Un pol¨¦mico acuerdo de la FGR da capacidades a los ministerios p¨²blicos para vigilar tel¨¦fonos

El fiscal general de la Rep¨²blica, Alejandro Gertz Manero, ha publicado en este mes un acuerdo en el Diario Oficial de la Federaci¨®n (DOF) y con ¨¦l ha desatado el debate. La publicaci¨®n da capacidades a los ministerios p¨²blicos, los funcionarios que llevan adelante las investigaciones, para solicitar a las compa?¨ªas de telecomunicaciones los datos de geolocalizaci¨®n en tiempo real y otros datos sin pasar antes por un juez. Pese a que est¨¢ restringido para algunos casos puntuales, como para aquellos en los que est¨¦ en riesgo alguna vida, las nuevas licencias generan suspicacias hacia una dependencia que ha hecho uso de sus facultades para vigilar los tel¨¦fonos de personajes que ni siquiera estaban bajo investigaci¨®n. Este peri¨®dico ha consultado a un grupo de expertos para que interpretaran lo publicado en el DOF y las implicancias que podr¨ªa tener.

El acuerdo, con fecha del 6 de diciembre, ha generado diversas opiniones sobre un tema que ya era espinoso. El mes pasado se conoci¨® a trav¨¦s de una investigaci¨®n del peri¨®dico The New York Times que agentes de la Fiscal¨ªa de Ciudad de M¨¦xico hab¨ªan solicitado a un juez este mismo tipo de datos telef¨®nicos, justificando que investigaban un supuesto secuestro. As¨ª fue que accedieron a informaci¨®n del tel¨¦fono del actual alcalde de Benito Ju¨¢rez, Santiago Taboada, quien es adem¨¢s el candidato opositor al Gobierno de Ciudad de M¨¦xico. El reportaje despert¨® las cr¨ªticas de la oposici¨®n, que acusaron abuso de autoridad por parte de la dependencia que est¨¢ encargada de procurar justicia.

En una l¨ªnea muy parecida, el titular de la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica ha dado permiso a sus ministerios p¨²blicos puntualmente para pedir a los concesionarios de telecomunicaciones y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos ¡°la localizaci¨®n geogr¨¢fica en tiempo real o la entrega de los datos conservados¡± de un cliente, ¡°cuando est¨¦ en peligro la integridad f¨ªsica o la vida de una persona o se encuentre en riesgo el objeto del delito, as¨ª como en hechos relacionados con la privaci¨®n ilegal de la libertad, secuestro, extorsi¨®n o delincuencia organizada¡±. Luego, tendr¨¢ 48 horas para informar de lo que hizo al juez.

Estas capacidades ya las ten¨ªa el titular de la FGR. Pero ahora se ha puesto en manos directamente de los ministerios p¨²blicos. El acuerdo tambi¨¦n otorga a los agentes de investigaci¨®n capacidades para solicitar a las empresas de telecomunicaciones que resguarden ¡°datos contenidos en redes, sistemas o equipos de inform¨¢tica¡± de un tel¨¦fono; o que pidan ante un juez autorizaci¨®n para acceder a informaci¨®n bancaria de cualquier persona a trav¨¦s de la Comisi¨®n Nacional Bancaria y de Valores. Algo que estaba autorizado para cargos como jefes de unidad o funcionarios por encima de ellos.

El abogado penalista Ambrosio Michel, que analiz¨® el acuerdo junto a su equipo legal, reconoce que por la ambig¨¹edad del lenguaje utilizado, este documento podr¨ªa abrir la puerta a que los ministerios p¨²blicos soliciten todo tipo de datos telef¨®nicos a las empresas sin una autorizaci¨®n judicial, incluso las s¨¢banas con las llamadas de una l¨ªnea. Michel intuye que esta resoluci¨®n acabar¨¢ por llegar a la Suprema Corte, en cuanto se utilice para imputar a una persona y su defensor lo impugne. Aunque destaca que los ministerios p¨²blicos, seg¨²n lo publicado, deber¨¢n seguir pidiendo autorizaci¨®n a sus superiores. ¡°Es delegar sin delegar¡±, se?ala. ¡°?Te pueden delegar facultades cuando est¨¢s sujeta a que te lo autorice un superior?¡±, se pregunta.

Para el penalista Ulises G¨®mez Nolasco este punto justamente resguarda la clave. ¡°Hay un ¨¢nimo de curarse en salud por parte del fiscal¡±, dice. ¡°Est¨¢ generando un dique, para que cualquier uso indebido de esta facultad no le pegue a ¨¦l. Si le pasara lo mismo que a Ernestina Godoy, podr¨ªa decir: es responsabilidad del ministerio p¨²blico que ejerci¨® esa facultad¡±. G¨®mez Nolasco trabaj¨® en la procuraci¨®n de justicia y admite que este tipo de facultades son muy ¨²tiles a la hora de perseguir delitos. ¡°Pero el problema est¨¢ en c¨®mo se usa y c¨®mo controlamos el mal uso¡±, dice.

¡°Si estuvi¨¦ramos en un lugar donde los fiscales fueran de fiar evidentemente ser¨ªa robustecerlos y darles herramientas para perseguir el delito¡±, comenta la abogada Adriana Greaves, de la organizaci¨®n Tojil. ¡°Sin embargo, dado el contexto mexicano s¨ª puede ser peligroso porque se abre una puerta a posibles extorsiones y espionaje¡±, agrega. Las palabras de este acuerdo podr¨ªan abrir un debate jur¨ªdico, explica la abogada, que se?ala que lo m¨¢s discutible est¨¢ en la frase ¡°los datos conservados¡± y qu¨¦ significa eso, si incluye datos de contenido o solo de tr¨¢fico.

El ojo estar¨¢ puesto en el desempe?o que tenga la FGR, que ha probado anteriormente que hay motivos suficientes para alertarse. Este peri¨®dico dio a conocer que la Fiscal¨ªa compr¨® programas de inteligencia para la geolocalizaci¨®n de celulares y an¨¢lisis de datos masivos entre 2019 y 2020. Adem¨¢s, EL PA?S cont¨® en julio del a?o pasado que esa dependencia hab¨ªa pinchado ilegalmente el tel¨¦fono del padre de Emilio Lozoya, con el fin de presionarle mientras negociaban el caso Odebrecht. El nuevo acuerdo ahora deja la puerta entreabierta en un nuevo acceso a la informaci¨®n privada.

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