El Gobierno golpista de Mal¨ª proh¨ªbe toda actividad pol¨ªtica de partidos y asociaciones
Cada vez m¨¢s voces cr¨ªticas se alzan contra la junta militar dirigida por Assimi Go?ta y exigen la celebraci¨®n de elecciones
El Gobierno de Mal¨ª, bajo el mando del coronel Assimi Go?ta, aprob¨® este mi¨¦rcoles un decreto que establece ¡°la suspensi¨®n hasta nueva orden y en todo el territorio nacional de las actividades de los partidos pol¨ªticos y de las asociaciones de car¨¢cter pol¨ªtico¡±. El Ejecutivo de transici¨®n justifica dicha decisi¨®n por razones de seguridad y ¡°de orden p¨²blico¡± y la adopta apenas diez d¨ªas despu¨¦s de que m¨¢s de 80 partidos y colectivos de la sociedad civil reclamaran la celebraci¨®n de elecciones presidenciales ¡°en el plazo m¨¢s breve...
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El Gobierno de Mal¨ª, bajo el mando del coronel Assimi Go?ta, aprob¨® este mi¨¦rcoles un decreto que establece ¡°la suspensi¨®n hasta nueva orden y en todo el territorio nacional de las actividades de los partidos pol¨ªticos y de las asociaciones de car¨¢cter pol¨ªtico¡±. El Ejecutivo de transici¨®n justifica dicha decisi¨®n por razones de seguridad y ¡°de orden p¨²blico¡± y la adopta apenas diez d¨ªas despu¨¦s de que m¨¢s de 80 partidos y colectivos de la sociedad civil reclamaran la celebraci¨®n de elecciones presidenciales ¡°en el plazo m¨¢s breve posible¡±, algo que las autoridades malienses, que llegaron al poder mediante un golpe de Estado en 2020, rechazan de plano.
El decreto, que ha generado un fuerte debate en la sociedad maliense, fue anunciado a la opini¨®n p¨²blica en rueda de prensa por el ministro de Administraci¨®n Territorial y portavoz del Gobierno, el coronel Abdoulaye Ma?ga, quien acus¨® a la clase pol¨ªtica de ¡°debates est¨¦riles¡± y de llevar a cabo ¡°acciones de subversi¨®n¡±. Por todo ello, a?adi¨®, en un momento de desaf¨ªos en materia de seguridad por la actividad de grupos armados yihadistas e independentistas tuaregs, es necesario instaurar ¡°un clima de serenidad¡± a la espera de la apertura de un ¡°di¨¢logo nacional¡±.
Los militares malienses llegaron al poder aupados por una gran movilizaci¨®n popular que se vio incluso reforzada por sus victorias militares con el apoyo de Rusia, su nuevo aliado internacional, como la toma de Kidal el pasado noviembre de manos de los rebeldes tuaregs. Sin embargo, el incumplimiento de su promesa de organizar unas elecciones libres y transparentes para dejar el poder a los civiles, cuyo plazo expir¨® el pasado 26 de marzo, y el recorte generalizado de derechos y libertades han comenzado a erosionar este sost¨¦n y cada vez m¨¢s voces se elevan para reclamar unos comicios.
Uno de los opositores m¨¢s peligrosos para la junta militar es el influyente imam salafista Mahmoud Dicko, uno de los art¨ªfices de la movilizaci¨®n popular que en agosto de 2020 provoc¨® la ca¨ªda del entonces presidente Ibrahim Boubacar Keita y la subida al poder de los militares. Sin embargo, hoy su ruptura con Go?ta es total. Tanto Dicko, que se encuentra en Argelia desde diciembre, como sus seguidores se han lanzado desde hace meses a una campa?a de denuncia de ¡°la corrupci¨®n, el nepotismo y el mal gobierno¡± de la junta militar que ha ¡°confiscado¡± el poder. En respuesta, el Gobierno ilegaliz¨® el pasado 6 de marzo a la Coordinadora de Movimientos, Asociaciones y Simpatizantes de Dicko (CMAS), mientras que la actividad del colectivo Sinergia de Acci¨®n por Mal¨ª, formado por unos 30 partidos bajo el manto del imam, fue prohibida en Bamako.
Pero no est¨¢n solos. M¨¢s de 80 partidos y asociaciones malienses exigieron el pasado 1 de abril a las autoridades mediante un comunicado ¡°crear las condiciones de una concertaci¨®n r¨¢pida e inclusiva para la puesta en marcha de una arquitectura institucional con el objetivo de organizar, en el tiempo m¨¢s breve posible, las elecciones presidenciales¡±. Adem¨¢s, amenazaban con recurrir ¡°a todas las v¨ªas legales y leg¨ªtimas para la vuelta al orden constitucional¡±. Asimismo, la Red de Defensores de Derechos Humanos de Mal¨ª record¨® al presidente Go?ta que en junio de 2022 adquiri¨® el compromiso de dejar el poder antes del 26 de marzo de 2024, promesa que no ha cumplido.
A esta acci¨®n tambi¨¦n se han unido jueces y fiscales reunidos en dos colectivos, que hicieron p¨²blica otra nota de prensa en la que recordaban a las autoridades que desde el d¨ªa 26 ¡°carecen de mandato o poder para representar a Mal¨ª¡± y, adem¨¢s, ped¨ªan a la junta militar que cesara en sus ataques contra las libertades p¨²blicas, como la disoluci¨®n por decreto de la principal asociaci¨®n de estudiantes del pa¨ªs el pasado 13 de marzo. Pocos d¨ªas antes, el coronel Alpha Yahya Sangar¨¦ fue detenido tras publicar un libro en el que denunciaba los asesinatos y cr¨ªmenes contra civiles cometidos por el Ej¨¦rcito maliense, como la masacre de Moura de 2022, en la que soldados y presuntos mercenarios de Wagner ejecutaron a unos 500 civiles y violaron a unas 60 mujeres y ni?as, seg¨²n un informe de Naciones Unidas.
Mientras las libertades sufren un enorme desgaste en Mal¨ª, la situaci¨®n en sus pa¨ªses vecinos donde tambi¨¦n gobiernan juntas militares salidas de golpes de Estado en los ¨²ltimos tres a?os, no es mucho mejor. En Burkina Faso son moneda corriente las detenciones de activistas de derechos humanos y miembros de partidos pol¨ªticos cr¨ªticos con el capit¨¢n Ibrahim Traor¨¦ para ser llevados a la fuerza a combatir contra los grupos yihadistas. En N¨ªger, el depuesto presidente Mohamed Bazoum contin¨²a retenido por los militares y, en ambos pa¨ªses, la actividad de colectivos de la sociedad civil y periodistas es sometida a un fuerte control.
Tras subir al poder, los militares que gobiernan en Mal¨ª, Burkina Faso y N¨ªger expulsaron a las tropas francesas de su territorio y se acercaron a Rusia como nuevo gran aliado. Asimismo, los tres gobiernos decidieron abandonar el G-5 del Sahel y la Comunidad Econ¨®mica de Estados de ?frica Occidental (Cedeao). Al mismo tiempo, crearon la Asociaci¨®n de Estados del Sahel (AES) para aunar esfuerzos en la lucha contra las ramas sahelianas de Al Qaeda y el Estado Isl¨¢mico que desde hace m¨¢s de una d¨¦cada operan en sus respectivos territorios y que han provocado m¨¢s de 30.000 muertos y unos 3,8 millones de refugiados y desplazados internos, seg¨²n ACNUR, la agencia de refugiados de la ONU.
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