M¨¦xico inicia una ofensiva diplom¨¢tica para frenar el tr¨¢fico de armas desde EE UU

M¨¦xico aguarda este lunes la respuesta de 11 grandes fabricantes de armas de Estados Unidos demandados por traficar armas. La contestaci¨®n es el paso siguiente de un importante litigio con el que el Gobierno de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador pretende resarcir parte del da?o de d¨¦cadas de violencia del narcotr¨¢fico. La Administraci¨®n ha pasado a la ofensiva en uno de los temas m¨¢s a?ejos ¡ªy complicados¡ª para la relaci¨®n bilateral. El cuerpo diplom¨¢tico mexicano en la naci¨®n norteamericana ha sido instruido para convertir el tema en una prioridad. El canciller Marcelo Ebrard ha abierto el debate en el Consejo de Seguridad de la Organizaci¨®n de Naciones Unidas (ONU). ¡°M¨¦xico hace un contundente llamado para que se establezcan y mejoren los mecanismos para monitorear y prevenir las transferencias internacionales il¨ªcitas de armas, el desv¨ªo del comercio y el tr¨¢fico transfronterizo¡±, ha dicho el encargado de Exteriores en Nueva York.

Marcela Celorio, la c¨®nsul de M¨¦xico en Los ?ngeles, explic¨® que la demanda, por la v¨ªa civil, es por ¡°pr¨¢cticas comerciales negligentes y falta de responsabilidad corporativa¡±. ¡°Se trata de hacer responsables a las empresas¡±, afirm¨® la embajadora, quien critica c¨®mo las compa?¨ªas han adaptado sus productos al mercado mexicano. Entre estos est¨¢n los de Colt, uno de los demandados, que tiene entre sus pistolas la calibre .38 El Jefe; la calibre .38 El Grito y la Emiliano Zapata 1911, que tiene inscrita en el ca?¨®n la frase atribuida al revolucionario: ¡°Es mejor morir de pie que vivir de rodillas¡±. Estos modelos son codiciados por los narcos mexicanos. Uno de los sicarios que asesin¨® en 2017 a la periodista Miroslava Breach utiliz¨® una de estas armas. Entre el 70% y el 90% de las armas recuperadas en escenas del crimen en M¨¦xico entraron ilegalmente por la frontera norte.

¡°Cuando uno compara las gr¨¢ficas de venta de armas en Estados Unidos con las de asesinatos en M¨¦xico, la correlaci¨®n es muy importante, como del 80%¡±, apunta Eugenio Weigend, especialista en violencia armada del Center for American Progress. Tres factores han disparado el tr¨¢fico desde el norte: un incremento sustancial en la producci¨®n de armas de asalto desde mediados de la d¨¦cada del 2000; la flexibilizaci¨®n de las normas estatales para adquirir armas y la regulaci¨®n pr¨¢cticamente nula de las expos de armas y las compras por internet.

La frontera entre ambos pa¨ªses es una zona al rojo vivo pare este comercio. Mientras todo el mundo es testigo de la llegada de decenas de miles de migrantes del sur a las puertas de Estados Unidos, al mismo tiempo hay un tr¨¢fico invisible en sentido inverso. M¨¦xico cifra en medio mill¨®n de armas anuales el volumen del tr¨¢fico, lo que suma unas 10 millones en dos d¨¦cadas. Uno puede tener una idea de la fortaleza del negocio por el n¨²mero de armer¨ªas que han brotado en los m¨¢s de 3.000 kil¨®metros de frontera. Hace una d¨¦cada hab¨ªa 8.354 vendedores registrados en los cuatro Estados fronterizos (California, Arizona, Nuevo M¨¦xico y Texas). Para 2019 se hab¨ªan registrado 1.569 m¨¢s a pesar de que el n¨²mero de distribuidores nacionales hab¨ªa decrecido cerca del 2%. Las armer¨ªas de la frontera despachan dos veces m¨¢s armas que el resto de tiendas en el pa¨ªs, de acuerdo a cifras de la oficina de Alcohol, Tabaco y Armas, una dependencia que lleva seis a?os descabezada por la renuencia de los republicanos a confirmar un nombramiento.

La ofensiva mexicana por el tema requiere un delicado encaje pol¨ªtico en un pa¨ªs donde el derecho a la tenencia de armas est¨¢ protegida por la Constituci¨®n. ¡°Esta demanda no cuestiona las leyes, pol¨ªticas o acciones de Estados Unidos o su Gobierno¡±, argumenta la parte mexicana en el litigio, presentado en agosto. ¡°El caso no tiene nada que ver con la segunda enmienda... Los c¨¢rteles no est¨¢n protegidos por la segunda enmienda y los demandados no tienen derecho a suministrarles armamento¡±, contin¨²a el texto. Marcelo Ebrard ha dicho este lunes en Nueva York que la demanda fue abordada como una ¡°cuesti¨®n de principio y una obligaci¨®n moral¡± para evitar el dolor y afectaci¨®n a las miles de familias afectadas por el uso de armas ilegales.

El mensaje del canciller Ebrard de este lunes en Nueva York s¨ª inclu¨ªa un llamado a los Gobiernos para animar ¡°a los sectores privados a establecer medidas de autorregulaci¨®n conforme a las leyes dom¨¦sticas¡± para prevenir que los productos sean traficados de manera ilegal. Este es uno de los mensajes m¨¢s potentes que M¨¦xico lanza desde la presidencia del Consejo de Seguridad, que ocupar¨¢ durante noviembre. El ministro ha se?alado que la disponibilidad ¡°casi ilimitada¡± de armas alimentan los conflictos violentos no solo de M¨¦xico sino tambi¨¦n en Myanmar, la Rep¨²blica Democr¨¢tica del Congo, Somalia y Yemen.

Steve Shadowen, el estratega de la acusaci¨®n mexicana, cree que las once empresas, Smith & Wesson; Barrett, Beretta, Century International Arms, Colt¡¯s Manufacturing Company, Glock; Sturm, Ruger & Co., Witmer Public Safety Group y las subsidiarias de estas, pedir¨¢n al juez desestimar el caso por no tener base. El abogado radicado en Austin (Texas) explica que las compa?¨ªas est¨¢n blindadas de litigios iniciados por terceros en suelo estadounidense por una serie de leyes aprobadas por el Congreso en 2005, durante la presidencia de George W. Bush. El equipo mexicano defiende que esas normas no tienen un alcance extraterritorial y como los da?os se produjeron en M¨¦xico, las empresas no gozan de inmunidad legal. Este asunto se ha llevado recurrentemente en la mesa de negociaciones bilaterales, con presentaciones amplias de altos funcionarios mexicanos a sus pares estadounidenses.

¡°Lo que buscamos con este caso es una orden de la corte que requiera a los fabricantes reformar el sistema de distribuci¨®n de armas. Eso ser¨ªa muy importante, que tomen en cuenta esas precauciones¡±, explica Shadowen, quien entr¨® en contacto con las autoridades mexicanas en 2019 tras la matanza antimexicana de El Paso, que dej¨® 22 muertos. El letrado prev¨¦ que el litigio se extienda por varios a?os y no descarta que llegue a la Suprema Corte, como ha sucedido con otros casos sobre el derecho a armarse. El Estado mexicano ha acordado pagar al bufete de Shadowen, que trabajar¨¢ con tarifas reducidas, un mill¨®n de d¨®lares al a?o, inform¨® Reuters.

Despu¨¦s de dos a?os de trabajo en la demanda civil, una fuente de la canciller¨ªa afirma a EL PA?S que ¡°no es una sorpresa¡± que las empresas demandadas presenten su respuesta en bloque. ¡°La demanda no se gana ni se pierde este lunes, pero es relevante porque conoceremos cu¨¢l ser¨¢ su defensa¡±, se?ala. En Exteriores esperan, como respuesta de los fabricantes, una campa?a de desprestigio. ¡°Dir¨¢n que la culpa es de M¨¦xico porque tiene malas aduanas, una frontera porosa y que es un pa¨ªs corrupto¡±, afirman. M¨¢s all¨¢ del flujo constante de armas proveniente del norte, el Gobierno de L¨®pez Obrador ha mostrado muchos problemas para contrarrestar la violencia.

Especialistas como Weigend califican de audaz el litigio, que no encuentra un caso similar. Quiz¨¢ porque pocos como los mexicanos, adem¨¢s de otros americanos del sur, han aportado al saldo tr¨¢gico de la violencia. El analista aplaude la ruta judicial elegida. La demanda se present¨® en Massachusetts, donde se reducen las posibilidades de que el caso caiga en manos de un circuito con jueces conservadores.

La pr¨®xima fecha clave es el 28 de febrero, el l¨ªmite para contestar a los argumentos presentados por las empresas este lunes. En un escenario positivo, la fase de presentaci¨®n de pruebas arrancar¨¢ a estas alturas del pr¨®ximo a?o. ¡°Esa ser¨¢ nuestra mina de oro, el punto medular del litigio¡±, dicen en Exteriores. ¡°Un acuerdo fuera de la corte est¨¢ descartado¡±, adelantan las fuentes, quienes explican que la demanda fue presentada por el Estado y no a nombre de las decenas de miles de v¨ªctimas para evitar que las empresas ¡°busquen dar compensaciones individuales¡±. La cifra de reparaci¨®n que se hab¨ªa manejado hace meses era de miles de millones de d¨®lares. Para llegar a ella el Gobierno debe antes cruzar un largo laberinto judicial.

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