Juego peligroso

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ces¨® el lunes al jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Diego P¨¦rez de los Cobos, por p¨¦rdida de confianza. Poco despu¨¦s, el director adjunto operativo de este cuerpo armado, el teniente general Laurentino Ce?a, que deb¨ªa dejar normalmente su cargo el pr¨®ximo mes de junio, present¨® su adelantada dimisi¨®n, alegando no haber sido informado, lo que a su juicio supon¨ªa una grave alteraci¨®n de la l¨ªnea de mando. La oposici¨®n, por su parte, vincula la decisi¨®n de Grande-Marlaska al hecho de que la unidad dependiente del coronel cesado elaborase un informe, a petici¨®n de la juez Carmen Rodr¨ªguez-Medel, sobre las alertas sanitarias conocidas cuando el Gobierno autoriz¨® la manifestaci¨®n del 8 de marzo, antes de la declaraci¨®n del estado de alarma y de la decisi¨®n de ordenar y mantener durante semanas el confinamiento de la poblaci¨®n.

Es posible que toda esta repentina crisis en Interior tenga su origen en la iniciativa judicial de solicitar un informe a la Guardia Civil para depurar eventuales responsabilidades penales por la gesti¨®n sanitaria de la pandemia del coronavirus. En cualquier caso, solo a la juez le compete dictaminar sobre la relevancia judicial de lo que se dice en ese escrito, y es cuando menos tan precipitado como ventajista por parte de la oposici¨®n pretender abordar el control parlamentario de las acciones del Gobierno frente a la pandemia dando por sentado que cometi¨® delitos solo sobre la base de que una juez ha iniciado una investigaci¨®n.

Ni desde el Parlamento ni desde la justicia deber¨ªa alimentarse una deriva que consiste en hacer pol¨ªtica en los tribunales, sea judicializando actuaciones que quedan fuera de ese ¨¢mbito, sea instrumentalizando para la lucha entre partidos resoluciones de los jueces que en muchos casos son ¨²nicamente de tr¨¢mite. De esta an¨®mala simbiosis, contraria al esp¨ªritu constitucional, solo se obtendr¨¢ un resultado: el descr¨¦dito de los poderes del Estado. Un descr¨¦dito que aumenta d¨ªa a d¨ªa sin que los responsables pol¨ªticos de uno y otro espectro parezcan valorar el grave riesgo democr¨¢tico que supone.

La juez Rodr¨ªguez-Medel dirigi¨® inmediatamente un escrito al ministro Grande-Marlaska record¨¢ndole que ¨¦l o miembros de su departamento pod¨ªan incurrir en responsabilidades penales en el caso de revelar el contenido de las investigaciones solicitadas bajo secreto del sumario. La posterior filtraci¨®n del documento ha venido a poner de manifiesto la degradaci¨®n de los procedimientos cuando no se delimitan con rigor los espacios de la justicia y los de la pol¨ªtica. De momento, el ¨¢mbito pol¨ªtico es el que deber¨ªa encontrar respuesta en el Congreso, mejor que seguir agitando en los esca?os documentos judiciales con fines de partido. En el Parlamento lo relevante ser¨ªa examinar cuanto antes, con detalle y profundidad, qu¨¦ ocurri¨® en aquellas dram¨¢ticas semanas y qu¨¦ se podr¨ªa hacer en el futuro para afrontar otras crisis sanitarias y epidemias en muchas mejores condiciones. Y no ocuparse, en cambio, de si un ministro determinado puede cesar o no a un cargo de su departamento por p¨¦rdida de confianza, un acto de ¨ªndole administrativa y un motivo que hasta ahora se sol¨ªa considerar suficiente.