El Estado mexicano ha sido omiso respecto a la protecci¨®n de los defensores ambientales

En el a?o 2020, desgraciadamente, se mantuvo la tendencia de creciente violencia que desde hace d¨¦cadas han vivido las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en M¨¦xico. Al igual que las administraciones anteriores, el actual gobierno federal no ha logrado disminuir y menos eliminar las cifras de agresiones e incluso, el n¨²mero de estas se elev¨® en comparaci¨®n con el a?o anterior. Durante el 2020, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) contabiliz¨® 90 agre...

En el a?o 2020, desgraciadamente, se mantuvo la tendencia de creciente violencia que desde hace d¨¦cadas han vivido las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en M¨¦xico. Al igual que las administraciones anteriores, el actual gobierno federal no ha logrado disminuir y menos eliminar las cifras de agresiones e incluso, el n¨²mero de estas se elev¨® en comparaci¨®n con el a?o anterior. Durante el 2020, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) contabiliz¨® 90 agresiones perpetradas en 65 ataques distintos; de este n¨²mero, la agresi¨®n m¨¢s frecuente fue el homicidio, con 18 personas defensoras ambientales asesinadas.

Como contexto general, se debe se?alar que del periodo que comprende del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2018, se identificaron 460 casos de agresiones a personas defensoras de los derechos de la tierra, el territorio y el medio ambiente. Destaca que el 2019 fue el a?o con la cifra m¨¢s baja de los ¨²ltimos seis, con 39 agresiones registradas, sin embargo, de ese n¨²mero, casi un tercio fueron homicidios. En lo que se refiere a las agresiones por entidad federativa, se registr¨® en el 2020 un aumento de los ataques en Chiapas, Campeche, Estado de M¨¦xico, Chihuahua, Ciudad de M¨¦xico, Guerrero y Veracruz.

Referente a los ataques en contra de personas en lo individual, 19 fueron contra hombres (15 de ellos asesinatos) y 11 contra mujeres (3 asesinatos). Por otro lado, se registraron 16 ataques (24,6%) contra comunidades y 12 ataques (18,5%) contra organizaciones de la sociedad civil (OSC). Respecto de los sectores generadores de las agresiones, los dos principales son el forestal y el de v¨ªas de comunicaci¨®n con 24,6% del total, cada uno. En el primer caso, la mayor¨ªa se relaciona con tala clandestina. En el rubro de obras relacionadas con v¨ªas de comunicaci¨®n, se registraron, entre otros, ocho ataques vinculados con el proyecto del Tren Maya y tres relacionadas con el proyecto de la carretera en San Francisco Xochicuautla, en el Estado de M¨¦xico. En menor porcentaje, se cometieron agresiones en el sector de la miner¨ªa, la industria el¨¦ctrica y el turismo.

Referente al tipo de agresi¨®n, por segundo a?o consecutivo desde el inicio de la presente Administraci¨®n federal, la agresi¨®n m¨¢s frecuente ha sido el homicidio. En 2019 se documentaron 15 asesinatos y en 2020 esta cifra lleg¨® a 18. Cabe se?alar que en diversos casos se identific¨® que, previo a su homicidio, las personas defensoras hab¨ªan sido v¨ªctimas de otras agresiones como amenazas e inclusive desaparici¨®n. La segunda agresi¨®n, con un total de 16 casos (17,8%), corresponde a las amenazas.

Otras agresiones documentadas incluyen la intimidaci¨®n, la criminalizaci¨®n, el hostigamiento, las agresiones f¨ªsicas, la desaparici¨®n, el uso indebido de la fuerza por parte de las autoridades, el robo, el desalojo forzoso, el secuestro, el allanamiento, la difamaci¨®n y la estigmatizaci¨®n. En 26 de las agresiones (40% de los casos) se conoce que el agresor registrado fue presuntamente un agente del Estado. En menor medida, se identific¨® como agresores a miembros de las comunidades donde habitan las personas defensoras (6.2% del total); a empresas privadas (4.6% del total); as¨ª como a caciques y grupos paramilitares (3.1%), respectivamente.

Si bien M¨¦xico ha manifestado su voluntad de asumir obligaciones para la prevenci¨®n y protecci¨®n de las y los defensores ambientales, ratificando el acuerdo regional sobre el acceso a la informaci¨®n, la participaci¨®n p¨²blica y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (Acuerdo de Escaz¨²) ¡ªel cual establece el deber del Estado de garantizar los derechos humanos de todas las personas defensoras ambientales y as¨ª como un entorno seguro para ellas y ellos¡ª la grave situaci¨®n de violencia a la que se enfrentan no solo no cesa sino que va en aumento.

La indiferencia e inacci¨®n del Estado mexicano se refleja en que el Mecanismo para la Protecci¨®n de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no cuenta actualmente con los recursos econ¨®micos y materiales suficientes para llevar a cabo su labor, pues ha sufrido constantes recortes presupuestales y de personal. A esto hay que agregar la eliminaci¨®n, por parte del Congreso de la Uni¨®n en 2020, del Fideicomiso para la Protecci¨®n de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, as¨ª como del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparaci¨®n Integral. Ambos eran de vital importancia para las personas defensoras ambientales beneficiarias de medidas de protecci¨®n.

Todo lo anterior, confirma que la violencia estructural, sistem¨¢tica y generalizada que se vive en M¨¦xico contin¨²a impactando los derechos humanos de quienes defienden el medio ambiente, la tierra y el territorio y, ante esta tragedia, inexplicablemente, el Estado mexicano ha estado ausente, ha guardado silencio absoluto y ha sido omiso.

?Dejar¨¢ pasar el presidente L¨®pez Obrador la oportunidad hist¨®rica de sentar las bases para un M¨¦xico donde la defensa de nuestro patrimonio natural, la tierra y el territorio se realicen con plena garant¨ªa y respeto a los derechos humanos? El tiempo sigue corriendo y lo m¨¢s preocupante de todo es que de enero a junio de este a?o 2021, han sido cobardemente asesinados 13 defensores ambientales.

Gustavo Alan¨ªs Ortega es director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

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