El ¡®ombudsman¡¯ mexicano documenta violaciones graves a los derechos humanos en la investigaci¨®n del ¡®caso Ayotzinapa¡¯

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El contubernio entre las autoridades mexicanas y el crimen organizado provoc¨® seis muertes, lesiones a 42 personas y la desaparici¨®n de 43 estudiantes de la escuela rural Ra¨²l Isidro Burgos. Esa es la conclusi¨®n de la Comisi¨®n Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de M¨¦xico sobre el papel del Gobierno en las investigaciones del caso Ayotzinapa. El ombudsman mexicano afirma que se perdieron y contaminaron evidencias, se ocult¨® informaci¨®n, se violent¨® el derecho a la verdad de las v¨ªctimas y se cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Todo queda documentado en una recomendaci¨®n a 16 instancias de los gobiernos federal, estatal y municipal que abarca m¨¢s de 2.000 p¨¢ginas y que se ha presentado este mi¨¦rcoles, a tres d¨ªas de la sucesi¨®n presidencial.

M¨¦xico a¨²n busca respuestas a m¨¢s de cuatro a?os de la desaparici¨®n forzada de 43 estudiantes a manos de polic¨ªas en la ciudad de Iguala (Guerrero), en el sure?o Estado de Guerrero, una de las regiones m¨¢s azotadas por la violencia y el narcotr¨¢fico en el pa¨ªs. A partir de una extensa investigaci¨®n documental, cient¨ªfica y de campo, la CNDH asegura que las autoridades vulneraron las garant¨ªas de los imputados, las v¨ªctimas y sus familiares desde el momento de la desaparici¨®n, la noche del 26 de septiembre de 2014, y durante las investigaciones que la siguieron.

La principal se?alada por el ombudsman es la Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica (PGR, el equivalente de la Fiscal¨ªa nacional). Pero el informe desentra?a una compleja cadena de responsabilidades que empieza en la Presidencia de Enrique Pe?a Nieto y desciende por la Secretar¨ªa de la Defensa, la Marina y baja hasta el Gobierno de Guerrero, el Congreso estatal y la Alcald¨ªa de Iguala, entre otras instituciones. "M¨¦xico es un pa¨ªs en el que con frecuencia la verdad se niega y se esconde", ha lamentado el presidente de la CNDH, Luis Ra¨²l Gonz¨¢lez, en conferencia de prensa. "Los protagonistas principales son la ilegalidad, la corrupci¨®n y la impunidad", ha a?adido.

La CNDH condena que no se haya investigado la omisi¨®n y tolerancia de las diversas autoridades pese a advertir que "algo muy grave suced¨ªa en Iguala", que estaba en disputa entre grupos criminales como Los Rojos, La Familia Michoacana y el c¨¢rtel de los Guerreros Unidos, que ten¨ªa en su n¨®mina al entonces alcalde Jos¨¦ Luis Abarca. "Nadie hizo nada para actuar, con ellos se hubiese evitado un desastre como el que se present¨®", ha reclamado Gonz¨¢lez.

Siempre seg¨²n la Comisi¨®n, el desaseo y el poco profesionalismo de las autoridades ha provocado que se subestime el hallazgo de restos ¨®seos que permitir¨ªan la identificaci¨®n gen¨¦tica de 19 personas que habr¨ªan sido incineradas en el basurero de la aleda?a comunidad de Cocula. Aun sin contar con todos los elementos de prueba, las autoridades federales se adelantaron a decir que los 43 normalistas hab¨ªan sido "ejecutados". Los imputados no fueron acusados por el delito de desaparici¨®n forzada. No se agotaron todas las l¨ªneas de investigaci¨®n. Las instancias de Gobierno obstaculizaron las pesquisas y ocultaron informaci¨®n a la oficina del ombudsman. "Es el caso m¨¢s ominoso y complejo en la historia de la CNDH, social y pol¨ªticamente marc¨® un antes y un despu¨¦s (...) esta es la mayor aproximaci¨®n a la verdad que se tenga hasta el momento", ha afirmado Gonz¨¢lez. La lista de irregularidades se extiende hasta 128 recomendaciones.

Ya desde marzo pasado, la Oficina del Alto Comisionado de la Organizaci¨®n de las Naciones Unidas (ONU) hab¨ªa documentado 34 casos de tortura, detenciones arbitrarias y graves irregularidades durante la etapa m¨¢s intensa de la pesquisa, entre septiembre de 2014 a enero de 2016. El informe de la ONU fue otro golpe m¨¢s a lo que el Gobierno mexicano ha defendido como "la verdad hist¨®rica", que ha sido desacreditada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, peritos independientes, organismos en defensa de los derechos humanos y los familiares de las v¨ªctimas. Seis meses m¨¢s tarde, la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos y la ONU insistieron en que se realizara una nueva investigaci¨®n.

El informe de la CNDH es un mensaje directo para el Gobierno de Pe?a Nieto y un exhorto para la Administraci¨®n entrante de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador para "enderezar" las indagaciones. Los padres de las v¨ªctimas se reunieron a finales de septiembre con el presidente electo, que ha prometido crear una Comisi¨®n especializada de Investigaci¨®n y ha recibido un nuevo voto de confianza y de esperanza. Los familiares de las v¨ªctimas y la sociedad mexicana a¨²n buscan la verdad y la justicia, que no han encontrado en un expediente de 1.255 tomos y m¨¢s de un mill¨®n de p¨¢ginas ni en cuatro a?os de verdad hist¨®rica.