Las Buscadoras mexicanas piden ante la Comisi¨®n Interamericana que el Estado las proteja en el rastreo de sus desaparecidos

El drama de los desaparecidos en M¨¦xico trasciende ya a la tragedia original y se desenvuelve en diferentes capas de horror, ninguna nueva de puertas para adentro. Este mi¨¦rcoles, familiares de personas desaparecidas de varias regiones del pa¨ªs, caso de Sinaloa o Guanajuato, han comparecido en una audiencia ante la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, para alumbrar una de las capas recientes, consecuencia de las m¨¢s antiguas: las represalias que sufren por buscar a los suyos.

Es un dolor sin fin. En el marco de la guerra contra el crimen organizado, periodo que abarca al menos los ¨²ltimos 17 a?os, las personas desaparecidas se cuentan por decenas de miles en M¨¦xico. Adem¨¢s del reclamo obvio de que esta situaci¨®n, la desaparici¨®n constante de personas, se mantenga en el tiempo, las familias de los ausentes exigen condiciones para la b¨²squeda, petici¨®n que ilumina, en realidad, otra omisi¨®n gubernamental: su incapacidad para buscarlos y encontrarlos. Eso, en el mejor de los casos.

No es seguro buscar a los desaparecidos. Raymundo Sandoval, de la Plataforma por la Justicia y por la Paz en Guanajuato, ha informado a la CIDH que ¡°las amenazas y los desplazamientos forzados son muchas veces consecuencias de las b¨²squedas¡±. Sandoval ha recordado que, desde 2010, al menos 20 buscadores y buscadoras han sido asesinadas en el pa¨ªs, la mayor¨ªa durante la administraci¨®n actual, que preside Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador. Despu¨¦s de la audiencia, las organizaciones y colectivos de familiares de personas desaparecidas que comparecieron ante la CIDH, han corregido al alza la cifra. Son en realidad 22.

Alejandra Mart¨ªnez, hermana de Ismael Mart¨ªnez, desaparecido el 12 de julio de 2020, en Sinaloa, ha recordado el caso de una colega de su colectivo, Rosario Lili¨¢n. La mujer buscaba a su hijo Fernando, desaparecido en La Cruz, Sinaloa, en 2019. Fue asesinada en 2022. ¡°Rosario organiz¨® una misa por el d¨ªa internacional de las v¨ªctimas de desaparici¨®n. Saliendo, un grupo del crimen organizado se la llev¨®. Fue localizada tirada en un camino, a medianoche¡±, ha recordado Mart¨ªnez. ¡°Su cuerpo fue envuelto en la lona que llevaba la foto de su hijo. La mataron a golpes y le pasaron una camioneta por encima. La fiscal nos dijo que hab¨ªa personas detenidas, pero un periodista corrobor¨® que no hab¨ªa nadie detenido. Luego, la fiscal neg¨® habernos dicho que hab¨ªa detenidos¡±, ha a?adido.

Mart¨ªnez ha explicado que, antes de su asesinato, la mujer hab¨ªa recibido amenazas de todo tipo. Tambi¨¦n hab¨ªa sufrido atentados. ¡°Meses antes, le rociaron su casa con gasolina y le prendieron fuego mientras ella estaba dentro. Lo apag¨®. Luego, le robaron su camioneta. Nunca denuncio los hechos, pero se lo hizo saber a la titular de la subsecretaria de Derechos Humanos del Gobierno de Sinaloa y a nosotras¡±, ha detallado la mujer. ¡°No denunci¨® porque pensaba que la fiscal¨ªa pod¨ªa estar involucrada. En una b¨²squeda, un mes antes de su asesinato, lleg¨® una patrulla de la polic¨ªa municipal, con un civil. Ese civil le habl¨® a Rosario y le dijo, ¡®?qu¨¦ chingados quieres!¡¯, y le advirti¨® que dejara de buscar. Ella repet¨ªa que solo quer¨ªa saber d¨®nde estaba su hijo¡±, ha insistido.

El testimonio de Mart¨ªnez, los sufrimientos de Lili¨¢n, son una ventana a los males que aquejan al pa¨ªs en materia de desaparici¨®n de personas. No es solo que grupos criminales desaparezcan a miles, maten a muchas, y escondan sus restos en fosas, o los deshagan. Es que el Estado no ha desarrollado capacidades para contener esta situaci¨®n y liderar la b¨²squeda de los desaparecidos. M¨¢s a¨²n, en muchas ocasiones se convierte en un obst¨¢culo, cuando no, directamente, en agente revictimizante. Mart¨ªnez ha contado su caso: ¡°Fuimos extorsionados por agentes de la Fiscal¨ªa, que usaron los datos que les dimos cuando hicimos la denuncia, para escribirnos diciendo que ten¨ªan a mi hermano. Hoy, est¨¢n procesados por eso¡±.

Bibiana Mendoza, cuyo hermano desapareci¨® en Irapuato, Guanajuato en 2018, insist¨ªa en los da?os del proceso de b¨²squeda. Lejos de inaugurar la reparaci¨®n, se convierte en un castigo paralelo. ¡°Cuando realizamos las b¨²squedas, muchas veces lo hacemos en territorios controlados por grupos delincuenciales que opera con autorizaci¨®n y apoyo de agentes del Estado. Es necesario quitar al crimen el poder que tiene sobre nuestras comunidades, autoridades, y sobre el cuerpo armado mexicano¡±, ha dicho.

La presidenta de la audiencia, Andrea Pochak, relatora especial de la CIDH para M¨¦xico, ha calificado de intolerable el hecho de que ¡°salir a buscar a seres queridos implique poner en riesgo la propia vida¡±. Pochak ha lanzado igualmente un dardo al Gobierno de L¨®pez Obrador. Aunque ha celebrado ¡°las medidas institucionales para enfrenar el problema, las distintas leyes sobre desaparici¨®n y b¨²squeda, los mecanismos de protecci¨®n y atenci¨®n a v¨ªctimas¡±, ha lamentado los ¡°serios retrocesos en esta institucionalidad, la falta de implementaci¨®n de las leyes, la falta de recursos en los mecanismos y falta de articulaci¨®n entre agencias del estado¡±.

Esto ¨²ltimo apuntaba al desmantelamiento del aparato de defensa y promoci¨®n de los derechos humanos del Gobierno de L¨®pez Obrador, sobre todo en materia de b¨²squeda de desaparecidos e identificaci¨®n forense. Hace unas semanas, M¨¦xico conoc¨ªa, por ejemplo, el pr¨¢ctico abandono del Centro Nacional de Identificaci¨®n Humana, ideado precisamente para mejorar las capacidades de identificaci¨®n de restos humanos hallados en fosas estos a?os, o escondidos por negligencia o incapacidad, en fosas comunes. A la vez, las purgas al interior de la Comisi¨®n Nacional de la B¨²squeda han acabado con la l¨®gica implementada en los primeros a?os de la administraci¨®n, centrada en mapear y entender la magnitud del problema.

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