Linchamiento en el coraz¨®n de Chiapas: una comunidad tzotzil quema a un hombre al que acusaron de robo

El silencio se ha impuesto como una pesada losa entre los vecinos del municipio de Santiago El Pinar, en el coraz¨®n del sure?o Estado de Chiapas. Un d¨ªa despu¨¦s de que vecinos de la localidad, habitada por ind¨ªgenas tzotziles, detuvieran, amarraran con alambres, lincharan y quemaran en una hoguera a un hombre de 26 a?os, las autoridades que han llegado a la zona para investigar el crimen se han topado con una mudez absoluta. Nadie habla, nadie vio ni escuch¨® nada. El cad¨¢ver chamuscado fue enterrado tambi¨¦n en silencio y los familiares ni siquiera permitieron la autopsia de ley. ?Qu¨¦ llev¨® a los pobladores de estas tierras a cometer tan espeluznante hecho? El robo, suponen las autoridades. Al chico se le acus¨®, dicen, de formar parte de una banda que robaba coches. Y as¨ª, sin pruebas ni seguridad de haber capturado a un ladr¨®n, se tomaron la justicia por cuenta propia. Las autoridades estatales parecen tambi¨¦n tener las manos atadas y se limitan a acompa?ar la investigaci¨®n que por ¡°usos y costumbres¡± recae en la fiscal¨ªa de justicia ind¨ªgena.

La madrugada del jueves, un grupo de vecinos de Santiago de El Pinar, localizada en los Altos de Chiapas, salieron de sus casas en medio de la espesa bruma que cubre la zona, una gruesa cortina h¨²meda y fr¨ªa, atra¨ªdos por la captura de Lucas N. Muy poco han logrado recabar las autoridades de lo que ocurri¨® en la impunidad de esa noche g¨¦lida. Se ha podido conocer que al joven de 26 a?os lo acusaron de robo, lo ataron de manos y piernas con alambres, descargaron con sadismo la furia comunal contra ¨¦l y en su org¨ªa de castigo formaron una hoguera y prendieron fuego al cuerpo ensangrentado. En las redes sociales circularon im¨¢genes de los restos del cad¨¢ver la ma?ana del jueves, cuando a¨²n desprend¨ªa humo. Oficio de tinieblas, lo llamar¨ªa la escritora mexicana Rosario Castellanos, quien document¨® en su obra la brutalidad de la violencia que se puede desatar en comunidades ind¨ªgenas de Chiapas con una sola suposici¨®n que altere el orden de la zona.

La noticia lleg¨® hasta los pasillos de la fiscal¨ªa estatal en Tuxtla Guti¨¦rrez, la capital del Estado, que moviliz¨® a oficiales de la Polic¨ªa Preventiva, Polic¨ªa de Investigaci¨®n y peritos para intentar esclarecer el atroz acontecimiento. Pero cuando la ley se impone por mano propia en estas comunidades, poco margen le queda a la autoridad en su esfuerzo por esclarecer lo ocurrido, establecer responsabilidades y llevar ante la justicia a los culpables. La nota de prensa de la Fiscal¨ªa muestra el fiasco que sufrieron sus responsables del orden: cuando comenzaron a indagar entre los vecinos qu¨¦ vieron o escucharon se hallaron con un mutismo pesado, tan rotundo como elocuente. Los oficiales refirieron que los pobladores ¡°ignoraban los motivos de su fallecimiento¡±.

Ante el silencio grupal, los polic¨ªas ¨Cacompa?ados siempre de autoridades tradicionales, seg¨²n la misma nota¨C arribaron al pante¨®n municipal, donde la familia del joven asesinado sepultaba el cad¨¢ver. Los peritos pidieron la autorizaci¨®n para efectuar la necropsia de ley, pero no hay orden de juez que impere en la zona: se negaron. ¡°No obstante, al realizar un reconocimiento del cuerpo, los elementos de la polic¨ªa de Investigaci¨®n y peritos constataron que presentaba lesiones por quemadura de tercer grado en toda su anatom¨ªa¡±, explican desde la fiscal¨ªa. A las autoridades no les ha quedado m¨¢s remedio que informar de que continuar¨¢n con sus pesquisas ¡°con apego al protocolo de homicido con el prop¨®sito de fincar responsabilidades y que este hecho no quedar¨¢ impune¡±.

Juan Manuel Zardain, quien trabaja como defensor de derechos humanos en Chiapas, recurre a un juego de palabras para explicar la cotidianidad de estas comunidades: ¡°En esos pueblos la autoridad tiene poca autoridad y ellos se basan en sus tradiciones. Sus autoridades locales tienen m¨¢s poder que las civiles, las del Estado¡±, dice en conversaci¨®n telef¨®nica. A quienes velan por los derechos humanos, como Zardain, tambi¨¦n les queda poco margen de trabajo. ?l dice que visitan la zona, intentan recabar informaci¨®n y poco m¨¢s. Solo les queda hacer un informe y presentar recomendaciones al liderazgo local. ¡°Son pueblos donde suceden cosas fuera de la ley¡±, afirma. Con resignaci¨®n, Zardain dice que es posible que lo sucedido quede impune. ¡°Las investigaciones se vuelven lentas y confusas, porque se protegen entre ellos y es dif¨ªcil que un fiscal pueda demostrar el delito de asesinato cuando se realiza as¨ª¡±, explica.

El hecho de Santiago El Pinar recuerda a uno similar ocurrido el pasado verano en la comunidad de Papatlazolco, en el Estado de puebla, donde lincharon y quemaron a Daniel Picazo, de 31 a?os, un asesor pol¨ªtico. La familia cont¨® que el joven, originario de la zona, debi¨® perderse entre las comunidades ind¨ªgenas, donde fue interceptado por una turba que acab¨® con su vida. Los vecinos lo acusaron de querer llevarse a un menor, aunque las autoridades no dieron por cierta esa historia ni nadie pudo demostrar algo parecido. Los linchamientos son habituales en M¨¦xico, donde en muchas comunidades rurales los vecinos se toman la justicia por su mano. Un estudio de la Universidad Iberoamericana en Puebla muestra que en ese Estado entre 2015 y 2019 fueron linchadas 78 personas. Los linchamientos, explican los investigadores en ese estudio, se relacionan con la pobreza y la desigualdad, pero tambi¨¦n con el abandono que hace que en muchas comunidades se imponga una ley que, sin juicios ni investigaciones formales, castiga por lo que se supone son faltas graves. Y una vez se impone esa justicia, solo queda callar. Un silencio elocuente, fantasmal, correctivo, como el que impera en Santiago El Pinar.

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