Narcos y su ¡°derecho de r¨¦plica¡±

En alg¨²n momento los poderes salvajes de M¨¦xico asumieron que no por ilegales ten¨ªan que seguir siendo clandestinos. La amenaza difundida este lunes en contra de los diarios nacionales El Universal y Milenio, y particularmente de la conductora de Milenio TV, Azucena Uresti, es la ¨²ltima de una serie de acciones y posicionamientos que muestran la intenci¨®n de los c¨¢rteles de convertirse en un actor institucionalizado de la vida p¨²blica. Lo hab¨ªan mostrado en las elecciones de este verano, cuando amenazaron, secuestraron y eliminaron candidatos a alcald¨ªas y diputaciones que consideraban inconvenientes o compet¨ªan con aquellos que el crimen organizado asum¨ªa como favorables a sus intereses. No es un secreto que en muchos municipios del pa¨ªs estas bandas operan con la aquiescencia de los regidores, incluso de los gobernadores. Pero de alguna manera interpret¨¢bamos que hay una diferencia sustancial entre una autoridad que se hace de la vista gorda o que incluso se convierte en c¨®mplice de los criminales bajo la amenaza del plata o plomo, y otra que llega al poder mediante v¨ªas institucionales con el prop¨®sito de ser personero de un poder que se supon¨ªa clandestino.

Ayer en Nuevo Laredo un grupo armado intent¨® rescatar a su jefe de manos del ej¨¦rcito, tras una captura que les tom¨® por sorpresa. El ataque fracas¨®, pero el mero intento revela el cambio de perspectiva de estos grupos frente al orden institucional. No se trat¨® de un operativo para propiciar la fuga o una estrategia para golpear en alg¨²n punto vulnerable un eslab¨®n de la cadena de aprisionamiento y traslado. Consisti¨® en un ataque frontal de poder a poder contra el ej¨¦rcito. Se supon¨ªa que las bandas criminales operaban en la clandestinidad y que cuando alg¨²n capo era detenido por las fuerzas armadas se asum¨ªa la p¨¦rdida y punto. Ya no.

La liberaci¨®n del hijo de El Chapo, tras su espectacular detenci¨®n hace dos a?os, represent¨® un parteaguas dentro de este proceso de ¡°institucionalizaci¨®n¡± de estos poderes salvajes. En lugar de intentar una fuga o, eventualmente, corromper a un juez, actividades criminales a las que por desgracia estamos acostumbrados, los c¨¢rteles se est¨¢n convirtiendo en interlocutores con capacidad de exigir y negociar abiertamente sus intereses, como un poder m¨¢s con derecho propio. El control de la ciudad de Culiac¨¢n por parte del C¨¢rtel de Sinaloa fue el recurso de extorsi¨®n para exigir al Estado una liberaci¨®n que es ¡°ilegal¡± por d¨®nde se le vea. Una decisi¨®n prudente que salv¨® vidas, quiz¨¢, pero el hecho es que la correlaci¨®n de fuerzas entre actores p¨²blicos qued¨® en evidencia. Y, por lo dem¨¢s, una prudencia que entra?a la convicci¨®n por parte del propio Estado de que en efecto no estaba en posibilidades de defender a los ciudadanos. Una vez que un grupo criminal asume que una ciudad le pertenece, la utiliza como reh¨¦n para negociar sus intereses y el Estado lo concede, es inevitable que tal grupo se conciba a s¨ª mismo como un actor con derechos propios frente al resto de las instituciones. Quiz¨¢ por ello de un tiempo a esta fecha invariablemente se presentan rigurosamente uniformados; no como una milicia clandestina sino como un ej¨¦rcito regular, brazo armado de una supuesta entidad pol¨ªtica con poder y control territorial.

Y el problema es que no solo ellos lo conciben as¨ª. Hace unos d¨ªas se difundi¨® que un grupo de familiares en busca de sus desaparecidos pidi¨® permiso para explorar en terrenos de un ejido en Matamoros, Tamaulipas. Pero el permiso no fue solicitado al gobierno ni se pidi¨® protecci¨®n de las autoridades para transitar por ¨¦l; con brutal realismo se solicit¨® el permiso al capo del lugar. Sol¨ªa ser una costumbre que los vecinos lo hicieran as¨ª en parajes accidentados y aislados en los que proliferaban los sembrad¨ªos clandestinos; pero desde hace un tiempo se trata ya de cabeceras municipales de Michoac¨¢n, Chiapas, Guerrero, adem¨¢s de Tamaulipas, y de una lista que poco a poco va creciendo.

Las amenazas, muchas veces cumplidas, en contra de periodistas y medios locales ha sido un flagelo desde hace d¨¦cadas; capos y pol¨ªticos irritados por coberturas que exhiben cr¨ªmenes y corrupciones en determinado territorio. Terrible como era, lo que ahora ha sucedido es de otra naturaleza. El video difundido de las amenazas en contra de los medios nacionales constituye una especie de r¨¦plica indignada por parte del crimen organizado, por una cobertura que a su juicio no les hace justicia. Ni siquiera se trata de una exigencia expl¨ªcita para que los medios a los que amenazan dejen de publicar sobre ellos, sino para que lo hagan de acuerdo a la imagen que ellos tienen de s¨ª mismos. Una actitud propia de un actor de poder, por m¨¢s que la v¨ªa y el contenido resulten inadmisibles para una sociedad que, en teor¨ªa, no puede aceptar la violencia como argumento de negociaci¨®n. Por desgracia se hizo antes y ahora afrontamos las consecuencias. El hecho de que el video sea autor¨ªa del l¨ªder del CJNG, difundido a trav¨¦s de un representante, o creaci¨®n de una banda rival con el prop¨®sito de afectarlo, no modifica la esencia del comunicado: se asumen como un interlocutor leg¨ªtimo frente a la sociedad en su conjunto.

Hizo bien el presidente en hacerse cargo de lo que representa esta amenaza y reaccionar con presteza ofreciendo protecci¨®n a las partes aludidas. Pero evidentemente lo que vimos es un s¨ªntoma de algo mucho m¨¢s grave. Los poderes salvajes parecen estar decididos a dejar de resolver lo que les importa debajo de la mesa y ahora buscan sentarse en ella e imponer sus condiciones como uno m¨¢s entre el resto de los protagonistas de la vida nacional. ?Qu¨¦ vamos a hacer al respecto?

@jorgezepedap

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