M¨¦xico demanda a 11 compa?¨ªas en Estados Unidos por facilitar el tr¨¢fico ilegal de armas

M¨¦xico quiere llevar a juicio a m¨¢s de una decena de fabricantes y distribuidores de armamento. El Gobierno de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador ha presentado este mi¨¦rcoles una demanda civil en contra de 11 empresas de producci¨®n y distribuci¨®n de armas en Estados Unidos a quienes acusa de emprender ¡°pr¨¢cticas comerciales, negligentes e il¨ªcitas, que facilitan el tr¨¢fico ilegal de armas a M¨¦xico¡±. La Secretar¨ªa de Relaciones Exteriores ha confirmado que la acci¨®n legal ha sido presentada ante una corte federal en Boston (Massachusetts) con el objetivo de detener el flujo de armamento ilegal que llega al pa¨ªs desde Estados Unidos.

El Gobierno mexicano afirma que la venta ilegal de estos fabricantes y distribuidores estuvo detr¨¢s de al menos 17.000 asesinatos en 2019 y que del 70% al 90% de las armas decomisadas en su territorio vienen de Estados Unidos. ¡°No lo hacemos para meter presi¨®n a EEUU, sino para que no haya muertos en M¨¦xico¡±, dijo un funcionario mexicano cercano al caso. ¡°Las empresas demandadas son conscientes de que sus productos son traficados y utilizados en actividades il¨ªcitas en contra de poblaci¨®n civil y autoridades de M¨¦xico¡±, se?ala Exteriores en un documento en el que explica la demanda, preparada en los ¨²ltimos dos a?os. El Gobierno busca una indemnizaci¨®n por da?os que ser¨¢ definida por el tribunal, pero que ¨Dseg¨²n estimaciones de la Canciller¨ªa¨D podr¨ªa alcanzar el 2% del PIB de M¨¦xico. La exigencia se basa no solo en la violencia letal por el flujo de armas ilegales, sino tambi¨¦n por afectaciones econ¨®micas, como la sangr¨ªa de recursos p¨²blicos para sostener la guerra contra los grupos criminales, as¨ª como p¨¦rdidas a industrias como el turismo.

Los litigantes mexicanos esperan un proceso largo, de mucho tiempo. El primer reto para el Gobierno mexicano ser¨¢ demostrar ante la Corte que tiene derecho a demandar a los fabricantes de armas, como afectado directo. El segundo ser¨¢ superar el blindaje pol¨ªtico y legal que tiene la industria armamentista en Estados Unidos. La propia Administraci¨®n de Joe Biden ha puesto en la mira a principios de este a?o la llamada ley de inmunidad que protege los intereses de las principales empresas, para impulsar una legislaci¨®n m¨¢s sensata y que restrinja la presencia generalizada de armas en territorio estadounidense.

El debate sobre el control de armas es un tema que divide profundamente a Estados Unidos y M¨¦xico ha sido muy cuidadoso de que la demanda no se interprete como un intento de injerencia en la pol¨ªtica interna de su vecino. El canciller, Marcelo Ebrard, ha se?alado que M¨¦xico ¡°no busca interferir en la pol¨ªtica de Estados Unidos¡± sobre armas y que el proceso judicial involucra ¨²nicamente a las empresas. La Canciller¨ªa dio un aviso a la embajada de Estados Unidos en Ciudad de M¨¦xico sobre sus intenciones al presentar esta demanda. Los funcionarios mexicanos lo han calificado como un ¡°acto de cortes¨ªa¡±, aunque no han recibido una respuesta formal de sus contrapartes estadounidenses.

Las sociedades demandadas incluyen a algunos de los fabricantes m¨¢s poderosos: Smith & Wesson; Barrett Firearms Manufacturing; Beretta; Century International Arms; Colt¡¯s Manufacturing Company; Glock; Sturm, Ruger & Co y Witmer Public Safety Group, entre otros. Las ventas anuales de estas firmas a clientes en M¨¦xico, seg¨²n el Gobierno mexicano, rebasan las 340.000 armas al a?o. Fue justamente en octubre de 2019, durante el operativo fallido en Culiac¨¢n para capturar a Ovidio Guzm¨¢n, hijo de El Chapo, que pudieron verse fusiles como el Barrett calibre .50, capaz de derribar helic¨®pteros y de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, en manos de miembros del Cartel de Sinaloa. Dos a?os antes, la periodista Miroslava Breach fue asesinada tras recibir disparos de una Colt .38 S¨²per, una edici¨®n especial con un grabado inspirado imagen de Emiliano Zapata, un s¨ªmbolo de la Revoluci¨®n mexicana. Los ejemplos abundan.

En la relaci¨®n bilateral, Estados Unidos, el principal consumidor de drogas en el mundo, ha presionado por d¨¦cadas a M¨¦xico para tomar acciones decisivas contra el narcotr¨¢fico. El Gobierno mexicano ha tenido que lidiar con las exigencias de la Casa Blanca y con los roces permanentes por la desconfianza mutua en el combate al crimen organizado y la sospecha permanente de corrupci¨®n y colusi¨®n. Ebrard ha tratado de manejar el asunto como una negociaci¨®n quid pro quo: priorizar el tema del trasiego de drogas rumbo al norte, a cambio de que los estadounidenses hagan algo sobre las armas que se env¨ªan hacia el sur.

El canciller ha insistido en que la demanda civil no sustituye a los esfuerzos pol¨ªticos y al di¨¢logo con Washington para atender el problema. ¡°El Gobierno de M¨¦xico reclama que, derivado del comercio negligente, las armas llegan a nuestro pa¨ªs con mayor facilidad y alimentan el poder de fuego de organizaciones criminales¡±, se lee en un comunicado. El reclamo es que las empresas no solo no est¨¢n haciendo los controles necesarios para saber a qui¨¦n le venden esas armas, tambi¨¦n est¨¢n sacando cuantiosas ganancias. ¡°Son conscientes de que sus productos son traficados y utilizados en actividades il¨ªcitas¡±, se?ala el documento, ¡° [pero] siguen priorizando el beneficio econ¨®mico y utilizan estrategias para promover armas cada vez m¨¢s letales sin dispositivos de seguridad ni trazabilidad¡±.

La acci¨®n civil, vista como un acto ¡°sin precedentes¡± por parte de la Canciller¨ªa mexicana, se anuncia un d¨ªa despu¨¦s de la visita de Ebrard a El Paso (Texas) para conmemorar la matanza de agosto de 2019, en la que fueron asesinadas 23 v¨ªctimas, la mayor¨ªa de origen mexicano, por parte de un supremacista blanco. Se da tambi¨¦n apenas unas horas despu¨¦s de que se diera a conocer que el fabricante alem¨¢n Sig Sauer hab¨ªa pedido autorizaci¨®n al Congreso estadounidense para vender armas al Ej¨¦rcito mexicano, en una operaci¨®n que supera los cinco millones de d¨®lares. Los funcionarios mexicanos no ven una contradicci¨®n en presentar una demanda civil contra unos y comprarle a otros, argumentando que lo que se busca atacar es el comercio ilegal. A la espera del arranque formal de un proceso legal que se entreteje inevitablemente con las cuestiones pol¨ªticas, los litigantes mexicanos han dicho que est¨¢n dispuestos a llegar hasta la Suprema Corte estadounidense de ser necesario.

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