La sombra de la impunidad se cierne sobre la matanza de Camargo
A dos a?os de la masacre de 19 personas, la mayor¨ªa migrantes, en un pueblo de Tamaulipas, el proceso languidece en su primera etapa, con 12 polic¨ªas en prisi¨®n, pero ning¨²n mando en la mira de la Fiscal¨ªa
La matanza de Camargo languidece en los juzgados, a la espera de que el proceso entre en su etapa intermedia, fase en que abogados y fiscales presentan las pruebas que luego desvelar¨¢n en el juicio. Este lunes, las partes volver¨¢n a reunirse en la sala de audiencias, en Ciudad Victoria, capital del Estado de Tamaulipas, para tratar de avanzar, deseo de las familias de las v¨ªctimas. Sus abogados critican las artima?as de muchos de los defensores de los acusados, que han ralentizado el proceso durante m¨¢s de un a?o. La sombra de la impunidad, un lastre del sistema de justicia en M¨¦xico, se cierne sobre uno de los casos m¨¢s vergonzosos de la historia moderna del pa¨ªs.
Han pasado ya dos a?os. El 22 de enero en 2021, polic¨ªas de la Secretar¨ªa de Seguridad P¨²blica (SSP) del Estado de Tamaulipas asesinaron presuntamente a 19 personas, 17 de ellas migrantes, en una zona rural de Camargo, municipio de la frontera de Tamaulipas con Texas. La mayor¨ªa de migrantes viajaba desde Guatemala, aunque entre ellos hab¨ªa tambi¨¦n un ciudadano de El Salvador. Los otros dos eran mexicanos, supuestamente los polleros ¡ªtraficantes de personas¡ª que conduc¨ªan al grupo en la ¨²ltima etapa de su viaje hasta Estados Unidos.
En este tiempo, las autoridades han detenido a 12 agentes estatales por los hechos, la mayor¨ªa adscritos al Grupo de Operaciones Especiales de la corporaci¨®n (GOPES). Adem¨¢s, hay otros cinco funcionarios procesados por cuestiones tangenciales, relacionadas con el tr¨¢fico de los migrantes. De los cinco, tres son polic¨ªas del municipio de Escobedo, en Nuevo Le¨®n, algo al sur de Camargo, y dos del Instituto Nacional de Migraci¨®n (INM), que enfrentan acusaciones por delitos administrativos.
La detenci¨®n de los 12 agentes que presuntamente perpetraron la matanza ocurri¨® pocos d¨ªas despu¨¦s de los hechos. El 2 de febrero de 2021, el fiscal del Estado, Irving Barrios, anunci¨® la captura de los polic¨ªas, acusados de homicidio, abuso de autoridad y falsedad en sus informes. La noticia sorprendi¨® entonces y sepult¨®, con su peso, gran cantidad de preguntas, muchas encaminadas a entender el papel de los agentes en la matanza o la altura que hab¨ªa alcanzado la conspiraci¨®n para perpetrarla y guardar silencio.
La rapidez de la Fiscal¨ªa en las primeras semanas contrasta con la lentitud posterior. A estas alturas se ignora, por ejemplo, si hay m¨¢s polic¨ªas implicados directamente en la matanza. Los investigadores tampoco han avanzado en el an¨¢lisis de la cadena de mando que imperaba aquel d¨ªa. De los 12 polic¨ªas presos, los dos de mayor rango son los que comandaban el operativo, uno a cargo de los GOPES, y otra representando a la direcci¨®n de operaciones de la dependencia. Nada m¨¢s.
Los abogados de las familias de las v¨ªctimas reclaman a la Fiscal¨ªa que investigue precisamente los eslabones altos de la cadena. Yesenia Valdez, parte del equipo jur¨ªdico que asesora a las familias de las v¨ªctimas desde M¨¦xico, dice: ¡°Para nosotros es muy importante que no quede la cosa en los 12 polic¨ªas, que la investigaci¨®n contin¨²e y se dirija hacia la responsabilidad de la cadena de mando, pero tambi¨¦n de otras autoridades que posiblemente hayan intervenido directa o indirectamente en los hechos. La pregunta es, ?por qu¨¦ lo hicieron? Si solamente estuvieran involucrados estos 12, ser¨ªa dif¨ªcil de responder. No eran unos delincuentes, no hab¨ªa nada personal¡±.
360.000 pesos
La pregunta m¨¢s evidente, como dice Valdez, apunta al motivo, por qu¨¦ los mataron y por qu¨¦ se ensa?aron con ellos. Seg¨²n la Fiscal¨ªa, los polic¨ªas no solo asesinaron a los migrantes. Adem¨¢s de matarlos, prendieron fuego a sus cad¨¢veres y trataron de limpiar la escena del crimen, recogiendo decenas de casquillos de las balas que hab¨ªan disparado con sus armas. La cuesti¨®n es por qu¨¦, explicaci¨®n que a¨²n no llega y que tiene en vilo a las familias, necesitadas de darle un cierre al asunto, que atienden las audiencias por videollamada.
En una de las ¨²ltimas sesiones a finales del a?o pasado, explica la abogada, los defensores de algunos de los polic¨ªas se?alaron la posibilidad de acogerse a un ¡°procedimiento abreviado¡±. En el argot procesal, el procedimiento abreviado es un esquema por el que los acusados reconocen los hechos a cambio de una reducci¨®n en las penas y una indemnizaci¨®n a las v¨ªctimas. ¡°Las familias de los migrantes estuvieron de acuerdo, aunque disminuyera la pena. Prefer¨ªan que hubiera justicia pronta a dos a?os m¨¢s de incertidumbre¡±, explica Valdez.
Este esquema aparec¨ªa adem¨¢s como una forma ideal de profundizar en el conocimiento de las motivaciones de los acusados. Pero todo se torci¨® poco despu¨¦s. Primero, la Fiscal¨ªa plante¨® una cantidad en concepto de indemnizaci¨®n que Valdez califica de ¡°vacilada¡±: 360.000 pesos por muerto, algo m¨¢s de 20.000 d¨®lares. Y luego, los abogados de los acusados se echaron para atr¨¢s, dejando v¨ªa libre, salvo sorpresa, a que el proceso avance definitivamente en la semana entrante.
Al margen del caso que se sigue ante el poder judicial de Tamaulipas, otro distinto discurre ante la justicia federal, uno de los aspectos m¨¢s desconcertantes del caso y, tambi¨¦n, m¨¢s indignantes. Durante las primeras semanas de pesquisas, en 2021, los investigadores descubrieron que una de las dos camionetas en que viajaban los migrantes, calcinadas igual que ellos en Camargo, hab¨ªa sido decomisada meses antes en una redada del Instituto Nacional de Migraci¨®n (INM).
La sola presencia de una camioneta incautada semanas antes en la escena de un crimen como el de Camargo apuntaba al instituto y la cruzada anticorrupci¨®n del Gobierno. ¡°Esto quiere decir que la camioneta ya hab¨ªa estado involucrada en otros hechos en donde estaban siendo traficados otros migrantes. El INM detuvo la camioneta, la decomis¨®. Se supone que debi¨® haber avisado a la Fiscal¨ªa para poner a su disposici¨®n a los polleros y la camioneta¡±, critica Valdez. Pero eso no pas¨®.
Ante la noticia, la delegaci¨®n de la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica en Nuevo Le¨®n, lugar donde hab¨ªa sido decomisada la camioneta meses antes de la masacre, abri¨® una investigaci¨®n. ¡°?Pero se centra en por qu¨¦ se devolvi¨® la camioneta, por qu¨¦ el INM devolvi¨® la camioneta!¡±, exclama la abogada. ¡°Eso est¨¢ bien, pero no se investiga el nexo con Camargo, c¨®mo llega la camioneta a los polleros de Camargo. Y claro, todo queda en algo menor, delitos contra la administraci¨®n de justicia, proceso que los acusados llevan en libertad¡±, zanja.
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