M¨¦xico se suma a la protecci¨®n de los defensores ambientales con el tratado de Escaz¨²

El 6 de noviembre, la ecologista mexicana Teresa Rold¨¢n encontr¨® en su casa una botella con un mensaje. ¡°Te metiste con la gente de Jalisco, pero nunca pensaste en tu familia. Te vamos a hacer pedazos¡±. La amenaza lleg¨® acompa?ada dos d¨ªas despu¨¦s de un aviso m¨¢s palpable: un comando incendi¨® los alrededores de su casa mientras sus hijos dorm¨ªan dentro.

Rold¨¢n lleva a?os luchando contra los cambios de uso de suelo en ¨¢reas naturales del Estado de Quer¨¦taro y sabe que su voz incomoda a quienes buscan construir desarrollos inmobiliarios en esas zonas. Duda que detr¨¢s de las intimidaciones est¨¦ realmente el C¨¢rtel Jalisco Nueva Generaci¨®n: ¡°ellos llegan y act¨²an, no te avisan¡±.

Pero sea quien sea el agresor, lo m¨¢s probable es que el caso quede impune. Seg¨²n el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el a?o pasado se registraron 39 ataques contra defensores del medio ambiente y casi en la mitad de los casos ni siquiera se supo el culpable. Adem¨¢s, M¨¦xico es el cuarto pa¨ªs del mundo con m¨¢s asesinatos a ambientalistas, de acuerdo con el ¨²ltimo informe de Global Witness.

La misma semana que Teresa Rold¨¢n fue amenazada de muerte, el pleno del Senado de M¨¦xico aprob¨® por unanimidad un tratado regional que tiene el potencial de reducir los conflictos ambientales en Am¨¦rica Latina y aumentar la presi¨®n sobre los Gobiernos para que protejan a los defensores de la tierra como ella.

El Acuerdo de Escaz¨² fue adoptado en marzo de 2018 en Costa Rica con el objetivo de garantizar el acceso a la informaci¨®n, a la participaci¨®n ciudadana y a la justicia en asuntos ambientales en Latinoam¨¦rica. Sin embargo, todav¨ªa no ha entrado en vigor porque solamente lo han ratificado diez de los once pa¨ªses necesarios para hacerlo.

Tras la aprobaci¨®n en el Senado, M¨¦xico est¨¢ a punto de convertirse en la ¨²ltima pieza del engranaje para que se ponga en marcha el tratado. El Ejecutivo lo public¨® este mi¨¦rcoles en el Diario Oficial de la Federaci¨®n y solo falta que deposite el instrumento de ratificaci¨®n en Naciones Unidas, algo que podr¨ªa ocurrir en los primeros meses del pr¨®ximo a?o, seg¨²n prev¨¦ Tom¨¢s Severino, director de Cultura Ecol¨®gica y representante electo del p¨²blico en la negociaci¨®n del tratado.

Las pol¨ªticas del Gobierno de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador no se han distinguido por su compromiso con el medio ambiente, ya que se han enfocado a dar prioridad a los combustibles f¨®siles y en aplicar recortes a las instituciones dedicadas a preservar la biodiversidad del pa¨ªs. Sin embargo, Severino explica que la entrada de M¨¦xico a este acuerdo est¨¢ ¡°en la intenci¨®n del Ejecutivo de recuperar el protagonismo regional en los temas de derechos humanos¡±.

Escaz¨² es un tratado pionero, entre otras cosas, porque contiene la primera disposici¨®n vinculante del mundo para proteger a los defensores ambientales. El texto urge a los Estados miembros a ¡°prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones¡±. Como las sufridas por Teresa Rold¨¢n.

¡°El hecho de que el tratado sea vinculante lo hace exigible. Si no ser¨ªa una declaraci¨®n de buenas intenciones muy bonita¡±, dice Juan Carlos Carrillo, doctor en Derecho de CEMDA, una de las organizaciones que form¨® parte de las negociaciones. La exigibilidad, como en todo tratado, es complicada. ¡°No hay una polic¨ªa internacional que te pueda sancionar por un incumplimiento¡±, explica Carrillo. Sin embargo, destaca que ¡°da herramientas para luchar por su cumplimiento¡±. Y, al ser vinculante, se podr¨ªa acudir a la Corte Penal Internacional.

La situaci¨®n de los defensores en M¨¦xico se volvi¨® a¨²n m¨¢s delicada en octubre pasado cuando el Congreso acab¨® con el fondo que financiaba un mecanismo de protecci¨®n que, aunque insuficiente, inclu¨ªa un bot¨®n de p¨¢nico y c¨¢maras de seguridad. Escaz¨², argumenta Tom¨¢s Severino, podr¨ªa ayudar a revertir este tipo de acciones. ¡°Por ejemplo, si han pasado 4 o 5 a?os de Escaz¨² y M¨¦xico no le ha metido [fondos] al mecanismo, entonces nosotros [desde la sociedad civil] podemos hacer una demanda y adem¨¢s decir esto en los foros de una eventual Conferencia de las Partes de Escaz¨²¡±. Ah¨ª es donde la presi¨®n p¨²blica se har¨ªa m¨¢s evidente.

Adem¨¢s, el acuerdo ofrece detalles que no se encuentran en las leyes de muchos pa¨ªses de la regi¨®n. Por ejemplo, el art¨ªculo 7 establece c¨®mo deben realizarse las consultas p¨²blicas sobre temas ambientales, un asunto espinoso en M¨¦xico ante el uso que ha hecho el Gobierno de L¨®pez Obrador de estos procesos.

La ONU critic¨® duramente la consulta sobre uno de los proyectos estrella del Ejecutivo, el Tren Maya, afirmando que las autoridades decidieron ¡°unilateralmente¡± el m¨¦todo del proceso sin la participaci¨®n de las comunidades y la informaci¨®n que presentaron ¡°solo hac¨ªa referencia a los posibles beneficios del proyecto¡±.

Escaz¨² estipula que las consultas tienen que ser previas, deben explicar de manera comprensible el posible impacto ambiental del proyecto, la informaci¨®n debe ser traducida a los idiomas de la poblaci¨®n afectada y tiene que ofrecer la oportunidad de que las comunidades presenten observaciones.

En una regi¨®n como Am¨¦rica Latina, la m¨¢s letal del mundo para los ambientalistas desde hace a?os, las garant¨ªas que ofrece este tratado pueden ser un asunto de vida o muerte. Severino reconoce que en pa¨ªses como M¨¦xico ¡°ni siquiera se cumple la legislaci¨®n nacional¡±, pero est¨¢ convencido de que la presi¨®n p¨²blica tras la entrada en vigor de Escaz¨² ¡°va a ser fuerte¡±. De ser as¨ª, es posible que el Gobierno tome cartas en el asunto para evitar que el caso de Teresa Rold¨¢n sea un n¨²mero m¨¢s en las estad¨ªsticas.