Los sobornos a Pemex llegan ante la Justicia en EE UU: un exempleado de Vitol reconoce pagos irregulares a la petrolera

El caso de corrupci¨®n entre la petrolera del Estado, Petr¨®leos Mexicanos (Pemex), y la gigante energ¨¦tica suiza Vitol ha llegado a su primer juicio en Estados Unidos. Javier Aguilar, ciudadano estadounidense de 49 a?os, quien en 2020 dijo haber pagado sobornos a funcionarios de M¨¦xico, Ecuador y Brasil, tuvo su primera aparici¨®n el lunes ante una jueza federal en Texas.

EE UU acusa a Aguilar de presuntamente violar las disposiciones anti soborno de la...

El caso de corrupci¨®n entre la petrolera del Estado, Petr¨®leos Mexicanos (Pemex), y la gigante energ¨¦tica suiza Vitol ha llegado a su primer juicio en Estados Unidos. Javier Aguilar, ciudadano estadounidense de 49 a?os, quien en 2020 dijo haber pagado sobornos a funcionarios de M¨¦xico, Ecuador y Brasil, tuvo su primera aparici¨®n el lunes ante una jueza federal en Texas.

EE UU acusa a Aguilar de presuntamente violar las disposiciones anti soborno de la Ley de Pr¨¢cticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en ingl¨¦s). La acusaci¨®n oficial de cinco cargos, presentada el 3 de agosto, alega que Aguilar fue un exgerente y comerciante de petr¨®leo de Vitol Inc., la filial estadounidense del grupo de compa?¨ªas que conforma Vitol, una de las comercializadoras de energ¨ªa m¨¢s grandes del mundo. ¡°El exempleado supuestamente acord¨® con otros sobornar a funcionarios mexicanos para obtener ventajas comerciales relacionadas con contratos con el Gobierno mexicano, a trav¨¦s de Pemex Procurement International (PPI). Tambi¨¦n est¨¢ acusado de lavado de dinero en relaci¨®n con el esquema¡±, dice el comunicado emitido por el Departamento de Justicia de EE UU.

En diciembre de 2020, ejecutivos de Vitol admitieron a las autoridades en Estados Unidos que habr¨ªan pagado sobornos a Petr¨®leos Mexicanos, as¨ª como a funcionarios en Brasil y Ecuador, a cambio de informaci¨®n privilegiada que les ayudar¨ªa a ganar licitaciones de contratos. El caso se abri¨®, inicialmente, en Nueva York, en donde tiempo despu¨¦s un juez desech¨® las acusaciones por considerar que ese Estado no era el adecuado para llevar el caso. En ese momento, el presidente de M¨¦xico, Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, emiti¨® una denuncia propia, por la que se inici¨® una investigaci¨®n paralela en M¨¦xico.

Unos meses despu¨¦s, el director general de Pemex, Octavio Romero, inform¨® que Vitol hab¨ªa ofrecido 17 millones de d¨®lares para resarcir los da?os por dicha corrupci¨®n, adem¨¢s de que terminar¨ªa el trabajo por los contratos en cuesti¨®n ¡°sin costo¡±. L¨®pez Obrador, por su parte, dijo que la indemnizaci¨®n era mayor, de unos 30 millones de d¨®lares. No fue hasta junio de 2021 que, sin hallazgos propios por la investigaci¨®n hecha en M¨¦xico, L¨®pez Obrador dijo en su conferencia de prensa que Vitol deb¨ªa entregar los nombres de los empleados de Pemex que incurrieron en los sobornos. En septiembre de 2021, Reuters report¨® que Pemex hab¨ªa cancelado sus contratos con Vitol, para un a?o despu¨¦s, retomar la negociaci¨®n de los mismos.

Seg¨²n el Departamento de Justicia de EE UU, Aguilar supuestamente se reuni¨® con los gerentes de adquisiciones del brazo privado de Pemex en Houston, PPI, entre septiembre de 2017 y abril de 2018, y acord¨® hacer los pagos irregulares por informaci¨®n interna confidencial para ayudar a Vitol a ganar negocios con PPI, incluido un contrato para suministrar etano a Pemex a trav¨¦s de PPI. Aguilar supuestamente acord¨® hacer los pagos por un total de aproximadamente 600.000 d¨®lares para ayudar a Vitol a ganar el contrato de etano.

¡°Para promover el esquema de soborno y ocultar las ganancias derivadas de ¨¦l, Aguilar y sus c¨®mplices hicieron que los sobornos se pagaran a trav¨¦s de una serie de transacciones y compa?¨ªas ficticias, seg¨²n los cargos¡±, dice el comunicado emitido desde Texas.

A pesar de que PPI opera como una empresa privada en EE UU, sus empleados deben ser procesados como funcionarios p¨²blicos, debido a que es una subsidiaria propiedad exclusiva de una empresa estatal, argumentan las autoridades federales en EE UU. Esto puede tener implicaciones en el caso de dos exfuncionarios del brazo privado en el extranjero de la Comisi¨®n Federal de Electricidad (CFE), CFE International, quienes por su parte enfrentan un caso civil en EE UU por supuestamente otorgar contratos con tr¨¢fico de influencias a una desconocida empresa estadounidense.

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