Los l¨ªmites a la lealtad

Han sido varias las ocasiones en que el presidente L¨®pez Obrador ha dicho que la justicia prevalece sobre el derecho. Que siempre debe optarse por la primera respecto de la segunda. En su decir me parec¨ªa encontrar un mero ejercicio ret¨®rico, propio de quienes, como ¨¦l, provienen de la lucha social. Una frase hecha para el discurso, con altas posibilidades de conectar con sus bases y potenciales electores. Sin embargo, lo afirmado por ¨¦l la semana pasada con motivo de la renuncia de Jaime C¨¢rdenas es distinto. El presidente afirm¨® con rotundidad: ¡°Pedimos lealtad a ciegas, para acabar con la corrupci¨®n, con los abusos, para llevar a cabo un Gobierno austero sobrio, hacer justicia. S¨ª es lealtad al pueblo, no a la persona, porque se convierte en abyecci¨®n. Queremos lealtad al proyecto de transformaci¨®n. Debemos poner por delante la justicia¡±.

A diferencia de otras intervenciones o, al menos, de otras ret¨®ricas justicieras, en esta ocasi¨®n el presidente dio lugar a una clara confrontaci¨®n entre dos modos completamente distintos de hacer pol¨ªtica. Su llamado fue a dejar de lado las regulaciones normativas del quehacer p¨²blico para asumir, sin ambages de ning¨²n tipo, un proyecto de transformaci¨®n nacional. De sus palabras puede desprenderse la exigencia de una subordinaci¨®n completa a lo que tal proyecto sea, pr¨¢cticamente con independencia a lo que el derecho disponga. Ello debe interpretarse de esta forma, en tanto no se haga ning¨²n tipo de matizaci¨®n ni intermediaci¨®n. La subordinaci¨®n exigida en forma de lealtad personal es a la transformaci¨®n misma y no, desde luego, a las normas jur¨ªdicas contenidas en la Constituci¨®n. La demostraci¨®n de todo ello est¨¢, finalmente, en la supuesta identificaci¨®n del proyecto con la justicia. Lo que fueron figuras parecen ser ya ¨®rdenes. O se le tiene completa lealtad a L¨®pez Obrador y al proyecto transformador en tanto encarnaci¨®n de la justicia o, pr¨¢cticamente se est¨¢ en contra de ¨¦l.

Debido a que el presidente habl¨® en una situaci¨®n espec¨ªfica (la renuncia de Jaime C¨¢rdenas) y en el pa¨ªs prevalecen ciertas condiciones institucionales para el quehacer pol¨ªtico, tenemos que entender sus admoniciones y se?alamientos en el contexto que se produjeron. Esto, no solo como manera de entender el pasado reciente sino, mucho m¨¢s relevantemente, como forma de precavernos a lo que muy posiblemente va a incrementarse en el futuro pr¨®ximo.

La primera cuesti¨®n a considerar es la relativa a lo que sea el proyecto de transformaci¨®n se?alado por el presidente. Si es, en sus palabras ¡°acabar con la corrupci¨®n, con los abusos, para llevar a cabo un Gobierno austero sobrio, hacer justicia¡±, la lealtad exigida se aviene bien a lo que disponen las normas de nuestro orden jur¨ªdico. Todo lo que se demanda hacer est¨¢ previsto en disposiciones constitucionales o legales, de manera que bastar¨ªa impulsar la aplicaci¨®n del derecho mediante los ¨®rganos competentes (debidamente capacitados y financiados) para que la tan anhelada transformaci¨®n se realice. Como el presidente no est¨¢ buscando esto, habr¨¢ que concluir que el proyecto de transformaci¨®n no se reduce a la actualizaci¨®n del derecho, sino a otra cosa, desde luego distinta.

Lo que se demanda en realidad es la realizaci¨®n de una justicia distinta y no necesariamente contenida en el derecho. De unos designios determinados por ¨¦l o, en el mejor de los casos, por ¨¦l y por el movimiento que encabeza. Lo que en realidad se est¨¢ pretendiendo es que la transformaci¨®n buscada, y en mucho con independencia del derecho, se actualice a partir del programa que el presidente ha ido construyendo con los a?os, ajust¨¢ndolo con motivo de los aconteceres que se le han presentado y, muy probablemente y sin que lo diga, conforme a los requerimientos de los potenciales electores o desplazamientos propios de los rejuegos electorales.

Entonces, si, en efecto, el derecho queda reducido a un accidente u obst¨¢culo a superar y si, tambi¨¦n, el proyecto es eso, un algo en permanente adecuaci¨®n, la lealtad requerida al proyecto transformador no puede reclamarse sino para quien encabeza el movimiento que lo har¨¢ posible. La lealtad, m¨¢s all¨¢ del ajuste despersonalizante de las palabras del presidente, precisamente se reclama para ¨¦l. La lealtad no puede ser para algo que ni es claro, ni est¨¢ asentado en pr¨¢cticas institucionalizadas. La lealtad exigida es para la persona. Para quien en otra ocasi¨®n declar¨® que ya no se pertenec¨ªa a s¨ª mismo, sino al proyecto que habr¨ªa de salvar al pueblo.

Un segundo problema de las palabras del mandatario tiene que ver con los destinatarios. Aquellas personas a las cuales demand¨® la total lealtad. Desde luego no estaba hablando de la totalidad de los habitantes o al menos de los ciudadanos de este pa¨ªs. Ello, adem¨¢s de ingenuo hubiera sido contrario a la m¨¢s elemental pluralidad pol¨ªtica. Estaba hablando en el contexto de la renuncia del doctor C¨¢rdenas, a quienes laboran en el servicio p¨²blico. ?A todos ellos? Me parece que no, al menos como posibilidad constitucional, pues por definici¨®n normativa y al menos por eso, no podr¨ªa referirse a quienes laboran en ¨®rganos no subordinados al Ejecutivo Federal. Es decir, a los juzgadores, a los representantes populares y a los integrantes de ¨®rganos aut¨®nomos.

En realidad, y como posibilidad jur¨ªdica, ¨²nicamente pod¨ªa referirse, jur¨ªdicamente hablando, desde luego, a quienes forman parte de la administraci¨®n p¨²blica federal. Aqu¨ª es donde se presenta la m¨¢s interesante cuesti¨®n del discurso presidencial. El art¨ªculo 128 de la Constituci¨®n dispone: ¡°Todo funcionario p¨²blico, sin excepci¨®n alguna, antes de tomar posesi¨®n de su encargo, prestar¨¢ la protesta de guardar la Constituci¨®n y las leyes que de ella emanen¡±. De lo que se trata es de que antes de comenzar a ejercer sus responsabilidades, de forma consciente y voluntaria, asuma la disposici¨®n a ejercer sus actos de autoridad conforme a las normas del orden jur¨ªdico mexicano. Es un acto primario e inicial de internalizaci¨®n necesario para que buena parte de la acci¨®n p¨²blica se adec¨²e a lo establecido por otros ¨®rganos del Estado.

?Qu¨¦ pasa, sin embargo, si a quienes est¨¢n subordinados al presidente se les exige, simult¨¢neamente, subordinar la totalidad de sus actos a lo que disponen las normas jur¨ªdicas y guardar lealtad al proyecto que, determinado por una persona, no est¨¢ recogido o, inclusive, es contrario a esas normas jur¨ªdicas? En el extremo, que el correspondiente servidor p¨²blico tendr¨ªa que optar entre mantener la vigencia del derecho o su lealtad al proyecto de su l¨ªder. Cuando el presidente exige no solo lealtad, sino ¡°lealtad absoluta¡±, est¨¢ obligando a las personas que laboran en la administraci¨®n a que en los casos de conflicto, dejen de lado lo que prometieron hacer antes de ocupar su cargo y realicen lo que el proyecto transformador les exija, m¨¢s all¨¢ de que, a diferencia del derecho, este no se traduzca en ¨®rdenes o prohibiciones expresas, sino m¨¢s bien en la persecuci¨®n de objetivos en proceso de definici¨®n y ajuste.

Si nos tomamos en serio, y no veo porque no habr¨ªamos de hacerlo, las demandas presidenciales, los escenarios futuros son bastante predecibles. En los a?os por venir veremos un creciente n¨²mero de actos jur¨ªdicamente irregulares, si es que los servidores p¨²blicos asumen que su lealtad es con el Presidente y no con la Constituci¨®n. En caso contrario, podremos observar un proceso m¨¢s lento, en el que despu¨¦s de un ciclo de renuncias, atestig¨¹emos la producci¨®n de normas igualmente irregulares por parte de los leales nombrados para sustituir a los desleales. Finalmente, es posible advertir que puede producirse una gran par¨¢lisis por aquellos que, en un curioso equilibrio, ni quieran desacatar el derecho ni quieran mostrar su falta absoluta de lealtad; por aquellos que sepan recuperar la antigua disposici¨®n de acatar sin cumplir.

La condici¨®n para que las cosas p¨²blicas no se desborden o paralicen, est¨¢ prevista en la propia Constituci¨®n. Por una parte, no existe ninguna disposici¨®n que le permita al presidente exigir lealtad a los funcionarios p¨²blicos, as¨ª sea que est¨¦n actuando en su propia administraci¨®n. En segundo lugar, la divisi¨®n de poderes est¨¢ pensada, hist¨®rica e institucionalmente, para que las diversas autoridades controlen aquellos actos del presidente y su Administraci¨®n que, por las razones que fueren, incluida la lealtad, sean contrarios al orden jur¨ªdico. As¨ª, diputados, senadores, ministros, magistrados, jueces, fiscales, gobernadores, comisionados y todos los que se quiera tienen determinado con bastante claridad cu¨¢les son sus competencias y qu¨¦ medios jur¨ªdicos pueden utilizar para preservarlas. Es decir, desde manifestar un simple no en una votaci¨®n hasta promover un remedio judicial para que un tercero, deseablemente imparcial, en su caso anule el acto contrario al derecho.

Como acto pol¨ªtico, el presidente puede exigir lealtad a quienes nombr¨® o a quienes fueron designados por ¨¦l. Sin embargo, no puede, ni pretender ni reclamar que unos y otros dejen de observar lo dispuesto en las normas jur¨ªdicas. Hacerlo supondr¨ªa la deslealtad del presidente para con la Constituci¨®n y las leyes. Su realizaci¨®n ser¨ªa un acto personal¨ªsimo de colocaci¨®n de un proyecto pol¨ªtico por encima de las normas que sostienen nuestra convivencia social y, por lo mismo, se prometi¨® guardarlas y hacerlas guardar.