Torturas, desplazamientos forzados, detenciones arbitrarias o violaciones al derecho a la tierra: el coctel de violencia que asedia Chiapas

Chiapas es un polvor¨ªn asediado por ¡°interacciones notables entre delincuencia organizada, grupos armados y evidentes v¨ªnculos con los Gobiernos y empresas¡±, concluye un documentado y extenso informe presentado este martes por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolom¨¦ de las Casas (Frayba). Las consecuencias de esta interacci¨®n entre crimen, autoridades y sector privado se traduce en ¡°violaciones sistem¨¢ticas a los derechos humanos¡±. El Frayba acusa tambi¨¦n al Estado mexicano de ser ¡°omiso, permis...

Chiapas es un polvor¨ªn asediado por ¡°interacciones notables entre delincuencia organizada, grupos armados y evidentes v¨ªnculos con los Gobiernos y empresas¡±, concluye un documentado y extenso informe presentado este martes por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolom¨¦ de las Casas (Frayba). Las consecuencias de esta interacci¨®n entre crimen, autoridades y sector privado se traduce en ¡°violaciones sistem¨¢ticas a los derechos humanos¡±. El Frayba acusa tambi¨¦n al Estado mexicano de ser ¡°omiso, permisivo y aquiescente frente la actual violencia generalizada¡±, lo que ha generado la agudizaci¨®n de problem¨¢ticas ya existentes como los desplazamientos forzados, detenciones arbitrarias, torturas, agresiones a defensores de los derechos humanos y periodistas o violaciones al derecho a la tierra que ¡°configuran escenarios de nuevas formas de contrainsurgencia¡±.

Chiapas atraviesa una grave crisis de violencia. Incluso San Crist¨®bal de las Casas, capital administrativa y tur¨ªstica del Estado, que parec¨ªa haberse librado durante a?os del contexto que amenaza al resto de la regi¨®n y el pa¨ªs, est¨¢ experimentando en los ¨²ltimos tiempos un nuevo escenario que ha roto el espejismo de paz en el que viv¨ªa. Los tiroteos, los secuestros, las agresiones de distinto color y forma, se suceden sistem¨¢ticamente en un territorio atravesado ¡°de manera inhumana¡± por una ¡°insolente violencia contra la sociedad que perturba las estructuras de los pueblos originarios y trastoca a todas las relaciones de la buena convivencia en los pueblos en general¡±, se?ala el Frayba.

El informe sostiene que la situaci¨®n que atraviesa el Estado est¨¢ conduciendo a una progresiva ¡°fragmentaci¨®n comunitaria por la presencia de una diversificaci¨®n de grupos armados, lo que trae consigo tambi¨¦n un rompimiento de los proyectos de vida de quienes las integran; impactos psicosociales que victimizan y revictimizan a la poblaci¨®n; impactos en el derecho a la vivienda, a la salud integral, educaci¨®n, as¨ª como a una vida en paz y libre de violencia; adem¨¢s en los medios de subsistencia econ¨®mica, y en la reproducci¨®n social de la vida¡±. Para el centro de derechos humanos, ¡°la violencia es un mecanismo de terror utilizado contra la poblaci¨®n¡±, adem¨¢s de ¡°un campo f¨¦rtil para el control econ¨®mico a trav¨¦s de negocios legales e ilegales en un marco de complicidad y aquiescencia de las autoridades en todos los niveles¡±.

Este fin de semana, en el Caracol Jacinto Canek, una comunidad aut¨®noma del Ej¨¦rcito Zapatista de Liberaci¨®n Nacional (EZLN) en San Crist¨®bal de las Casas, m¨¢s de 700 personas se dieron cita en un evento organizado por el Congreso Nacional Ind¨ªgena. Era la ¨²ltima parada de El Sur Resiste, una caravana que ha recorrido Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Yucat¨¢n y Quintana Roo para denunciar el despojo de sus tierras, la militarizaci¨®n y la desigualdad que vienen de la mano con los megaproyectos que el Gobierno est¨¢ ejecutando en la regi¨®n, como el Tren Maya o el Corredor Trans¨ªstmico. El informe del Frayba respalda sus planteamientos: ¡°El Estado se encuentra atravesado por intereses geopol¨ªticos y la infraestructura para su desarrollo, como proyectos tur¨ªsticos, mineros, y recursos geoestrat¨¦gicos de bienes naturales¡±.

Para conseguir sus objetivos, las autoridades recurren a ¡°la creaci¨®n y administraci¨®n de tensiones y conflictos a partir del derroche econ¨®mico y la imposici¨®n de nuevas formas de organizaci¨®n comunitarias a trav¨¦s de programas sociales¡± como Sembrando Vida, una iniciativa gubernamental que busca cubrir las necesidades alimenticias b¨¢sicas mediante la agricultura. En la pr¨¢ctica, seg¨²n el Frayba, programas como este, el Tren Maya o el Corredor ¡°sirven para profundizar el despojo a partir de la implementaci¨®n de proyectos en los pueblos y comunidades que consolidan el corporativismo territorial y tensionan las estructuras comunitarias hasta generar conflictos que permiten su administraci¨®n y control territorial a partir de la fragmentaci¨®n y violencia¡±.

Militarizaci¨®n y contenci¨®n de migrantes

El contexto de Chiapas es tambi¨¦n de ¡°un proceso de profundizaci¨®n de la militarizaci¨®n que se ha consolidado como una pol¨ªtica de Estado¡±. El Sur Resiste identific¨® a su paso por la regi¨®n 147 campamentos militares ubicados en las proximidades de comunidades aut¨®nomas del EZLN. Adem¨¢s, la presencia del Ej¨¦rcito y la Guardia Nacional en el territorio es constante como muro de contenci¨®n de los procesos migratorios procedentes de Centro y Sudam¨¦rica. Esto provoca enormes tapones en ciudades como Tapachula, denunciada por las organizaciones de derechos humanos como una c¨¢rcel a cielo abierto de migrantes.

La situaci¨®n se ha agravado en los ¨²ltimos d¨ªas con el anuncio del fin del T¨ªtulo 42, la pol¨¦mica medida impuesta por Estados Unidos durante el Gobierno de Donald Trump que permit¨ªa deportar en caliente a los migrantes que cruzaran la frontera estadounidense. Con el fin de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus el pr¨®ximo 11 de mayo, las autoridades mexicanas prev¨¦n un fuerte aumento en el tr¨¢nsito de personas que tratan de llegar al norte. Los primeros efectos ya se est¨¢n sintiendo estos d¨ªas en la frontera sur del pa¨ªs, donde ha aumentado el flujo migratorio agudizando la crisis humanitaria y de hacinamiento que ya exist¨ªa ante la contenci¨®n militar mexicana.

Las conclusiones del informe se centran tambi¨¦n en el desplazamiento forzado de comunidades enteras de Chiapas, ¡°uno de los fen¨®menos con mayor crudeza en el Estado, present¨¢ndose de forma permanente desde 1994¡å. El 1 de enero de aquel a?o, el EZLN se alz¨® en armas contra el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari para acabar con las condiciones de miseria y explotaci¨®n que sufr¨ªan ¡ªy sufren¡ª los pueblos ind¨ªgenas de M¨¦xico. De la mano de aquella insurrecci¨®n vinieron ¡°acciones de violencia pol¨ªtica contrainsurgente¡± que se han recrudecido en los ¨²ltimos tiempos, adem¨¢s de ¡°la violencia generalizada que impacta por igual a los pueblos y comunidades¡±. Para el Frayba, esto ¡°constituye da?os irreversibles, que, por su permanencia en el tiempo y las implicaciones psicosociales, son equiparables a tratos crueles, inhumanos o degradantes, dentro de un entorno torturante¡±.

Con todo este contexto, los defensores de la tierra, los derechos humanos y los comunicadores que denuncian estas pr¨¢cticas, viven en una situaci¨®n de vulnerabilidad extrema. ¡°Se vuelve una actividad de riesgo¡±. Como soluci¨®n, el Frayba apuesta por fijar la mirada en el ejemplo y ¡°las resistencias de los pueblos¡± que ¡°generan las alternativas de lucha y autonom¨ªa¡±. ¡°Son quienes en su andar han afinado sus posturas para la transformaci¨®n social¡±. ¡°Fortalecer e impulsar procesos organizativos para generar alternativas de paz y desmontar la violencia en las comunidades, en los pueblos que hoy est¨¢n amenazados y en la reconstituci¨®n de comunidades y pueblos que generen sus propios horizontes de vida¡±, sentencia el informe.

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