Las empresas de EE UU acusadas de tr¨¢fico de armas cuestionan la legalidad de la demanda de M¨¦xico

Los gigantes de la industria armamentista finalmente rompen el silencio tras ser acusadas por M¨¦xico de tr¨¢fico de armas. Las fabricantes han pedido este lunes que se deseche la demanda bajo dos argumentos principales: que el Estado mexicano no tiene la facultad legal de llevarlos a juicio y que no ha demostrado que sean responsables de la ola de violencia que azota al pa¨ªs. En algunos casos, se alega que las compa?¨ªas demandadas gozan de inmunidad en la legislaci¨®n estadounidense vigente. La respuesta est¨¢ dentro de lo que ya esperaban los litigantes mexicanos, que tendr¨¢n hasta el 22 de enero del pr¨®ximo a?o para responder de manera formal.

M¨¦xico demand¨® en septiembre pasado a 11 compa?¨ªas estadounidenses por pr¨¢cticas comerciales negligentes y falta de responsabilidad corporativa. Desde la perspectiva mexicana, las empresas se han enriquecido a expensas de armar a carteles del narcotr¨¢fico y otros grupos criminales, siendo deliberadamente omisos y negligentes en los controles de a qui¨¦n se venden y d¨®nde terminan sus productos. La querella se ha convertido en un asunto prioritario para el Gobierno de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador y el titular de Exteriores, Marcelo Ebrard, ha llevado este mismo lunes las consignas mexicanas a la tribuna del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

El debate encabezado por la delegaci¨®n mexicana en la ONU coincid¨ªa con un d¨ªa clave en el litigio: este lunes se venc¨ªa el plazo para que las empresas respondieran a la demanda civil, un documento de 130 p¨¢ginas. Sturm, Ruger & Company cuestion¨® en un memor¨¢ndum que M¨¦xico busque celebrar el juicio en Massachusetts. ¡°El Gobierno mexicano no es un ciudadano de Massachusetts¡±, se lee en el escrito, en donde se argumenta que no se ha logrado establecer de forma directa que la firma sea responsable de la violencia armada. ¡°Es justo concluir que el Gobierno mexicano simplemente sali¨® a buscar un foro y concluy¨® que Massachusetts podr¨ªa ser un foro favorable a sus demandas¡±, se agrega.

Barrett, fabricante de uno los fusiles preferidos por los grupos criminales, seg¨²n las autoridades mexicanas, se desentiende de las acusaciones y dice que es, en realidad, responsabilidad de M¨¦xico combatir el tr¨¢fico ilegal. ¡°Todas las acusaciones surgen de actos de criminales que compran armas ilegalmente, que las introducen de contrabando a trav¨¦s de la frontera entre M¨¦xico y Estados Unidos, que las entregan ilegalmente a otros criminales que forman parte de carteles del narcotr¨¢fico y que despu¨¦s abusan de esas armas de manera criminal en M¨¦xico¡±, se lee en otro documento presentado ante la corte.

Los argumentos se repiten en cada escrito de la defensa: cuestionan que Massachusetts sea una jurisdicci¨®n que pueda admitir la demanda y que se exista una relaci¨®n directa entre los fabricantes de armas y los grupos criminales. ¡°La preocupaci¨®n por el tr¨¢fico ilegal de armas de fuego a M¨¦xico es compartida a nivel nacional¡±, argumenta, por ejemplo, Glock. ¡°Sin embargo, no se alega que ning¨²n ciudadano de Massachusetts sufriera da?os por la conducta que se reclama en la querella¡±, agrega.

Colt, otro conocido fabricante, a?ade que la demanda debe desestimarse bajo la Ley de Protecci¨®n al Comercio Legal de Armas (PLCAA), un estatuto impulsado por los propios fabricantes durante la Administraci¨®n de George W. Bush que los blinda de cualquier litigio iniciado por terceros en suelo estadounidense. ¡°La inmunidad de PLCAA est¨¢ sujeta a pocas excepciones¡±, dice la compa?¨ªa. El equipo mexicano defiende que esas normas no tienen un alcance extraterritorial y como los da?os se produjeron en M¨¦xico, las empresas no gozan de inmunidad legal.

Los 11 demandados emitieron una respuesta en conjunto y algunos de ellos, otra por separado. ¡°Las compa?¨ªas de armas fuego no tienen el deber legal de proteger al Gobierno mexicano de criminales mexicanos que abusan de esas armas en M¨¦xico¡±, se lee en el memor¨¢ndum conjunto, que tiene m¨¢s de 40 p¨¢ginas.

Funcionarios mexicanos dijeron a EL PA?S que estaba prevista una ¡°campa?a de desprestigio¡±, buscando retratar a las autoridades del pa¨ªs como incompetentes y corruptas. ¡°Comienza la esgrima jur¨ªdica¡±, ha dicho Alejandro Celorio, el consultor jur¨ªdico de la Canciller¨ªa mexicana, a cargo del caso. ¡°Hoy no se gana ni se pierde el litigio¡±, insisti¨® Celorio a trav¨¦s de redes sociales.

Despu¨¦s de que M¨¦xico responda, el juez deber¨¢ decidir si se analiza la propuesta de desestimar el caso o si se sigue adelante con el litigio. Ambas partes han anticipado un proceso largo. La cifra de reparaci¨®n que se hab¨ªa manejado hace meses era de miles de millones de d¨®lares, pero para llegar a un juicio y un veredicto es posible que pasen meses o, incluso, a?os. M¨¢s all¨¢ de lo legal, la batalla medi¨¢tica y diplom¨¢tica ya escribe sus primeros cap¨ªtulos.

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