Esc¨¢ndalos y conflictos de inter¨¦s en el Tribunal Electoral mexicano
Los siete magistrados deben calificar las elecciones m¨¢s grandes de la historia expuestos a presiones, se?alamientos de corrupci¨®n y cercan¨ªa partidista. En los dos ¨²ltimos a?os exfuncionarios cercanos al PRI y a la Administraci¨®n Pe?a Nieto han sido contratados por los jueces
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci¨®n se encuentra bajo todo tipo de presiones. La sala superior debe calificar los comicios de junio de 2021, las m¨¢s grandes de la historia de M¨¦xico con la renovaci¨®n de la C¨¢mara de Diputados y la elecci¨®n de 15 gobernadores y otros 2.000 cargos. Los siete magistrados que la componen ¡ªquienes llegaron al cargo propuestos y votados por los partidos pol¨ªticos en 2016¡ª pueden anular cualquier proceso y revertir los resultados de las competencias. En los ¨²ltimos meses, sin embargo, este ¨®rgano ¨²nico en su tipo en el pa¨ªs se encuentra tocado por esc¨¢ndalos de corrupci¨®n y acusaciones de conflictos de inter¨¦s que debilitan la principal fortaleza de un juez, su independencia. La credibilidad de su presidente est¨¢ en entredicho pues enfrenta se?alamientos de enriquecimiento inexplicable. Adem¨¢s, durante los dos ¨²ltimos a?os, los magistrados han inclinado a¨²n m¨¢s la balanza de cercan¨ªa partidista con contrataciones de exfuncionarios muy cercanos a la Administraci¨®n de Enrique Pe?a Nieto.
¡°Es tanta la incertidumbre que genera el Tribunal Electoral que no es exagerado decir que hoy es posible ganar en la mesa lo que se perdi¨® en las urnas¡±, se?ala Javier Mart¨ªn Reyes, profesor de la Divisi¨®n de Estudios Jur¨ªdicos del CIDE. ¡°La mayor¨ªa de sus integrantes ha dictado sentencias insostenibles en t¨¦rminos jur¨ªdicos y que evidencian una clara subordinaci¨®n al poder en turno¡±, a?ade el acad¨¦mico.
El mi¨¦rcoles 8 de agosto de 2018, Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador entr¨® por las puertas del Tribunal como el ganador indiscutible de las elecciones presidenciales. El pol¨ªtico arribaba a finiquitar un formalismo, recoger la constancia que lo convert¨ªa oficialmente en presidente electo. Quienes estuvieron dentro de la sesi¨®n solemne describen la complicidad entre los funcionarios y el r¨¦gimen que llegar¨ªa al poder el 1 de diciembre. ¡°Hab¨ªa quienes estaban cerca de desnucarse con tal de cruzar una mirada con el presidente¡±, cuenta una persona presente en el acto y que no quiere que sea citado su nombre. Aquella ma?ana hubo varias peticiones para cambiar la disposici¨®n de los asientos. Muchos quer¨ªan sentarse en los pasillos, cerca de L¨®pez Obrador o saludarlo en su ingreso o su salida. Comenzaba el eclipse del poder en turno a los jueces encargados de impartir justicia a los partidos.
El nuevo Gobierno llam¨® pronto a la puerta del tribunal. El s¨¢bado 8 de diciembre de 2018, siete d¨ªas despu¨¦s de que L¨®pez Obrador jurara el cargo, un grupo de personeros desayun¨® con la magistrada Janine Otalora, presidenta del Tribunal Electoral. Los interlocutores eran Julio Scherer, el consejero jur¨ªdico de la presidencia; Arturo Zald¨ªvar, juez de la Suprema Corte y quien semanas despu¨¦s se convertir¨ªa en titular del Poder Judicial, y un senador de Morena, el partido del Gobierno, seg¨²n han confirmado a EL PA?S dos participantes del encuentro. Buscaban que Ot¨¢lora apoyara en la votaci¨®n, programada para horas m¨¢s tarde, de un proyecto que invalidaba las elecciones de gobernador de Puebla de julio, donde el conservador PAN se hab¨ªa impuesto a Morena en una cerrada elecci¨®n. El grupo abandon¨® el encuentro sin compromiso de Ot¨¢lora. El voto de la presidenta fue determinante para avalar el triunfo, cuatro votos contra tres, de la panista Martha ?rika Alonso, quien falleci¨® en un accidente a¨¦reo 16 d¨ªas despu¨¦s.
Janine Ot¨¢lora renunci¨® a la presidencia del tribunal el 23 de enero de 2019. La magistrada lo hab¨ªa presidido desde noviembre de 2016 y a¨²n le restaba m¨¢s de un a?o para agotar cuatro a?os de mandato. La jueza tir¨® la toalla al reconocer en un comunicado que el pa¨ªs viv¨ªa ¡°una nueva ¨¦poca¡± y que daba un paso atr¨¢s para ¡°adaptarse a los cambios¡± y facilitar la transici¨®n del TEPJ. En su lugar qued¨® el magistrado Felipe Fuentes Barrera, quien lleg¨® al cargo en la misma fecha que Ot¨¢lora pero impulsado por la bancada del PRI en el Senado.
La llegada de Fuentes Barrera aceler¨® un proceso de veloces cambios al interior del organismo. Era un presidente sustituto y deb¨ªa cubrir los 22 meses faltantes de la gesti¨®n de Otalora, ocho de ellos en plena pandemia. Fuentes Barrera realiz¨® 798 movimientos al interior del Tribunal, que tiene 1.535 plazas de trabajo. En solo 18 meses, el interino dispuso cambiar al 51% del personal de la instituci¨®n de acuerdo a documentos revisados por EL PA?S. La mayor¨ªa de estos ajustes fueron de mandos medios y superiores.
Muchos de los perfiles elegidos por Fuentes Barrera tienen v¨ªnculos con grupos pol¨ªticos. Especialmente con el Partido Revolucionario Institucional (PRI). No existe ninguna prohibici¨®n en la ley para que personas con antecedentes en los partidos pol¨ªticos desempe?en cargos en el Tribunal, pero las simpat¨ªas del magistrado fueron claras. El presidente Enrique Pe?a Nieto (2012-2018) lo propuso en noviembre de 2015 en una terna para ocupar un asiento en la Suprema Corte de Justicia. La vacante fue resuelta con el pol¨¦mico Eduardo Medina Mora. ¡°Esta es una de las muchas caras de la partidizaci¨®n del Tribunal. Es grav¨ªsimo para un Tribunal que deber¨ªa ser y parecer lo m¨¢s independiente posible respecto de los partidos¡±, considera el acad¨¦mico Javier Mart¨ªn Reyes, quien fue asesor de Ot¨¢lora dentro del Tribunal.
Entre las altas aprobadas por Fuentes Barrera estuvo la de Gabriela Ch¨¢gary Lammel y Vicente Barrera Rodr¨ªguez como Directora General de Relaciones Institucionales y asistente del coordinador general de asesores, respectivamente. Antes de llegar al Poder Judicial, ambos formaron parte del equipo de escritores de discursos de Enrique Pe?a Nieto en Los Pinos.
Luis Ra¨²l Flores Arreola se convirti¨® en jefe de unidad en la Direcci¨®n General de Sistemas. En el Gobierno anterior, Flores fue el secretario particular de Arely G¨®mez Gonz¨¢lez, secretaria de la Funci¨®n P¨²blica (SFP) y Fiscal general durante la Administraci¨®n priista. Mientras otros colaboradores de Pe?a Nieto son perseguidos por el actual Gobierno de L¨®pez Obrador, G¨®mez fue una de las pocas exfuncionarias que tuvo continuidad en el servicio p¨²blico federal. Desde enero de 2019 es contralora del Poder Judicial. Otros exempleados de G¨®mez en la SFP y la PGR tambi¨¦n hallaron cobijo en el Tribunal Electoral. Es el caso de Jorge Mier y de la Barrera, quien se desempe?¨® hasta noviembre de 2020 como Coordinador general de asesores del presidente Fuentes Barrera con un sueldo de 121.000 pesos.
No todos los nombramientos tienen v¨ªnculos con el PRI. Entre las altas registradas en 2020 se encuentra la de Mar¨ªa Creel Garza R¨ªos, hija de Santiago Creel, quien fue el secretario de Gobernaci¨®n (Interior) del presidente Vicente Fox (2000-2006) y uno de los perfiles m¨¢s destacados del conservador Partido Acci¨®n Nacional (PAN). Creel Garza R¨ªos, quien egres¨® de la licenciatura en la UNAM en 2015, se desempe?a como dictaminadora dentro de una secretar¨ªa administrativa con un sueldo de 86.000 pesos mensuales.
Contrataciones y esc¨¢ndalos
Otro cambio se hizo en el ¨¢rea de Protecci¨®n institucional, encargada de la seguridad, vigilancia y protecci¨®n de la red del organismo y que tiene uno de los sueldos m¨¢s altos dentro del Tribunal: 118.800 pesos mensuales. Fuentes Barrera eligi¨® como director general a Otoniel L¨®pez Trevi?o, quien tiene experiencia en la materia, pero carece de un t¨ªtulo universitario de acuerdo al curr¨ªculum consultado por EL PA?S, uno de los requisitos de la normativa interna del Tribunal. L¨®pez Trevi?o trabaj¨®, desde enero de 1994 y hasta agosto de 2011 en el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen), el centro de espionaje mexicano.
En sus casi 20 a?os en el Cisen, L¨®pez Trevi?o coincidi¨® con el ahora magistrado electoral Jos¨¦ Luis Vargas Valdez, quien trabaj¨® en el centro de Inteligencia entre 2007 y 2010. Vargas, quien trabaj¨® tambi¨¦n un tiempo bajo las ¨®rdenes de Santiago Creel en Gobernaci¨®n, lleg¨® al Tribunal impulsado por senadores del PRI en 2016. Ten¨ªa a su cargo la Comisi¨®n de Administraci¨®n del ¨®rgano hasta que en noviembre se dio un enroque. ?l tom¨® el relevo de Fuentes Barrera en la presidencia del organismo y este pas¨® a encabezar las tareas administrativas.
Los tres meses de Vargas a la cabeza de la instituci¨®n han estado rodeados de pol¨¦micas. En noviembre, el diario Reforma hizo p¨²blico que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretar¨ªa de Hacienda hab¨ªa acudido ante la Fiscal¨ªa meses antes a realizar una denuncia por lavado de dinero y enriquecimiento il¨ªcito. El patrimonio del magistrado, quien tiene una larga carrera en la Administraci¨®n p¨²blica y como litigante al servicio de pol¨ªticos, despert¨® la sospecha de las autoridades. En seis a?os, el juez gast¨® 36 millones de pesos (1.7 millones de d¨®lares) m¨¢s que sus ingresos declarados. El fiscal de la UIF argument¨® que tan solo en tarjetas de cr¨¦dito el abogado hab¨ªa erogado 29 millones de pesos en el periodo cuando hab¨ªa afirmado haber ganado 16 millones. Vargas rechaz¨® en un comunicado las acusaciones se?alando que el origen de su patrimonio ¡°es perfectamente l¨ªcito y est¨¢ plenamente acreditado¡±.
La cercan¨ªa de los jueces electorales y los pol¨ªticos no es nueva. Los expertos consideran que el pecado original para la actual conformaci¨®n del Tribunal se cometi¨® el 11 de octubre de 2016. Ese d¨ªa el PRI y el PAN, los partidos mayoritarios en el Senado entonces, votaron por extender el mandato de cuatro de los siete magistrados. Los partidos de izquierdas, entre los que estaba Morena, se opusieron a la propuesta urdida por el consejero jur¨ªdico del presidente Enrique Pe?a Nieto, Humberto Castillejos. Tras el aval del Congreso, los magistrados Felipe Fuentes y Reyes Rodr¨ªguez pasaron de un cargo de 6 a?os a uno de 8. Los magistrados M¨®nica Soto, Janine Ot¨¢lora y Felipe de la Mata quedaron con el mismo plazo de 9 a?os. Estos cinco funcionarios calificaron la elecci¨®n de 2018 y lo har¨¢n tambi¨¦n de las presidenciales de 2024. Vargas, quien preside el Tribunal, pas¨® tras la votaci¨®n legislativa de 3 a?os a 7 al igual que Indalfer Fern¨¢ndez. Ambos dejar¨¢n el ¨®rgano en noviembre de 2023.
Para Javier Mart¨ªn Reyes, especialista en derecho constitucional y electoral, aquella votaci¨®n lanz¨® un mensaje claro de los partidos a las y los magistrados. Los pol¨ªticos pod¨ªan premiarlos con designaciones y ampliaciones en los plazos, pero tambi¨¦n pod¨ªan castigarlos. ¡°Por desgracia, la mayor¨ªa de sus integrantes ha actuado en consecuencia. Los magistrados que antes sol¨ªan favorecer al PRI ahora juegan a favor de Morena y sus aliados, es decir, la nueva coalici¨®n dominante¡±.
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