Por un plan de reconstrucci¨®n, argumental

En situaciones extremas como la actual pandemia, la demanda de que los expertos pasen a un primer plano tiene una fuerte acogida social. Esta exigencia se enmarca en un contexto de profunda preocupaci¨®n por el bajo nivel argumental del debate p¨²blico en Espa?a. No han faltado recientemente contribuciones en este diario que han manifestado esa inquietud. Pienso que una de las principales causas de la degradaci¨®n del debate p¨²blico tiene que ver con el excesivo protagonismo que en ¨¦l se atribuye a nuestros representantes pol¨ªticos. Estos han colonizado la esfera p¨²blica hasta l¨ªmites poco saludables para nuestra democracia.

El papel distorsionador que una parte de nuestros pol¨ªticos desempe?a en este asunto es f¨¢cilmente apreciable estos d¨ªas con motivo del an¨¢lisis cr¨ªtico de las medidas adoptadas para luchar contra la covid-19. No voy a recoger las insensateces que parte de nuestros pol¨ªticos y partidos pol¨ªticos est¨¢n formulando con toda facundia y que son bien conocidas porque son puntualmente difundidas por todos los medios de comunicaci¨®n. Solo dir¨¦ que, aunque las que tienen m¨¢s eco son las que expresan los miembros de la oposici¨®n pol¨ªtica nacional, o alg¨²n gobierno auton¨®mico en funciones de opositor, basta descender al nivel auton¨®mico, con gobiernos de signo distinto, para comprobar como esa otra oposici¨®n cae con frecuencia en las mismas pr¨¢cticas.

La pregunta es en qu¨¦ medida podemos contrarrestar esta degradaci¨®n del debate p¨²blico sin obstaculizar la tarea imprescindible en toda democracia, de confrontar opiniones o estrategias de actuaci¨®n pol¨ªticas y de controlar la actuaci¨®n del Gobierno, que compete sustancialmente a nuestros representantes pol¨ªticos.

Empezar¨¦ recordando que este fen¨®meno de crispaci¨®n desmedida es una caracter¨ªstica singular de nuestro sistema pol¨ªtico, y que no ha habido que esperar a estos d¨ªas para experimentarlo. Es bien conocida la sorpresa que a diplom¨¢ticos y residentes extranjeros les causa desde hace tiempo el destemplado y maleducado debate pol¨ªtico espa?ol.

Esta singularidad puede tener que ver con otra, que suele pasar desapercibida: la desmesurada atenci¨®n que los medios de comunicaci¨®n espa?oles prestan en general a los aspectos m¨¢s expresivos, coyunturales o superficiales del debate pol¨ªtico, en detrimento de an¨¢lisis sustanciales de las decisiones o alternativas pol¨ªticas que se proponen. As¨ª, an¨¢lisis sosegados, adaptados al p¨²blico al que se dirigen, sobre propuestas pol¨ªticas relevantes de unos y otros, por ejemplo, sobre c¨®mo reordenar el mercado laboral, afrontar el cambio clim¨¢tico o renovar nuestro sistema educativo, ocupan un ¨ªnfimo espacio. En contraste con el af¨¢n que muestran nuestros medios de comunicaci¨®n en recoger cualquier descalificaci¨®n personal, agudeza injuriosa, broma cruel, patente exageraci¨®n o majader¨ªa formuladas por un representante pol¨ªtico, sin dejarse en el tintero la ordenada sucesi¨®n de respuestas de sus contrincantes pol¨ªticos, con frecuencia con el mismo nivel de estulticia o agresividad.

Se podr¨¢ decir que en todos los pa¨ªses hay peri¨®dicos o cadenas de radio y televisi¨®n que se ocupan de forma predominante de divulgar esas nader¨ªas, lo que es cierto. Pero la especificidad espa?ola reside en que en nuestro pa¨ªs todos los medios y de una manera destacada, por m¨¢s que no con la misma intensidad, recogen tales rebuznos, y dan lugar a que el debate pol¨ªtico gire sobre ellos.

Ciertamente, se podr¨ªa alegar que qui¨¦nes son los medios para discriminar entre las afirmaciones pol¨ªticas deleznables y las que no. Y que eso supone introducir mecanismos de censura, atentatorios a la libertad de expresi¨®n, nada menos que en el debate pol¨ªtico.

A ello cabr¨ªa responder, en primer lugar, que en una democracia la deliberaci¨®n p¨²blica que ha de conducir a tomar decisiones pol¨ªticas no tiene por qu¨¦ estar dominada por los representantes pol¨ªticos. De hecho, una democracia de calidad ha de estar dotada de una potente sociedad civil, de m¨²ltiples asociaciones y movimientos sociales, sin afiliaci¨®n pol¨ªtica estrecha a ning¨²n partido, que puedan determinar la agenda del debate p¨²blico al margen de los intereses pol¨ªticos inmediatos.

En segundo lugar, es bien conocido que los medios de comunicaci¨®n, p¨²blicos o privados, seleccionan los contenidos informativos que estiman relevantes en perjuicio de otros. Justamente eso es un elemento imprescindible de la libertad de prensa, que facilita grandemente el contraste de opiniones, siempre que no se llegue a la manipulaci¨®n informativa.

Por ¨²ltimo, todos sabemos que los medios aceptan con mayor o menor convicci¨®n ciertas restricciones o recomendaciones a la hora de informar, dirigidas a salvaguardar intereses que se consideran sobresalientes. No voy a defender ahora unas u otras, pero me limito a recordar la actitud informativa hacia los suicidios, la violencia de g¨¦nero, la vida privada del jefe del Estado, entre otras.

Lo que propongo, en ¨²ltimo t¨¦rmino, es que los medios dejen de recoger lo que para casi todo el mundo constituye una obvia necedad, una canallada, un insulto, una manifiesta exageraci¨®n, una agudeza cruel, etc, que ha sido formulada por un representante pol¨ªtico.

La propuesta podr¨¢ calificarse de ingenua en el ambiente de resignaci¨®n dominante. Pero, desde luego, su ejecuci¨®n beneficiar¨ªa a nuestra democracia. Lograr que opiniones evidentemente infundadas o hueras y afirmaciones descalificadoras no tengan acceso al debate p¨²blico mejorar¨ªa notablemente el nivel de deliberaci¨®n pol¨ªtica y social. Es posible que eso quite algo de chispa al debate pol¨ªtico, que sea algo m¨¢s aburrido, pero posibilitar¨ªamos que fuera un aut¨¦ntico intercambio de ideas y propuestas, y no de vulgaridades e insultos. De alg¨²n modo es volver a lo que dec¨ªa al principio, dar ocasi¨®n a que las opiniones fundadas, basadas en datos y bien argumentadas, se puedan abrir paso en el discurso p¨²blico y pol¨ªtico.

Y creo que esto se puede lograr sin afectar a nuestras libertades democr¨¢ticas. No propongo preceptos legales que proh¨ªban la necedad, la mala educaci¨®n o la agresividad verbal. Con ellas hemos de convivir. Y para lo que va m¨¢s all¨¢ de eso ya tenemos el c¨®digo penal. Lo que planteo es que nuestros medios de comunicaci¨®n, o al menos aquellos que marcan tendencia, introduzcan o refuercen pautas comunes deontol¨®gicas en virtud de las cuales se comprometan a no recoger las afirmaciones de nuestros representantes pol¨ªticos que merezcan los calificativos empleados.

Es m¨¢s, si esa autorregulaci¨®n produjera efectos apreciables, quiz¨¢s pudi¨¦ramos prescindir de unos delitos tan discutibles como los llamados delitos de odio, que constituyen hoy en d¨ªa una desmesurada y bienintencionada intervenci¨®n penal que pretende introducir decencia, autocontenci¨®n y humanidad en nuestro debate p¨²blico. Una tarea que, dig¨¢moslo claramente, le viene grande al derecho penal.

Es de temer que, si no reaccionamos ante la actual situaci¨®n, no solo el debate p¨²blico seguir¨¢ afectado, sino que terminar¨¢ repercutiendo sobre el debate experto, de lo que ya hay algunos indicios.

Jos¨¦ Luis D¨ªez Ripoll¨¦s es catedr¨¢tico de derecho penal.