M¨¦xico aprueba la ley Ingrid a nivel federal: hasta 10 a?os de c¨¢rcel por difundir im¨¢genes de una v¨ªctima

La C¨¢mara de Diputados ha aprobado este mi¨¦rcoles la llamada Ley Ingrid, una reforma del C¨®digo Penal Federal que busca castigar la distribuci¨®n de im¨¢genes de una v¨ªctima con hasta con 10 a?os de prisi¨®n tanto a funcionarios p¨²blicos como a ciudadanos que difundan, fotograf¨ªen, copien, publiquen im¨¢genes, videos, audio, documentos o evidencia de una investigaci¨®n penal o informaci¨®n relacionada con una v¨ªctima. El dictamen fue aprobado por una mayor¨ªa de todos los partidos presentes, con 470 votos a favor. Ahora deber¨¢ pasar al Senado para su votaci¨®n.

La decisi¨®n de la C¨¢mara baja de cambiar el art¨ªculo 225 del C¨®digo Penal Federal llega antes que la propia resoluci¨®n del feminicidio de Ingrid Escamilla, la mujer que da nombre a la reforma, asesinada a manos del que era su pareja en 2020. Las fotograf¨ªas de su cuerpo descuartizado fueron filtradas por la polic¨ªa de Ciudad de M¨¦xico y publicadas en la portada de varios medios, entre ellos, Metro de Grupo Reforma y La Prensa. Dos a?os despu¨¦s de aquello, la investigaci¨®n sigue sin avanzar, atascada en las entra?as de la Fiscal¨ªa local.

El caso Escamilla puso el foco en la difusi¨®n de im¨¢genes de v¨ªctimas y en los esfuerzos por prohibir la revictimizaci¨®n de las mujeres asesinadas y sus familias. Tambi¨¦n puso a la sociedad frente al espejo del morbo y el consumo desmedido de una extrema violencia con la que cada d¨ªa desayunan millones de personas. La difusi¨®n de las im¨¢genes gener¨® tal indignaci¨®n que hubo encendidas protestas frente a algunos de los peri¨®dicos que utilizaron la imagen de la mujer.

Este cambio reciente en la legislaci¨®n federal, ya hab¨ªa sido aprobado el a?o pasado en algunos Estados del pa¨ªs, como Ciudad de M¨¦xico, Estado de M¨¦xico, Oaxaca y Colima. El resto de entidades tienen un lapso de 180 d¨ªas para hacer las modificaciones pertinentes que empaten con la ley federal. La reforma aprobada sanciona la filtraci¨®n de informaci¨®n de las v¨ªctimas, una pr¨¢ctica muy extendida entre polic¨ªas y funcionarios p¨²blicos. En la fundamentaci¨®n del dictamen, Felipe Fernando Mac¨ªas, presidente de la Comisi¨®n de Justicia recalc¨® que la reforma tiene como objetivo que aquellos funcionarios como peritos, polic¨ªas e investigadores tengan prohibida la ¡°difusi¨®n, comercializaci¨®n de im¨¢genes, videos, material, cualquier informaci¨®n relacionada con un hecho delictivo, con las condiciones de la v¨ªctima o cualquier ¨¢mbito relacionado con el proceso penal¡±.

Laura Imelda P¨¦rez Segura, la diputada del partido Morena que ha presentado la iniciativa, ha se?alado que la Ley Ingrid busca acabar con la revictimizaci¨®n y la violencia institucional que sufren las mujeres en M¨¦xico. Las sanciones que plantea la reforma ser¨¢n mayores en un 33% si la difusi¨®n tiene que ver con contenido de mujeres, ni?as, ni?os, adolescentes o personas con discapacidad. P¨¦rez Segura ha agregado que difundir este material contribuye al aumento de este tipo de delitos contra las mujeres, con m¨¢s de un 95% de impunidad. ¡°Es indispensable marcar un antes y un despu¨¦s [del caso de Ingrid Escamilla]. Que se tipifiquen y castiguen esas conductas que tiene la intenci¨®n de causar perjuicio, especialmente contra mujeres v¨ªctimas de feminicidio¡±, ha dicho la diputada.

La medida busca garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, sin embargo, el rezago de la justicia y la impunidad que nace de las investigaciones de los delitos siguen lastrando la violencia machista en M¨¦xico. Cada d¨ªa son asesinadas 10 mujeres en el pa¨ªs y la cifra lejos de reducirse, crece cada a?o. M¨¢s de 3.000 mujeres fueron asesinadas en 2021. De esos homicidios, alrededor de un tercio fueron clasificados como feminicidios. El caso de Ingrid Escamilla, por ejemplo, todav¨ªa no ha llegado a la etapa de juicio oral contra su asesino y las audiencias se han retrasado por la pandemia. La Fiscal¨ªa local investig¨® en su momento a seis agentes tras la filtraci¨®n de las im¨¢genes y proces¨® por ello a uno de los primeros polic¨ªas que lleg¨® a la escena del crimen: fue apartado de su cargo y acusado por el delito de ejercicio ilegal del servicio p¨²blico, un delito penado con hasta tres a?os de c¨¢rcel.

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