington.

El Tribunal ha publicado este mi¨¦rcoles una orden por la que acepta decidir en dos asuntos de gran calado. Uno de ellos, muy esperado, servir¨¢ para decidir los requisitos de administraci¨®n de la p¨ªldora abortiva mifepristona. Tras la derogaci¨®n del derecho federal al aborto de junio del a?o pasado, la vista oral y la sentencia atraer¨¢n una gran atenci¨®n. Pero junto a los dos casos consolidados sobre la p¨ªldora promovidos por la autoridad farmac¨¦utica (FDA) y el laboratorio fabricante (Danco Laboratories), los jueces han admitido tambi¨¦n el caso Joseph Fischer contra Estados Unidos, en el que pide amparo un imputado por el asalto al Capitolio.

Lo que est¨¢ en juego es la validez del delito de obstrucci¨®n de un procedimiento oficial aplicado a la revuelta del 6 de enero de 2021, que impidi¨® seguir adelante con normalidad en el Congreso con la certificaci¨®n de la victoria electoral de Joe Biden en las elecciones de noviembre de 2020. El delito est¨¢ regulado en el c¨®digo penal estadounidense en el art¨ªculo 1512 del US Code 18, que indica en su letra (c)(2) que ¡°quien de manera corrupta obstruya, influya o impida cualquier procedimiento oficial, o intente hacerlo, ser¨¢ multado conforme a este t¨ªtulo o encarcelado no m¨¢s de 20 a?os, o ambas cosas¡±.

La letra de ese apartado concreto de la ley, considerada de forma aislada, parece ajustarse con claridad a lo ocurrido en al asalto al Capitolio. El problema viene cuando se observa que pr¨¢cticamente todo ese art¨ªculo est¨¢ destinado a castigar a quien boicotee u obstruya una investigaci¨®n de diferentes formas, desde asesinar a un testigo a ocultar pruebas. De hecho, el titular de esa disposici¨®n es: ¡°Interferencia sobre un testigo, una v¨ªctima o un informante¡±. Ese art¨ªculo, adem¨¢s, se aprob¨® como parte de la ley Sarbanes-Oxley de 2002, dirigida a perseguir delitos de cuello blanco. En el original en ingl¨¦s, adem¨¢s, hay varias palabras que dejan margen de interpretaci¨®n. El Supremo empez¨® el curso discutiendo si en un art¨ªculo la palabra ¡°y¡± significaba realmente ¡°y¡± o quer¨ªa decir ¡°o¡±, as¨ª que los debates pueden ser interminables.

Justamente, la pregunta que el Supremo ha aceptado contestar es: ¡°?Se equivoc¨® el [Tribunal del] Circuito del Distrito de Columbia al interpretar 18 U.S.C. ¡ì 1512(c) (¡¯Interferencia sobre testigos, v¨ªctimas o informantes¡¯), que proh¨ªbe la obstrucci¨®n de las pesquisas e investigaciones del Congreso, para incluir actos no relacionados con las investigaciones y las pruebas?¡±.

De la respuesta a esa pregunta no depende solo la suerte de Joseph Fischer, sino la de decenas de condenados. Al menos 152 personas han sido condenadas en juicio o se han declarado culpables de obstruir un procedimiento oficial, y al menos 108 de ellas han sido condenadas, seg¨²n un estudio de Associated Press de los registros judiciales. Es una de las figuras penales m¨¢s utilizadas para perseguir a los que asaltaron el Capitolio. En total, m¨¢s de 1.200 personas han sido acusadas de delitos federales derivados de los disturbios y m¨¢s de 700 se han declarado culpables.

Dos delitos de Trump

No solo eso. En el caso contra Donald Trump por intentar alterar el resultado electoral de las elecciones de 2020, dos de los cuatro delitos que se le acusa tienen que ver con ese art¨ªculo. En el pliego de cargos de ese caso, que supuso la tercera imputaci¨®n de Trump, el fiscal lo acusa de cuatro delitos: conspiraci¨®n para defraudar al Gobierno estadounidense, conspiraci¨®n para obstruir un procedimiento oficial, obstrucci¨®n o intento de obstrucci¨®n de un procedimiento oficial y conspiraci¨®n para violar derechos civiles. Aunque Trump no est¨¢ acusado de forma directa por el asalto al Capitolio y sus maniobras pretendieron obstruir la certificaci¨®n de la victoria de Biden de diversas maneras, el segundo y el tercer delito dependen de lo que diga el Supremo en este caso.

Al tiempo, como el Supremo no se pronunciar¨¢ previsiblemente hasta junio, al final del curso judicial, el calendario del juicio queda algo m¨¢s en el alero de lo que ya estaba. El calendario que apuntaba como fecha del juicio el 4 de marzo empieza a parecer ut¨®pico. Este mismo mi¨¦rcoles, en otro desarrollo en paralelo, la jueza ha decidido paralizar la instrucci¨®n del caso hasta que el tribunal de apelaciones y, en su caso, el Supremo, decidan sobre si Trump gozaba de inmunidad presidencial por sus actos, como alegan sus abogados, que han recurrido la resoluci¨®n de la jueza que lo negaba.

El Tribunal Supremo tiene una supermayor¨ªa conservadora de seis a tres. Tres de sus magistrados fueron nombrados por el propio Trump cuando era presidente. En un curso judicial marcado por las cuatro imputaciones contra el expresidente (en Nueva York, Florida, Washington y Georgia), estaba claro que alguna de sus derivadas llegar¨ªa hasta la c¨²spide judicial. Todav¨ªa hay m¨¢s casos contra Trump que pueden escalar hasta el Supremo.

En el caso de Fischer, el juez de distrito inicialmente le dio la raz¨®n en su petici¨®n de desestimar la acusaci¨®n por obstrucci¨®n, interpretando que la ley exig¨ªa haber realizado ¡°alguna acci¨®n con respecto a un documento, registro u otro objeto¡± para imponer una pena por obstruir un procedimiento oficial. Sin embargo, el Departamento de Justicia recurri¨® ante el tribunal de apelaciones del Distrito de Columbia que dijo que el art¨ªculo deb¨ªa aplicarse en este caso.

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