El Estado mexicano se atraganta con el caso Pegasus

Herencia de los a?os de Enrique Pe?a Nieto en el poder en M¨¦xico, el caso Pegasus sigue en el limbo de asuntos pendientes de la actual Administraci¨®n. En m¨¢s de a?o y medio, los avances de la fiscal¨ªa son escasos. El presidente, Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, ha insistido varias veces en que su Gobierno no ha usado el Pegasus ni ning¨²n otro software esp¨ªa. ¡°No estamos metidos en eso, aqu¨ª se decidi¨® que no se iba a perseguir a nadie¡±, dijo el mandatario en noviembre. El Ejecutivo busca as¨ª distanciarse de uno de los mayores esc¨¢ndalos del sexenio pasado, pero no existe ning¨²n documento oficial emitido por Presidencia que ordene el cese del uso del software adquirido durante el sexenio anterior. La lentitud de los investigadores que llevan el caso inquieta a activistas y afectados.

La lejan¨ªa con el malware que dibuja el Gobierno de L¨®pez Obrador es ficticia. Bien entrada su Administraci¨®n, a mediados del a?o pasado, ciudadanos mexicanos fueron infectados con el Pegasus, un programa de espionaje propiedad de la compa?¨ªa israel¨ª NSO Group. No fueron solo mexicanos, fueron cientos en todo el mundo, que sufrieron una brecha de seguridad en WhatsApp, aprovechada por el programa esp¨ªa. La empresa siempre ha defendido que solo vende Pegasus a Gobiernos. El ataque del a?o pasado a?ade preguntas a c¨®mo se ha usado el malware en M¨¦xico.

Varias dependencias adquirieron el programa durante los a?os de Pe?a Nieto, entre ellas la fiscal¨ªa y los servicios de inteligencia. A la vez, activistas, periodistas y abogados, apoyados por peritos tecnol¨®gicos del prestigioso Citizen Lab de la Universidad de Toronto, denunciaron intentos de pirateo en sus celulares. Eran mensajes de texto, de contenido personal, siempre acompa?ados de un enlace web. Los peritos certificaron que los enlaces eran en realidad la llave que usar¨ªa Pegasus para apoderarse del tel¨¦fono. Con el programa en el celular de la v¨ªctima, los clientes de NSO Group ten¨ªan acceso a todo su contenido.

¡°No ha habido noticia alguna y esto es muy grave. Deber¨ªa ser del inter¨¦s, como algunos otros casos¡±, critica Alejandro Calvillo, de la organizaci¨®n El Poder del Consumidor, que durante a?os ha cabildeado a favor de imponer un impuesto a los refrescos. En 2016, en plena discusi¨®n sobre este impuesto en M¨¦xico, Calvillo recibi¨® dos mensajes extra?os de n¨²meros desconocidos. Un texto sugerente y un enlace. El primero no lo abri¨®. El segundo mencionaba una nota en una revista que ten¨ªa que ver con ¨¦l y lo abri¨®. Su tel¨¦fono se infect¨®. Su caso fue uno de los primeros que salieron a la luz p¨²blica en el pa¨ªs. En pocos meses salieron m¨¢s, entre ellos el de periodistas cr¨ªticos con el Gobierno como Carmen Aristegui o abogados del equipo legal de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Con el esc¨¢ndalo, la fiscal¨ªa abri¨® una investigaci¨®n. Tres a?os y un Gobierno despu¨¦s a¨²n no hay resultados.

Las sospechas siempre apuntaron a la propia fiscal¨ªa, agencia investigadora del Estado, entonces dependiente del Gobierno. El motivo es que investigaciones period¨ªsticas airearon los contratos de la dependencia con los intermediarios de NSO Group en M¨¦xico. Adem¨¢s, la prensa divulg¨® algunos detalles sobre la indagatoria cuando reci¨¦n empezaron las pesquisas, en 2017.

A principios del a?o pasado, el Instituto Nacional de Acceso a la Informaci¨®n concluy¨® su investigaci¨®n sobre la relaci¨®n entre la fiscal¨ªa y el software. El instituto detect¨® diferentes irregularidades. Quiz¨¢ la m¨¢s llamativa fue que la agencia investigadora, que hab¨ªa gastado al menos 32 millones de d¨®lares en el programa, aseguraba que no lo hab¨ªa usado. Cuestionada por el instituto, la fiscal¨ªa inform¨® adem¨¢s de que hab¨ªa desinstalado el programa. Para Luis Fernando Garc¨ªa, director de la Red de Defensa de los Derechos Digitales, estos dos aspectos resultan claves en la investigaci¨®n. ¡°Hubo varias declaraciones escandalosas. Una fue que no lo hab¨ªan usado, lo cual no tiene sentido, pues se gastaron millones de d¨®lares. Y la desinstalaci¨®n es problem¨¢tica, porque no est¨¢ claro qu¨¦ informaci¨®n se pudo haber perdido, sobre todo cuando hay una investigaci¨®n en curso¡±.

De los servicios de inteligencia no se ha sabido demasiado. De hecho, siempre negaron haber adquirido el sistema de espionaje, hasta que en mayo de este a?o, la Secretar¨ªa de Seguridad P¨²blica lo reconoci¨®, de pasada, en un comunicado. ¡°El programa Pegasus es una plataforma de origen israel¨ª adquirida en la administraci¨®n del expresidente Enrique Pe?a Nieto en 2014 por el CISEN, hoy CNI, -nombre pasado y presente de los servicios de inteligencia. Su licencia venci¨® en 2017, sin que se renovara posteriormente¡±, le¨ªa el texto del comunicado.

El ataque del a?o pasado, con afectaci¨®n a ciudadanos mexicanos, actualiza las sospechas sobre el uso que las dependencias han hecho del malware. Si los servicios de inteligencia no renovaron la licencia y la fiscal¨ªa lo desinstal¨®, ?qui¨¦n estuvo detr¨¢s de los ataques de abril y mayo de 2019 en M¨¦xico?

L¨®pez Obrador ha asegurado que su Gobierno no usa el Pegasus o cualquier otro programa esp¨ªa. No existe, sin embargo, un rastro burocr¨¢tico de que la administraci¨®n p¨²blica haya dejado de usar el software. EL PA?S realiz¨® una serie de solicitudes de informaci¨®n para saber si Presidencia emiti¨® en alg¨²n momento un memor¨¢ndum que obligase a las dependencias p¨²blicas a desinstalar el programa de vigilancia de sus equipos. Excepto la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica -que evadi¨® la pregunta-, el resto de las dependencias dicen que nunca recibieron una orden oficial para borrarlo de sus computadoras.

El CNI, por ejemplo, dice que ¡°no cuenta con registros¡± de haber recibido esa disposici¨®n. Sedena admite no tener ¡°evidencia documental¡± de tal solicitud. ¡°No existe ninguna orden¡±, responde Secretar¨ªa de Gobernaci¨®n. La Secretar¨ªa de Seguridad, pese al comunicado emitido en mayo, reconoce no haber encontrado registro tras ¡°una b¨²squeda exhaustiva¡±. Se?ala, adem¨¢s, que es la Consultor¨ªa Jur¨ªdica del Ejecutivo quien emite este tipo de disposiciones. Consultada por este peri¨®dico, la Consejer¨ªa Jur¨ªdica confirm¨® el pasado 29 de julio lo mismo: el Gobierno no envi¨® ninguna orden oficial a sus dependencias para cancelar o suspender el uso de Pegasus desde su llegada al poder en 2018.