Querellas virales

El Tribunal Supremo ha recibido durante los dos ¨²ltimos meses casi medio centenar de querellas y denuncias contra el Gobierno por la gesti¨®n de la pandemia del coronavirus, presentadas por particulares, organizaciones de diversa naturaleza y alg¨²n partido pol¨ªtico, como el ultranacionalista Vox. Ser¨¢ la Fiscal¨ªa la que, a petici¨®n del Alto Tribunal, se pronuncie en primer lugar acerca de si procede aceptar a tr¨¢mite las reclamaciones. La decisi¨®n que adopten los magistrados una vez que la Fiscal¨ªa remita su escrito tendr¨¢ una relevancia institucional que trasciende los casos concretos, puesto que, adem¨¢s de los aspectos jur¨ªdicos, contribuir¨¢ a deslindar con mayor nitidez la esfera de los actos pol¨ªticos sobre los que no es posible el control de los tribunales.

La tendencia a limitar la esfera de esos actos durante los ¨²ltimos a?os no es algo ajeno a la degradaci¨®n pol¨ªtica que vive el pa¨ªs. La creciente radicalizaci¨®n de la lucha descarnada por el poder ha convertido en irresistible la tentaci¨®n de resolver en los tribunales asuntos que ni siquiera han sido abordados con el rigor requerido en las instancias representativas, y, en especial, los Parlamentos. Con el aliciente a?adido de que cualquier resoluci¨®n judicial de tr¨¢mite obtenida en este contexto de crispaci¨®n se traduce en munici¨®n electoralista para algunos partidos, con independencia del desenlace del fondo del proceso, si es que, adem¨¢s, este llega a entablarse. Convertir el poder judicial en una suerte de instancia de apelaci¨®n pol¨ªtica es uno de los riesgos m¨¢s graves a los que ven¨ªa enfrent¨¢ndose el sistema constitucional, ahora incrementado por la situaci¨®n de excepcionalidad generada por el virus. Y, al igual que otras derivas que deterioran las instituciones, tambi¨¦n esta responde a malos usos en los que los partidos deber¨ªan cesar de inmediato, y no tanto a deficiencias de la arquitectura constitucional.

Los particulares y las organizaciones profesionales u otras cuentan entre sus derechos reconocidos constitucionalmente acudir a los tribunales en defensa de los leg¨ªtimos intereses que consideren lesionados, y nada ni nadie puede ni reproch¨¢rselo ni, menos a¨²n, imped¨ªrselo. El caso de los partidos pol¨ªticos es diferente, porque el recurso a la justicia solo esconde una dejaci¨®n oportunista de las responsabilidades parlamentarias. Una dejaci¨®n que se suma a otra encubierta y que ha llegado al paroxismo bajo el estado de alarma, como es confundir deliberadamente el control al Ejecutivo con el insulto contra las personas que lo integran. Resulta revelador de la verdadera ideolog¨ªa de algunos partidos pol¨ªticos el hecho de que, invocando la libertad y la democracia, pretendan reducir el Parlamento a una caja de resonancia para su lenguaje tabernario mientras que, entre tanto, reclaman de la justicia que sea ella la que controle la acci¨®n de Gobierno. Si las leyes solo permiten una forma de gesti¨®n pol¨ªtica, y solo una, como pretenden esos partidos que, cuando discrepan, llevan a sus rivales ante los tribunales, la disidencia ser¨ªa delito y la pluralidad quedar¨ªa autom¨¢ticamente abolida, haciendo imposible la libertad y la democracia.

M¨¢s all¨¢ de la decisi¨®n que adopten los jueces, la tarea que sigue pendiente en el Parlamento es evaluar las decisiones por el Gobierno para contener la pandemia. No solo para depurar responsabilidades, si es que las hubiera, sino tambi¨¦n, y sobre todo, para preparar al pa¨ªs ante situaciones semejantes.