Consulta a ciegas

La obsesi¨®n por el pasado del presidente de M¨¦xico, Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, le lleva a menudo a perderse en el presente. As¨ª le ocurri¨® con las protestas feministas del 8-M, donde mostr¨® su lado m¨¢s cavernario, y otro tanto le sucede con la consulta popular convocada para el 1 de agosto. La pregunta fue dise?ada originalmente para forzar la apertura de un proceso judicial contra los anteriores jefes de Estado (desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Pe?a Nieto). Un objetivo que pisoteaba la divisi¨®n de poderes y hac¨ªa saltar por los aires las bases del Estado de Derecho. Tras su paso por la Suprema Corte, esta carga antijur¨ªdica qued¨® desactivada, pero en el intento de hallar una v¨¢lvula de escape a los deseos presidenciales sin atentar contra los principios de la justicia, la consulta ha devenido en una fronda oscura, cuyo mero enunciado evidencia sus riesgos pol¨ªticos: ¡°?Est¨¢s de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones pol¨ªticas tomadas en los a?os pasados por los actores pol¨ªticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles v¨ªctimas?¡±.

A nadie se le escapa que el ¨¢rbol de posibilidades que abre esta pregunta es tal que da v¨ªa libre al presidente para que, en el caso de que triunfe el s¨ª, interprete sus efectos como m¨¢s le convenga. No se acotan las ¡°acciones pertinentes¡± ni las ¡°decisiones pol¨ªticas¡±. Tampoco los actores ni el tipo de ¡°proceso de esclarecimiento¡±. En este sentido, el que a¨²n resulte un misterio lo que realmente pretende L¨®pez Obrador con la iniciativa abona el temor a que acabe siendo un mero mecanismo de coerci¨®n pol¨ªtica.

Y si lo que se busca, como han indicado desde la Suprema Corte, es dar la oportunidad de iniciar un proceso de revisi¨®n civil al estilo de la Comisi¨®n de la Verdad colombiana, la senda no ha podido ser m¨¢s desafortunada. Porque si esa era la idea, deber¨ªa haberse abierto desde el Gobierno un tiempo de debate y explicaci¨®n que hubiese derivado en un conocimiento claro sobre la pertinencia, alcance y objetivo de dicha comisi¨®n. Nada de eso ha sucedido. Por el contrario, hasta la fecha, lo ¨²nico que se ha visto es c¨®mo se jugaba a la gallina ciega con el pueblo de M¨¦xico.

Junto a estas cuestiones de fondo, la consulta acarrea tambi¨¦n graves problemas formales. El Instituto Nacional Electoral ya ha dado la se?al de alarma: no hay presupuesto para organizar con garant¨ªas la votaci¨®n. Tampoco parece probable que el primer domingo de agosto se alcance una participaci¨®n suficiente para que sea vinculante. La ley exige para ello el 40% de la lista nominal de electores, es decir, m¨¢s de 37 millones de votos, algo que se antoja casi imposible si se compara con los resultados obtenidos en procesos electorales de mucho mayor inter¨¦s ciudadano.

Todo ello hace prever un gran fiasco, donde el probable triunfo del s¨ª sea, ante todo, el reflejo de la obcecaci¨®n presidencial por satisfacer sus sue?os de grandeza. Para la historia, sin embargo, lo que quedar¨¢ es un ejercicio de funambulismo pol¨ªtico y el desgaste in¨²til de un procedimiento de gran valor democr¨¢tico como la consulta popular.

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