Siete cuarteles de polic¨ªa y un agujero de 5.186 millones de pesos: las claves del caso contra el exgobernador Silvano Aureoles

La justicia persigue al exgobernador de Michoac¨¢n Silvano Aureoles por un presunto acto de corrupci¨®n que ha provocado al erario estatal un desfalco de 5.186 millones de pesos. El caso est¨¢ relacionado con la simulaci¨®n de un arrendamiento para la construcci¨®n de siete cuarteles de la Polic¨ªa Estatal durante el sexenio de Aureoles (2015-2021), del PRD, el hist¨®rico partido de la izquierda mexicana ya desaparecido. Dado que se utilizaron recursos federales en la contrataci¨®n irregular, el asunto es investigado por la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica (FGR), que ha obtenido una orden de captura contra el pol¨ªtico perredista. El actual mandatario de Michoac¨¢n, el morenista Alfredo Ram¨ªrez Bedolla, ha informado este lunes de que su antecesor est¨¢ fuera de M¨¦xico y que es considerado pr¨®fugo de la justicia.

Cuatro colaboradores de Aureoles han sido detenidos el pasado fin de semana, se?al de que la Fiscal¨ªa aprieta el cerco en torno al exmandatario, que se une a las filas de los pol¨ªticos investigados por sus cuentas pendientes con la justicia y por su oposici¨®n al Gobierno en turno. Aureoles vive ahora una circunstancia semejante a la de Francisco Garc¨ªa Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, militante del PAN, acusado de crimen organizado y blanqueo de recursos y quien se ha exiliado de M¨¦xico para evitar su captura. Mientras Cabeza de Vaca alega que se trata de una persecuci¨®n pol¨ªtica, Aureoles no se ha mostrado en p¨²blico para hablar de las acusaciones en su contra. En los corrillos pol¨ªticos se ha se?alado que, tras bambalinas, el exmandatario estaba impulsando la fundaci¨®n de Somos M¨¦xico, el esfuerzo opositor por constituir un nuevo partido tras la debacle de la alianza PRI-PAN-PRD en las pasadas elecciones presidenciales.

La acusaci¨®n contra Aureoles, que ha hecho p¨²blica el Gobierno de Ram¨ªrez Bedolla, apunta a contratos suscritos por la Administraci¨®n del perredista en 2016 y 2017 con la firma Inmobiliaria DYF, S.A. de C.V., constituida por los hermanos Joaqu¨ªn y Ricardo Mart¨ªnez del Campo. El objeto de los contratos ¡ªque fueron adjudicados de manera directa, es decir, sin licitaci¨®n¡ª era construir siete cuarteles de la Polic¨ªa en los municipios de Apatzing¨¢n, Coalcom¨¢n, Huetamo, Jiquilpan, Uruapan, L¨¢zaro C¨¢rdenas y Zit¨¢cuaro.

Lo truculento de las contrataciones estaba en que la empresa no ten¨ªa la posesi¨®n real y material de los terrenos donde se edificar¨ªan los cuarteles. Inicialmente, el acuerdo fue arrendar las instalaciones policiacas con Inmobiliaria DYF, concepto por el que la Administraci¨®n de Aureoles pag¨® a la firma 3.425,7 millones de pesos. No obstante, el 28 de septiembre de 2021, dos d¨ªas antes de que concluyera el sexenio, el Gobierno de Aureoles decidi¨® comprar los cuarteles que antes hab¨ªa arrendado, por un monto adicional de 1.760,3 millones de pesos.

Seg¨²n las pesquisas de la Administraci¨®n de Ram¨ªrez Bedolla, que en 2022 present¨® la denuncia ante la FGR, Inmobiliaria DYF ni siquiera ten¨ªa la titularidad de los predios al momento de la firma de los contratos. Por ejemplo, en el caso del inmueble para el cuartel de Apatzing¨¢n, la empresa adquiri¨® la propiedad hasta octubre de 2019. Esto significa que entre 2016 y ese a?o se le pag¨® un arrendamiento ¡ªde 452 millones de pesos¡ª al que no ten¨ªa derecho formalmente. Los siete predios a nombre de Inmobiliaria DYF fueron escriturados 28 de septiembre de 2021, el mismo d¨ªa en que el Gobierno de Aureoles compr¨® a la empresa los cuarteles.

Hay un par de agravantes en este caso de corrupci¨®n. Seg¨²n la investigaci¨®n, el terreno para la construcci¨®n del cuartel en Uruapan hab¨ªa sido donado por el Ayuntamiento de ese municipio al Gobierno estatal, lo que indica que la Administraci¨®n de Aureoles pag¨® a Inmobiliaria DYF un arrendamiento ¡ªy despu¨¦s una compra¡ª por un predio que ya era de propiedad p¨²blica. De acuerdo con los datos del expediente, el Gobierno de Aureoles desembols¨® 875,3 millones de pesos por ese inmueble, entre la renta y la adquisici¨®n.

Otro de los problemas es que no hay evidencia que avale que el Gobierno de Michoac¨¢n recibi¨® los inmuebles en calidad de propietario, pese haberlos comprado. Este ha sido un hallazgo de la Auditor¨ªa Superior de la Federaci¨®n (ASF), que, al fiscalizar el uso de los recursos federales en el ejercicio 2021, detect¨® que el Gobierno local no contaba con los t¨ªtulos de propiedad y que los inmuebles no se encontraban incorporados al patrimonio del Estado, al menos en el caso de los complejos de Uruapan, Zit¨¢cuaro y Apatzing¨¢n.

Adem¨¢s de las anomal¨ªas en la propiedad de los predios, la Administraci¨®n de Ram¨ªrez Bedolla encontr¨® tambi¨¦n irregularidades en los cuarteles construidos. El expediente detalla que los materiales de las instalaciones destinadas a los polic¨ªas son ¡°de pl¨¢stico¡±. Adicionalmente, de manera indebida, en cada complejo se edific¨® una residencia para uso exclusivo del gobernador, para cuando se encontrase en aquellos municipios. Esas residencias s¨ª que ten¨ªan blindaje y estaban equipadas con lujos y comodidades no disponibles para los agentes (por ejemplo, las casas contaban con asador y una palapa con amplio espacio para fiestas). Adem¨¢s, los contratos establec¨ªan que se deb¨ªa edificar en cada predio un conjunto de oficinas administrativas para dar atenci¨®n al p¨²blico, que no se construyeron.

El fin de semana fueron capturados cuatro funcionarios a los que la Fiscal¨ªa responsabiliza directamente del quebranto al erario. A la cabeza est¨¢ Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas, detenido en un aeropuerto de Florida y que fue enviado de regreso a M¨¦xico a petici¨®n de las autoridades. Tambi¨¦n fue capturado Antonio Bernal Bustamante, que fue el primer secretario de Seguridad P¨²blica de Aureoles, as¨ª como Mario Delgado Murillo y Elizabeth Villegas Pineda, exdelegados de finanzas y administraci¨®n de la Secretar¨ªa de Seguridad.

Los accionistas de Inmobiliaria DYF, los hermanos Mart¨ªnez del Campo, contin¨²an en libertad. Los empresarios estuvieron involucrados en otro esc¨¢ndalo de corrupci¨®n, esta vez en Nuevo Le¨®n. All¨ª, en 2022, fue denunciada Mar¨ªa de los ?ngeles Erris¨²riz, exsecretaria de Educaci¨®n, as¨ª como un grupo de colaboradores, por irregularidades en un contrato para la instalaci¨®n de aulas escolares prefabricadas. Ese contrato, adjudicado directamente en 2020, durante el mandato de Jaime Rodr¨ªguez, recay¨® en la firma Desarrolladora M, S.A. de C.V., tambi¨¦n propiedad de los hermanos Mart¨ªnez del Campo. La denuncia de entonces se?alaba que las ¡°aulas m¨®viles¡± entregadas eran de mala calidad y no se correspond¨ªan con las especificaciones del contrato.

Aureoles es el ¨²ltimo gobernador surgido de las filas del PRD antes de su desaparici¨®n como partido. No es el primer mandatario en ser acusado de cometer actos de corrupci¨®n durante su gesti¨®n ¡ªy seguramente no ser¨¢ el ¨²ltimo en este rubro¡ª. En 2021 denunciaba que el crimen organizado influ¨ªa en la pol¨ªtica de Michoac¨¢n a trav¨¦s de Morena. Un par de a?os despu¨¦s so?aba con ser candidato presidencial de la oposici¨®n. Hoy la inc¨®gnita es si la pr¨®xima aparici¨®n p¨²blica del exgobernador ser¨¢ en libertad o en manos de las autoridades.