Menos recursos para los partidos y elecci¨®n popular de los consejeros del INE: las claves de la reforma electoral de L¨®pez Obrador

La iniciativa de reforma electoral que propone el presidente Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador supone una reestructura radical de un sistema pol¨ªtico que se ha ido conformando a lo largo de d¨¦cadas en M¨¦xico. Los cambios constitucionales modificar¨ªan el sistema de partidos, que ahora tender¨ªa al bipartidismo. Para elegir a los representantes en las C¨¢maras del Congreso se dejar¨ªa a un lado el voto directo y se introducir¨ªa un esquema de listas y las competencias de las instituciones encargadas de organizar los comicios e impartir justicia electoral se centralizar¨ªan en ¨®rganos nacionales ¨²nicos, mismos que, a su vez, tendr¨¢n una infraestructura m¨¢s reducida. El argumento central de la propuesta presidencial es abaratar los costos del sistema electoral. La iniciativa propone reformar 18 art¨ªculos de la Constituci¨®n, y para su aprobaci¨®n se requiere del voto de las dos terceras partes del Congreso.

Elecci¨®n de funcionaros electorales por voto directo

Una de las modificaciones m¨¢s llamativas ha sido que los consejeros y magistrados electorales sean electos por el voto ciudadano. En la actualidad, la C¨¢mara de Diputados designa a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y a su presidente. Al Senado le corresponde la selecci¨®n de los magistrados del Tribunal Electoral federal (TEPJF). El proyecto de L¨®pez Obrador propone que los integrantes de esos ¨®rganos sean votados por la ciudadan¨ªa a partir de 2023, lo que supondr¨ªa revocar del cargo a varios funcionarios electorales que a¨²n no terminan el periodo para el que fueron designados.

En el caso del INE, se plantea reducir de 11 a siete el n¨²mero de consejeros. Los ciudadanos podr¨¢n elegir a los nuevos consejeros y magistrados de entre listas de candidatos formuladas por el presidente de la Rep¨²blica, el Legislativo y la Suprema Corte de Justicia. Habr¨¢ 60 candidatos en el caso del INE y 30 en el caso del Tribunal Electoral. Cada funcionario estar¨¢ en el cargo seis a?os. La persona m¨¢s votada de entre los candidatos a consejeros presidir¨¢ el instituto y la presidencia del Tribunal Electoral ser¨¢ decidida entre los integrantes del pleno.

Transformaci¨®n del INE y el Tribunal Electoral

La iniciativa propone la transformaci¨®n del Instituto Nacional Electoral (INE) en un nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC). Con el cambio, se eliminar¨ªan los 32 institutos electorales locales (OPLE), que fueron creados en 2014 para organizar los comicios estatales, y el INEC se convertir¨ªa en la ¨²nica autoridad para organizar todas las elecciones, tanto federales como locales. Tambi¨¦n organizar¨ªa las consultas populares y de revocaci¨®n de mandato. La propuesta plantea eliminar tambi¨¦n los tribunales electorales locales, encargados del despacho de asuntos relacionados con comicios estatales. El proyecto de reforma se?ala que tanto el INE como el TEPJF suelen asumir las labores de los ¨®rganos locales: el INE organiza cada vez m¨¢s elecciones estatales y el Tribunal Electoral revisa las sentencias emitidas en el ¨¢mbito local y emite la ¨²ltima palabra.

¡°El INE, desde su creaci¨®n hasta la fecha, ha ido ejerciendo cada vez m¨¢s su facultad de atracci¨®n sobre las funciones de los OPLE, al grado de realizar o verificar pr¨¢cticamente todas las actividades significativas que corresponden formalmente a dichos ¨®rganos, salvo la investigaci¨®n y sustanciaci¨®n de quejas; el registro de candidatos, c¨®mputos y declaraci¨®n de validez. Contar con una autoridad administrativa ¨²nica abonar¨¢ a dar mayor certeza y a armonizar los procesos electorales y de participaci¨®n ciudadana¡±, dice el proyecto. ¡°Hay que agregar la irrelevancia de los tribunales locales en materia electoral: como primera instancia, no brindan certeza a los procesos electorales. El Poder Judicial de la Federaci¨®n resuelve en definitiva casi cualquier acto impugnado de las elecciones locales. Por eso, se propone que el TEPJF absorba las controversias electorales locales del pa¨ªs¡±.

Eliminar los 300 distritos electorales y que haya menos legisladores

El presidente L¨®pez Obrador ha difundido la idea de que su proyecto de reforma busca eliminar a los legisladores plurinominales. En realidad, su iniciativa propone conservar la figura, pero cambiar su implementaci¨®n. Actualmente el pa¨ªs se divide en 300 distritos electorales y cinco circunscripciones conformadas por varios Estados. De los 500 diputados que integran la C¨¢mara baja, 300 son electos por el voto directo en esos distritos, y otros 200 son designados por ¡°representaci¨®n proporcional¡± mediante listas regionales. As¨ª, los sufragios obtenidos por voto directo sirve de base para repartir m¨¢s lugares a los partidos a partir de las listas. Se trata de los llamados legisladores plurinominales o pluris. Este esquema, si bien otorga m¨¢s legisladores a las fuerzas mayoritarias, tambi¨¦n garantiza que los partidos minoritarios ¨Cy los ciudadanos que votaron por ellos¨C tengan representaci¨®n en el Congreso. En el caso del Senado, de los 128 representantes que integran la C¨¢mara alta, 32 son de representaci¨®n proporcional (plurinominales).

L¨®pez Obrador ha planteado desaparecer la divisi¨®n en distritos y circunscripciones electorales y, en consecuencia, la posibilidad de que haya legisladores electos mediante esas listas. Esto reducir¨ªa a 300 el n¨²mero de diputados y a 96 los senadores. Sin embargo, no significa que esos legisladores ser¨¢n electos por el voto directo que actualmente existe. Al contrario, se propone que ahora los candidatos sean propuestos mediante listas por cada una de las 32 entidades federativas, a semejanza del modelo estadounidense. La distribuci¨®n de diputados y senadores se dar¨ªa mediante un cruce de la densidad poblaci¨®n y los votos obtenidos por cada partido en la contienda. Un Estado con mayor poblaci¨®n contar¨ªa en la C¨¢mara de Diputados con un mayor n¨²mero de representantes. As¨ª, el Estado de M¨¦xico aportar¨ªa 40 diputados; la Ciudad de M¨¦xico, 22; Jalisco, 20, y Veracruz, 19. En contraste, Baja California Sur, Campeche y Colima aportar¨ªan dos diputados cada uno. En esos Estados, justamente, las nuevas reglas favorecer¨ªan al partido mayoritario y al segundo lugar, pues no habr¨¢ lugares suficientes para repartir a los partidos minoritarios, con lo que, en los hechos, se propicia la conformaci¨®n de un bipartidismo.

La conformaci¨®n de congresos estatales y cabildos en los ayuntamientos seguir¨ªa el mismo criterio de densidad poblacional. Las legislaturas locales se constituir¨ªan en funci¨®n de la poblaci¨®n de los municipios o alcald¨ªas del Estado en cuesti¨®n, con un m¨ªnimo de 15 diputados y un m¨¢ximo de 45. La eliminaci¨®n de los 300 distritos electorales tambi¨¦n implicar¨ªa una reducci¨®n a la estructura del INE, que cuenta con Juntas Ejecutivas en cada uno de esos territorios.

Eliminar el financiamiento p¨²blico ordinario a los partidos

Que el financiamiento p¨²blico de los partidos prevalezca sobre el financiamiento privado es uno de los pilares del sistema electoral mexicano. Actualmente, la Constituci¨®n establece una f¨®rmula mediante la cual se reparte el gasto p¨²blico a los partidos todos los a?os. En a?os electorales, el gasto p¨²blico aumenta, pues se les otorga presupuesto adicional para hacer campa?as. La iniciativa de L¨®pez Obrador propone eliminar el financiamiento ordinario y que solo se les asignen recursos cuando haya elecciones: un mayor gasto cuando se elijan senadores y presidente de la Rep¨²blica, y uno menor cuando se voten diputados. En los periodos no electorales, los partidos deber¨¢n cubrir sus gastos mediante aportaciones de sus simpatizantes y militantes.

El monto del financiamiento privado que podr¨ªan recibir los partidos no est¨¢ claro en la propuesta, pero se establecen algunas restricciones a los particulares que hagan aportaciones. ¡°Los recursos provistos no ser¨¢n deducibles de impuestos; se proh¨ªbe que una misma persona f¨ªsica done en un a?o a m¨¢s de un partido o candidatura independiente, y que se apliquen recursos obtenidos para el sostenimiento de actividades ordinarias en gastos de campa?a o al pago de deudas contra¨ªdas para cubrir procesos electorales anteriores¡±.

Facilitar las consultas populares

Actualmente, para que los resultados de una consulta popular o una consulta de revocaci¨®n de mandato sean vinculantes ¨Cde cumplimiento obligatorio¨C, se requiere que en el ejercicio participe, al menos, el 40% del listado nominal de personas con credencial para votar. La cifra equivale a unos 37 millones de personas, una cifra dif¨ªcil de alcanzar dado el nivel de abstencionismo que caracteriza las elecciones mexicanas. En el reciente ejercicio de consulta de revocaci¨®n de mandato de L¨®pez Obrador particip¨® el 17,77% de los ciudadanos; la cifra fue a¨²n menor, del 7%, en la consulta popular de 2021 que fue promovida para abrir investigaciones contra exfuncionarios. La iniciativa propone bajar a 33% del listado nominal el umbral para que los resultados de las consultas ciudadanas sean vinculantes.

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