El ¡®ombudsman¡¯ mexicano refuta con un nuevo informe la investigaci¨®n de su antecesor sobre el ¡®caso Ayotzinapa¡¯

La oficina del ombudsman mexicano ha publicado este mi¨¦rcoles un informe muy cr¨ªtico sobre su propia investigaci¨®n del caso Ayotzinapa. Divulgado en 2018, el documento fue rechazado en su d¨ªa por las familias de los estudiantes normalistas desaparecidos. El grupo de expertos que la CIDH comision¨® a M¨¦xico para investigar el caso y el equipo de peritos argentinos que ayudaron en partes de la investigaci¨®n tambi¨¦n lo censuraron, por oficialista, revictimizante y poco riguroso. Hoy, la propia instituci¨®n, bajo una nueva administraci¨®n, les ha dado la raz¨®n.

En poco menos de 500 p¨¢ginas, la Comisi¨®n Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desgrana las actuaciones de sus antecesores, lideradas por Jos¨¦ Larrieta, antiguo funcionario de la extinta Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica (PGR). La oficina del ombudsman se?ala que el trabajo de Larrieta y su equipo presenta ¡°deficiencias¡±, que adem¨¢s obviaron ¡°la actuaci¨®n de las Fuerzas Armadas¡± y que elaboraron dict¨¢menes t¨¦cnicos sin acudir al lugar de los hechos, entre otras cr¨ªticas.

Presentada en su d¨ªa como la gran investigaci¨®n del caso Ayotzinapa, con m¨¢s de 2.000 p¨¢ginas y centenares de entrevistas, peritajes y diligencias de todo tipo, el informe de la vieja CNDH encall¨® por sus propias conclusiones, se?alando que hasta 19 de los 43 estudiantes desaparecidos podr¨ªan haber sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula. Como prueba se?alaban el hallazgo de 19 huesos del o¨ªdo, las petrosas, que nunca se hab¨ªan mandado a analizar. Los peritos argentinos, expertos desde hace d¨¦cadas en escenarios forenses, siempre han defendido que todos los restos ¨®seos de los que podr¨ªa haberse obtenido material gen¨¦tico pasaron por el laboratorio.

El caso de las petrosas se juntaba a la valoraci¨®n que la vieja CNDH hac¨ªa de las relaciones entre estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y grupos del crimen organizado de la regi¨®n. As¨ª, partes del viejo informe parec¨ªan una investigaci¨®n de la criminalidad de los normalistas y no de sus atacantes. Al fin y al cabo, el contingente de estudiantes que aquel 26 de septiembre de 2014 se hab¨ªa desplazado a Iguala, fue atacado por un contubernio de criminales y autoridades y no al contrario.

El nuevo informe se?ala no solo errores de foco, sino negligencias dif¨ªcilmente explicables. En el caso de la aplicaci¨®n de los protocolos de Estambul, por ejemplo, los estudios que peritos practican para determinar si una persona ha sufrido tortura. Seg¨²n el nuevo informe, los estudios de la vieja CNDH ¡°no permitieron la documentaci¨®n de pr¨¢cticas de tortura realizadas a diversas personas detenidas¡±.

En su d¨ªa, la CNDH dijo que hab¨ªa estudiado 72 posibles casos de tortura a detenidos por el caso, durante los primeros meses de las investigaciones, dirigidas entonces por la PGR, ayudada por la Secretar¨ªa de Marina. La oficina del Ombudsman determin¨® que solo en ocho de los 72 pod¨ªa probarse la tortura. Sus pesquisas quedaron en evidencia tiempo despu¨¦s cuando trascendi¨® el v¨ªdeo de uno de los detenidos, Carlos Canto, siendo torturado por personal de la PGR. En el caso de Canto, la CNDH determin¨® que no hab¨ªa habido tortura.

La nueva administraci¨®n se?ala m¨¢s errores u omisiones: ¡°No hubo un enfoque diferencial y especializado, al momento de redactar la recomendaci¨®n y en especial al momento de brindar atenci¨®n a las v¨ªctimas, dado que varios estudiantes, as¨ª como sus madres o padres pertenecen a pueblos ind¨ªgenas que habitan el estado de Guerrero¡±. Adem¨¢s, ¡°no se consider¨® la importancia de investigar la cadena de los mandos medios policiacos, y su participaci¨®n por acciones u omisiones durante los hechos victimizantes. Y tambi¨¦n que ¡°se actu¨® bajo una l¨®gica de investigaci¨®n ministerial y no de documentaci¨®n de violaciones a derechos humanos¡±. El documento concluye: ¡°El contexto se utiliz¨® para criminalizar y estigmatizar a los estudiantes y la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.¡±

En el caso de las Fuerzas Armadas, la oficina del Ombudsman insiste en lo que han repetido las familias de los 43 estos a?os y, m¨¢s recientemente, el grupo de expertos de la CIDH, que present¨® su ¨²ltimo informe del caso hace apenas unas semanas: El Ej¨¦rcito debe colaborar con la investigaci¨®n de manera total.

Se debe ¡°conocer a fondo la intervenci¨®n del Ej¨¦rcito en el caso Iguala. Es un tema toral para llegar a la verdad de estos lamentables acontecimientos, ya que a la fecha persisten las dudas sobre el grado de participaci¨®n del personal militar en los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, por lo que se requiere una profunda y exhaustiva investigaci¨®n por parte de las autoridades de procuraci¨®n de justicia y una comprometida colaboraci¨®n de la SEDENA¡±, reza el texto.

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