El Gobierno investiga la gesti¨®n de las prisiones durante los a?os de Calder¨®n y Pe?a Nieto

Los contratos de administraci¨®n de ocho prisiones de gesti¨®n p¨²blico-privada han irrumpido con fuerza en el escenario de corruptelas que alimenta el actual Gobierno en M¨¦xico. Mientras la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica (FGR) desmadeja el ovillo del caso Odebrecht, la corrupci¨®n en Pemex o el desv¨ªo masivo de recursos a trav¨¦s de secretar¨ªas de Gobierno durante los a?os de Enrique Pe?a Nieto (2012-2018), un nuevo asunto asoma entre bambalinas, esta vez con el sistema penitenciario de fondo. Son miles de millones de d¨®lares en gasto p¨²blico, que expertos consultados por EL PA?S llaman, en el mejor de los casos, ¡°exagerado¡± y en el peor, ¡°un robo¡±.

Esta semana, el presidente Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador ha denunciado que el costo de administrar estas ocho c¨¢rceles durante los ¨²ltimos nueve a?os ¡ªtodo el sexenio de Pe?a Nieto, m¨¢s dos a?os de Felipe Calder¨®n (2006-2012)¡ª super¨® los 75.000 millones de pesos, a raz¨®n de 3.819 pesos por reo al d¨ªa, unos 200 d¨®lares. ¡°Obviamente aqu¨ª hubo abusos de todo tipo¡±, dijo el mandatario este mi¨¦rcoles en conferencia de prensa. A modo de comparativa, el Ejecutivo inform¨® de que en los penales de Ciudad de M¨¦xico, el gasto diario por reo es de 500 pesos.

Se trata de prisiones de gesti¨®n p¨²blico-privada, construidas por empresas que luego obtuvieron contratos para su administraci¨®n. ¡°Los beneficiarios de estos contratos estaban muy vinculados al poder¡±, ha dicho L¨®pez Obrador. Las prisiones se construyeron durante los a?os de Felipe Calder¨®n y los contratos de administraci¨®n se firmaron a finales de su mandato, siete en diciembre de 2010 y uno en marzo de 2011. La doctora Elena Azaola, que ha investigado las prisiones mexicanas durante los ¨²ltimos 40 a?os, explica que el origen de este modelo ¡°es la existencia de grandes compa?¨ªas con una gran capacidad de cabildeo y de corrupci¨®n de funcionarios. Al calor de la guerra contra las drogas [a principios de los a?os de Calder¨®n] se preve¨ªa que la poblaci¨®n carcelaria iba a crecer y por eso se hicieron estos centros¡±, explica.

En los a?os de Calder¨®n, Azaola formaba parte del consejo ciudadano de la Secretar¨ªa de Seguridad P¨²blica federal, encabezada entonces por Genaro Garc¨ªa Luna, hoy preso en Estados Unidos por narcotr¨¢fico. ¡°En el tema de las c¨¢rceles le dije que no estaba claro que el modelo p¨²blico-privado fuera el adecuado y que la relaci¨®n costo beneficio no era la mejor¡±, dice.

Preguntada por las denuncias de abuso de L¨®pez Obrador, Azaola recuerda lo que pens¨® entonces. ¡°Y el robo¡­ Yo siempre insist¨ª en que revisaran los contratos. Lo palpa uno cuando ve todo ese exceso de kil¨®metros de concreto: ?Tienen que recorrerlo en cochecitos de golf!¡±.

En el sexenio de Pe?a Nieto, Eduardo Guerrero dirigi¨® durante un a?o el ?rgano Administrativo Desconcentrado de Prevenci¨®n y Readaptaci¨®n Social, dependencia que gestiona las c¨¢rceles federales. ¡°Cuando yo estuve, el 70% del presupuesto se iba en el pago de estos contratos. Es exagerado¡±, se?ala. ¡°Debe llegarse a un acuerdo con los proveedores¡±.

Guerrero retoma uno de los puntos que toc¨® L¨®pez Obrador el mi¨¦rcoles: el futuro. Los 75.000 millones de pesos abonados a los proveedores son apenas un tercio del monto comprometido hasta el fin de los contratos, que vencen en 2032. El total asciende a 266.000 millones de pesos, 14.000 millones de d¨®lares al cambio actual. ¡°Los costos son excesivos, porque hay una sobredimensi¨®n de lo que debe ser el centro. Por ejemplo, el penal femenil de Morelos se hizo en 105 hect¨¢reas. T¨² no necesitas tanto espacio, porque adem¨¢s lo vuelves inoperante¡±. Preguntado por si tuvo sospechas sobre el monto de los contratos que hered¨®, responde: ¡°Nosotros nunca tuvimos acceso a costos ni a corridas financieras. No ten¨ªamos acceso a ese tipo de informaci¨®n. No te s¨¦ decir si tuve sospechas o no. Lo que s¨ª te digo es que era exagerado¡±.

Para Saskia Ni?o de Rivera, directora de la organizaci¨®n Reinserta, dedicada a fiscalizar las prisiones, el tema de fondo es ¡°el olvido del sistema penitenciario¡±. Ni?o de Rivera sostiene que ¡°son muchos sexenios en que han usado el sistema penitenciario para enriquecerse, dar contratos, etc¨¦tera. Muchos de los contratos del sexenio pasado tuvieron que ver con campa?as electorales. Hay mordidas por todos lados y acuerdos por todos lados de c¨®mo van a inflar los precios¡±.

Al fondo, Garc¨ªa Luna

En su denuncia del mi¨¦rcoles, L¨®pez Obrador y su equipo se?alaron los contratos de gesti¨®n de las prisiones, pero no dijeron nada de los acuerdos para su construcci¨®n o el dinero que se gast¨® en ello. El Gobierno no ha informado de si existe documentaci¨®n al respecto o si hay investigaciones abiertas. En cualquier caso, el nombre de Garc¨ªa Luna aparece de fondo.

En octubre del a?o pasado, L¨®pez Obrador denunci¨® en conferencia de prensa un contrato firmado durante los a?os de Calder¨®n con una empresa, Nunvav, para un servicio en una c¨¢rcel en Guanajuato. Haciendo detall¨® m¨¢s tarde que el contrato, firmado para adquirir un equipo de vigilancia, ascend¨ªa a 19 millones de d¨®lares, de los que ya se hab¨ªan desembolsado 14. La dependencia explic¨® que no pag¨® el resto porque no encontr¨® evidencia de la puesta en marcha del sistema.

En su libro Los Millonarios de la Guerra, la periodista Peniley Ram¨ªrez narra c¨®mo una familia de amigos de Garc¨ªa Luna, los Weinberg, intermediarios de empresas de seguridad israel¨ªes, consiguieron contratos del Gobierno federal durante los a?os de Calder¨®n y Pe?a Nieto. Los Weinberg usaron una red de compa?¨ªas para conseguir los contratos, entre ellas Nunvav. La denuncia que present¨® hace unos meses la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretar¨ªa de Hacienda ante la FGR contra Garc¨ªa Luna tiene que ver con los contratos de Nunvav.

No est¨¢ demasiado claro qu¨¦ otros contratos se firmaron entonces entre la Secretar¨ªa de Seguridad P¨²blica y la red de los Weinberg. En su libro, Ram¨ªrez narra un episodio que, dice, contrast¨® con hasta cuatro fuentes. En abril de 2012, a unos meses del fin del Gobierno de Calder¨®n, funcionarios de la Secretar¨ªa de Seguridad P¨²blica destruyeron documentos en la oficina de Vanesa Pedraza, funcionaria de la coordinaci¨®n de asesores de Garc¨ªa Luna. ¡°Eran expedientes de concursos, contrataci¨®n y supervisiones de contratos que los Weinberg hab¨ªan obtenido con la Seguridad P¨²blica. Los expedientes abarcaban la negociaci¨®n del equipamiento con tecnolog¨ªa de seguridad para el nuevo sistema de c¨¢rceles federales¡±, narra la reportera.