Vulcan contra el Estado mexicano: la disputa legal por una cantera que va m¨¢s all¨¢ del da?o ambiental

Una minera estadounidense ha sustituido a la espa?ola Iberdrola como blanco favorito del presidente Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador. Vulcan Materials, propietaria de una cantera de caliza en la selva de Quintana Roo, mantiene desde hace a?os un conflicto legal con el Gobierno mexicano, al que reclama 1.500 millones de d¨®lares ante un panel de arbitraje. La disputa ha escalado en los ¨²ltimos meses. El presidente ha acusado a la empresa de provocar una ¡°cat¨¢strofe ecol¨®gica¡± y ha ordenado detener las operaciones. M¨¢s all¨¢ de esta preocupaci¨®n ambiental, L¨®pez Obrador ha utilizado el caso para atacar continuamente a los activistas que se oponen al pol¨¦mico Tren Maya. El conflicto, por el momento, no tiene visos de resolverse.

Vulcan ha estado presente en M¨¦xico desde 1986, cuando firm¨® un acuerdo con el Gobierno federal para extraer roca caliza de dos terrenos cerca de Playa del Carmen, una de las joyas tur¨ªsticas del Caribe mexicano. El acuerdo inclu¨ªa la construcci¨®n de un puerto para exportar el material a EE UU, donde Vulcan es el mayor productor de material de construcci¨®n con 1.400 millones de d¨®lares en ganancias el ¨²ltimo a?o. En 1996, la empresa compr¨®, a trav¨¦s de su subsidiaria Calica, otros dos terrenos colindantes, El Corchalito y La Adelita, con una superficie de 1.251 hect¨¢reas.

Pese a afirmar tener las autorizaciones medioambientales en regla, en la actualidad la cantera de Vulcan est¨¢ paralizada. En 2009, las autoridades locales y municipales cambiaron el Programa de Ordenamiento Ecol¨®gico Local (POEL) de La Adelita para prohibir las actividades de extracci¨®n en el mismo. En cuanto al predio de El Corchalito, en 2017 la Procuradur¨ªa Federal de Protecci¨®n al Ambiente (Profepa) determin¨® paralizar las actividades al considerar que la extracci¨®n era mayor a la autorizada.

La suspensi¨®n de las actividades motiv¨® la presentaci¨®n en 2018 de una demanda de arbitraje bajo el TLCAN. La empresa acus¨® a M¨¦xico de incumplir las obligaciones recogidas en el tratado comercial sobre un trato ¡°justo y equitativo¡± para la inversi¨®n privada. Seg¨²n Vulcan, la negativa del Estado de Quintana Roo y del municipio de modificar el POEL para permitir la extracci¨®n en La Adelita, as¨ª como la suspensi¨®n de El Corchalito decretada por la Profepa eran ¡°arbitrarias y contrarias al debido proceso¡±. De mantenerse, equivaldr¨ªan a una ¡°expropiaci¨®n indirecta¡±.

El proceso de arbitraje est¨¢ lejos de terminar. La defensa legal de Vulcan estima que el panel tomar¨¢ una decisi¨®n dentro de seis meses en el escenario m¨¢s optimista. Sin embargo, para sorpresa de la empresa, el presidente L¨®pez Obrador mencion¨® el caso a finales de enero por primera vez, y destac¨® el da?o ambiental provocado. ¡°Estamos hablando de una de las regiones m¨¢s bellas del mundo. Resulta que le dieron a esa empresa dos concesiones hace tiempo, 20 a?os, para extraer material y llevarse el material a Estados Unidos por barco¡±, declar¨®.

Desde entonces, el tema ha salido a relucir en al menos cinco conferencias matutinas del mandatario. Esta insistencia coincide con las cr¨ªticas de los grupos ambientalistas contra el Tren Maya, uno de los proyectos estrella de L¨®pez Obrador. La obra ha sido objeto de m¨²ltiples amparos y la construcci¨®n del tramo que va de Tulum a Playa del Carmen est¨¢ paralizada en los tribunales por haber provocado la tala de miles de ¨¢rboles sin contar previamente con una Manifestaci¨®n de Impacto Ambiental (MIA).

Molesto con los problemas judiciales del tren, el mandatario ha utilizado el caso de Vulcan para se?alar una supuesta hipocres¨ªa de los ¡°pseudoambientalistas¡±, a quienes acusa de no haber protestado por el impacto de la cantera. ¡°Los que ahora est¨¢n en contra de que se construya el Tren Maya dieron hasta permiso para que esta zona de Playa del Carmen se utilizara como banco de material¡±, declar¨® en mayo.

La bi¨®loga Julia Carabias, cr¨ªtica con el Tren Maya y secretaria de Medio Ambiente cuando se autoriz¨® a Vulcan la extracci¨®n, ha sido una de las ambientalistas atacadas. En febrero, Carabias respondi¨® que la MIA concedida a Vulcan ¡°no era un cheque en blanco¡± y que se impusieron condiciones ¡°numerosas y exigentes¡± sobre la cantidad m¨¢xima de material que se pod¨ªa extraer, as¨ª como medidas de restauraci¨®n de las ¨¢reas afectadas. ¡°El actual Gobierno tiene los fundamentos jur¨ªdicos y t¨¦cnicos para evaluar si esa explotaci¨®n minera operaba dentro de par¨¢metros ambientales aceptables¡±, dijo.

La empresa y el Gobierno se han reunido al m¨¢s alto nivel en al menos seis ocasiones, tanto en Washington como en Ciudad de M¨¦xico. Hace unas semanas, L¨®pez Obrador recibi¨® en Palacio Nacional al CEO de la compa?¨ªa, Thomas Hill, y al embajador de EE UU en M¨¦xico, Ken Salazar. El enfrentamiento, no obstante, sigue trabado. El Gobierno propuso a Vulcan transformar la cantera en una atracci¨®n ecotur¨ªstica. La empresa se resiste a hacerlo a corto plazo, aunque se muestra abierta a esa soluci¨®n m¨¢s adelante. ¡°Estamos abiertos a considerar la petici¨®n del Gobierno para transformar el uso de nuestra propiedad, siempre y cuando podamos continuar operando y exportando el material a EE UU¡±, se?ala a este peri¨®dico la vicepresidenta de Vulcan, Janet Kavinoky. ¡°El cambio del uso no suceder¨¢ de la noche a la ma?ana¡±.

Ante el estancamiento de las negociaciones, el presidente acus¨® en mayo a la empresa de incumplir un supuesto acuerdo de detener las excavaciones y aprovech¨® para cargar una vez m¨¢s contra los ¡°pseudoambientalistas¡± que se oponen al Tren Maya. Frente a las acusaciones, la empresa sostiene que nunca se comprometi¨® a suspender operaciones en el ¨²nico terreno que segu¨ªa con actividad, el de La Rosita, y para el que asegura tener los permisos en regla. ¡°Hemos pasado por todos los procesos requeridos y hemos operado bajo permisos y concesiones otorgados por el Gobierno¡±, afirma Kavinoky.

Cuatro d¨ªas despu¨¦s de las declaraciones de L¨®pez Obrador, Profepa anunci¨® que hab¨ªa clausurado la operaci¨®n en La Rosita. ¡°Derivado de la inspecci¨®n se advirti¨® la existencia de probables da?os y deterioros graves a los ecosistemas¡±, se?al¨® el organismo. Al mismo tiempo, el Gobierno ha suspendido el permiso de exportaci¨®n vigente desde el puerto de Vulcan y ha iniciado un procedimiento para revocarlo, seg¨²n la empresa. En lo que parece un ultim¨¢tum, el presidente ha dicho que la ¨²nica salida es que Vulcan acepte la propuesta ecotur¨ªstica planteada por el Gobierno. ¡°Se llevaban material para construir carreteras en Estados Unidos, destruyendo, una cat¨¢strofe ecol¨®gica, y vamos a presentar una denuncia internacional¡±, ha dicho esta semana.

Estas acciones han a?adido sal a la herida. Vulcan las ha tachado de ¡°ilegales y arbitrarias¡± y estima que les puede restar entre 80 y 100 millones de d¨®lares de ganancias este a?o. La empresa quiere incorporar la clausura de La Rosita a la demanda planteada ante el tribunal de arbitraje. Si el panel lo acepta, es probable que la decisi¨®n final se retrase a¨²n m¨¢s. Con todo, Vulcan asegura que la prioridad sigue siendo llegar a un acuerdo con el Gobierno, algo que parece cada vez m¨¢s lejano. ¡°Vulcan ha operado en la regi¨®n desde hace 30 a?os y queremos seguir operando¡±, se?ala Janet Kavinoky.

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