La batalla entre el Gobierno y Vulcan por los predios de piedra caliza en Quintana Roo entra en un callej¨®n sin salida

El Gobierno busca dar un golpe sobre el tablero y zanjar con un decreto el conflicto que mantiene desde hace a?os con la minera Vulcan Materials por 2.000 hect¨¢reas en Quintana Roo. Esta semana, Bloomberg ha dado a conocer que el presidente de M¨¦xico, L¨®pez Obrador, declarar¨¢ la zona como ¨¢rea natural protegida y as¨ª podr¨¢ tomar el control de los terrenos en pugna. Desde hace d¨¦cadas, la minera estadounidense tiene la concesi¨®n sobre una extensa cantera de tierras calizas, sin embargo, esta zona est¨¢ en un impasse desde 2018, a?o en que la compa?¨ªa demand¨® al Estado mexicano por supuestos cambios legislativos que derivaron en p¨¦rdidas en su perjuicio, por ello, ahora exigen a M¨¦xico una indemnizaci¨®n de 1.500 millones de d¨®lares.

En un intento por destrabar el litigio internacional, el a?o pasado el Gobierno federal puso sobre la mesa la compra de los terrenos a la minera en 8.000 millones de pesos. La propuesta el Ejecutivo, no obstante, fue acompa?ada con la advertencia de que si declinaban la oferta se tomar¨ªan otras acciones legales para hacerse de los predios: ¡°Nosotros no vamos a dejar este asunto en suspenso, antes de irnos vamos a tomar una decisi¨®n completamente legal¡±, declar¨® en ese entonces.

El tiempo de este mandato se acaba y la compa?¨ªa estadounidense, lejos de aceptar la compraventa de los terrenos, mantiene el arbitraje internaci¨®n contra la Administraci¨®n Federal, argumentado que se han violentado sus derechos en el marco del Tratado de Libre Comercio, ahora TMEC. Fuentes allegadas al proceso han confirmado a EL PA?S que las negociaciones est¨¢n estacadas debido a que el Gobierno no ha cambiado su postura sobre convertir los yacimientos en ¨¢rea natural protegida ni tampoco han modificado el monto de la oferta de compra, una cifra que no parece adecuada para la contraparte. La minera ha declinado a hacer declaraciones sobre este posible decreto presidencial.

Vulcan mantiene desde los ochenta la concesi¨®n de tierras calizas, insumo para la construcci¨®n, en una zona selv¨¢tica del Estado de Quinta Roo. Entremedias, la firma comenz¨® hace seis a?os un litigio contra el Estado mexicano por el pago de una supuesta indemnizaci¨®n por m¨¢s de 1.500 millones de d¨®lares. El Gobierno de L¨®pez Obrador busca zanjar de una vez por todas esta batalla legal, ya sea mediante la compraventa de los terrenos o mediante el citado decreto presidencial, con el que impedir¨ªa a la firma la extracci¨®n de los minerales. El objetivo de la Administraci¨®n, si consigue hacerse de los terrenos, es convertirlos en un centro recreativo.

El trasfondo del conflicto es una demanda que Vulcan emiti¨® en contra del Estado mexicano en 2018. Vulcan, a trav¨¦s de su subsidiaria Calica, alega que la Administraci¨®n anterior clausur¨® parte de sus operaciones para cumplir con nuevas normas ambientales y esta decisi¨®n les gener¨® p¨¦rdidas significativas. La minera exige en un panel internacional una indemnizaci¨®n millonaria bajo el amparo del TLCAN, ahora TMEC.

L¨®pez Obrador ha sido enf¨¢tico en que no est¨¢n dispuestos a pagar esta indemnizaci¨®n: ¡°Hay una denuncia internacional, ellos alegan de que la clausura fue ilegal y est¨¢n pidiendo que se les paguen 1.500 millones de d¨®lares, nosotros estamos planteando que se destruy¨® el territorio y que vamos a defender el que ya no se pueda seguir utilizando como banco de material esta zona¡±, ha comentado en el pasado.

La advertencia del Ejecutivo a la minera para aceptar un buen trato ocurre a menos de siete meses de que culmine el presente sexenio y teniendo como tel¨®n de fondo la reciente declaraci¨®n como ¨¢rea natural protegida por parte del Gobierno del predio que aloja un campo de golf, propiedad de empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, en Huatulco (Oaxaca). Y meses atr¨¢s, en diciembre pasado, el Gobierno federal tom¨® el control de una planta de hidr¨®geno en Hidalgo, propiedad de Air Liquide.

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