?Es Emilio Lozoya el nuevo Javier Duarte?

La llegada de Emilio Lozoya a M¨¦xico en el contexto de un Gobierno que ha apostado por una narrativa potente en la lucha anticorrupci¨®n ha encendido las esperanzas de todos los mexicanos que durante a?os y a?os hemos esperado que los casos de corrupci¨®n dejen de ser un caso m¨¢s de impunidad. Sin embargo, desde la llegada del avi¨®n, todo lo ocurrido parece indicar que el caso pinta para lo que se tem¨ªa: opacidad, simulaci¨®n e impunidad, tal como ocurri¨® con el ¨²nico pol¨ªtico de alto nivel que a la fecha ha sido sentenciado por hechos relacionados a gran corrupci¨®n: Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz.

Las irregularidades del caso Lozoya van desde el incumplimiento del deber de la Fiscal¨ªa y de la Polic¨ªa de ponerlo a disposici¨®n del juez de Control que orden¨® su detenci¨®n y peor a¨²n la omisi¨®n del juez de ordenar que el detenido se le ponga bajo su jurisdicci¨®n. La ¡°suspensi¨®n¡± por un plazo hasta de 10 d¨ªas ordenada por el juez para llevar a cabo su audiencia inicial sin tener ning¨²n fundamento legal para ello. Su internamiento en un hospital privado por razones de ¡°salud¡± poco claras. Los rumores y dichos acerca de que podr¨ªa ser beneficiado con un criterio de oportunidad que lo exonerar¨ªa de todos los cargos, a cambio de informaci¨®n de otros funcionarios. Especialmente, la opacidad impuesta por el Poder Judicial de la Federaci¨®n, que debido a las medidas restrictivas que ha impuesto con motivo de la contingencia por la covid-19 ha informado de que llevar¨¢ el procedimiento a puerta cerrada, sin p¨²blico, sin periodistas y que se limitar¨¢ a informar de lo que pasa por WhatsApp.

Estos hechos alertan sobre el paralelismo ocurrido en el caso del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, cuyas irregularidades iniciaron desde su llegada a M¨¦xico una vez extraditado desde Guatemala por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Seguido por un oficio enviado por el entonces Titular de la entonces Unidad de Inteligencia Financiera que solicitaba la Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica (PGR) que se reclasificara el delito para que en lugar de ser acusado por delincuencia organizada, fuera por el delito de asociaci¨®n delictuosa y lavado de dinero, a lo cual la PGR obedientemente reaccion¨® cambiando los delitos. Todo para terminar en un beneficioso negocio que implic¨® que en lugar de llevarlo a un juicio para esclarecer los hechos, buscar imponer una pena ejemplar (de hasta 55 a?os) y reparar el da?o causado, termin¨® en un pacto a trav¨¦s de la negociaci¨®n de una sentencia reducida en la que Javier Duarte aceptar¨ªa una sentencia de nueve a?os de prisi¨®n y 58.000 pesos de multa (unos 2.600 d¨®lares). Todo ello detr¨¢s de un muy probable soborno, entre los funcionarios de la PGR y Javier Duarte. Consolid¨¢ndose como una nueva modalidad de impunidad a trav¨¦s de ¡°justicia simulada¡± a cambio de jugosos sobornos.

Los paralelismos no terminan ah¨ª, pues aunque pareciera que los tiempos y los actores han cambiado ya que el presidente Pe?a Nieto y el encargado de despacho, El¨ªas Beltr¨¢n (quien ya es investigado por la UIF), ya no est¨¢n, y en su lugar tenemos al presidente L¨®pez Obrador y al fiscal Alejandro Gertz, la realidad es que al interior nada ha cambiado como para hacer un cambio diverso.

En el caso Javier Duarte, la organizaci¨®n Tojil present¨® una denuncia por corrupci¨®n entre los fiscales y Javier Duarte al momento de llegar a este acuerdo. Lo interesante es que en ese caso la ONG solicit¨® que se le diera el car¨¢cter de v¨ªctima toda vez que conforme a las leyes mexicanas esto es posible, y permitir¨ªa que ciudadanos a trav¨¦s de una ONG participaran como coadyuvantes de la investigaci¨®n y como un real contrapeso ante las irregularidades de la Fiscal¨ªa. Sin embargo, en ese caso la Visitadur¨ªa General a cargo de Adriana Campos (quien a su vez fuera tambi¨¦n directora de Asuntos Jur¨ªdicos con el Procurador Murillo Karam) se neg¨® rotundamente a reconocer el papel de las v¨ªctimas, lo que llev¨® el asunto a un juez de control que confirm¨® la negativa, luego de un juicio de amparo que le dio la raz¨®n a la ONG y finalmente a un tribunal colegiado que revoc¨® el amparo concedido ante el recurso impuesto de la Fiscal¨ªa General. La historia no ha terminado: el 21 de julio la TOJIL present¨® una petici¨®n ante la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos, quien de considerarla viable, podr¨ªa llevar a la Corte Interamericana el primer caso que se resuelva sobre el v¨ªnculo de violaci¨®n a derechos humanos y corrupci¨®n.

Ahora como dato curioso en el caso Lozoya, en el que ya se avizoran diversas irregularidades, se destaca que las denuncias o investigaciones por irregularidades de funcionarios de la Fiscal¨ªa, caer¨ªa ahora en la nueva Unidad de Asuntos Internos, pero que contin¨²a liderada por la misma Adriana Campos (quien est¨¢ a cargo de estas labores desde los exprocuradores Arely G¨®mez, Ra¨²l Cervantes y El¨ªas Beltr¨¢n) y quien es ya m¨¢s experta en cerrarle la puerta a la sociedad civil que en buscar fungir como real contrapeso de la corrupci¨®n y de las irregularidades, que en investigar y sentenciar a fiscales corruptos, imponiendo la perversa idea de que los ciudadanos no somos los v¨ªctimas de la corrupci¨®n.

No es poco conocido que en el transcurso de las investigaciones m¨¢s importantes de corrupci¨®n, se ha observado c¨®mo la autoridad act¨²a sigilosamente, incluso ha llegado a acuerdos por debajo de la mesa y en lo oscurito, diferente ser¨ªa si esta autoridad tuviera un contrapeso, un ente vigilante y coadyuvante que colabore directamente en la investigaci¨®n. As¨ª esperamos que la justicia y la ley prevalezcan ante la pol¨ªtica y que Emilio Lozoya no sea el nuevo Duarte de la Administraci¨®n del presidente L¨®pez Obrador y del fiscal Alejando Gertz.

Adriana Greaves y Estefania Medina son cofundadoras de Tojil.