Preguntas clave

Nueve grupos pol¨ªticos, a los que ha acabado sum¨¢ndose Unidas Podemos, solicitaron ayer la creaci¨®n de una comisi¨®n de investigaci¨®n en el Congreso para esclarecer el presunto espionaje del que fueron v¨ªctimas el presidente del Parlament, Roger Torrent, y el exconseller de Esquerra Republicana de Catalunya Ernest Maragall, entre otros dirigentes independentistas. Los hechos tuvieron lugar entre los meses de abril y mayo del pasado a?o, aprovechando una quiebra de seguridad en una de las principales aplicaciones de mensajer¨ªa telef¨®nica, que habr¨ªa involucrado a un millar de personas en todo el mundo. La empresa israel¨ª que fabrica el software que permiti¨® el acceso a los terminales espiados dice que solo lo vende a Gobiernos o agencias de seguridad estatales.

Entre los hechos conocidos no se encuentra, sin embargo, de qu¨¦ instancia parti¨® la orden de intervenir los tel¨¦fonos, por m¨¢s que la l¨®gica apunte en una sola direcci¨®n. Y aun en el supuesto de que ello se confirmara, faltar¨ªa por probar el elemento decisivo que permite establecer una tajante distinci¨®n entre los servicios secretos de una democracia y las ¡°cloacas¡± de un Estado que vulnera los derechos de sus ciudadanos: la autorizaci¨®n judicial de las actuaciones. Si esa autorizaci¨®n existi¨®, la valoraci¨®n de los hechos ser¨ªa radicalmente distinta que si las presuntas escuchas se establecieron sin control.

En esta ¨²ltima hip¨®tesis se estar¨ªa hablando de una flagrante ilegalidad, mientras que, en la primera, las consideraciones ser¨ªan otras. Porque sostener que la veros¨ªmil intervenci¨®n de los servicios secretos espa?oles, a¨²n por demostrar, tuviera como objetivo perseguir a los disidentes pol¨ªticos hace interesada abstracci¨®n de una evidencia: cualquier Estado democr¨¢tico tiene obligaci¨®n de defenderse dentro de las normas frente a grupos cuyo programa consiste en romper el marco constitucional, vulnerando la voluntad mayoritaria de los ciudadanos y recabando el apoyo de potencias extranjeras de dudosas credenciales democr¨¢ticas, como Rusia.

Existen obvias razones para que los afectados coloquen en el mismo plano las actuaciones legales de un Estado democr¨¢tico, en las que, guste o no, tambi¨¦n se enmarcan las de sus servicios secretos, con las andanzas de un excomisario venal que, vali¨¦ndose de medios de comunicaci¨®n, completaba su negocio de informaci¨®n ilegal con otro de descarnado chantaje. Y la raz¨®n m¨¢s obvia es que las fuerzas independentistas no reconocen que, en un Estado de derecho, la disidencia no autoriza a perpetrar delitos. En particular, el m¨¢s grave, porque atenta contra la esencia de la democracia: imponer por v¨ªas de hecho el programa de la independencia a una mayor¨ªa que lo rechaza. Las informaciones conocidas exigen investigaci¨®n, pero esta reclamaci¨®n no aclara ni con qu¨¦ instrumentos realizarla ni sobre qu¨¦ extremos. Por lo que respecta a los extremos, es preciso que el Gobierno aclare si fueron los servicios secretos quienes interfirieron las comunicaciones de los dirigentes independentistas y si contaban con autorizaci¨®n judicial para hacerlo. A partir de la respuesta a estas dos preguntas esenciales, el instrumento para investigar puede ser la Comisi¨®n de Secretos Oficiales. Pero resultar¨ªa inexcusable que intervinieran adem¨¢s los tribunales si, en la contenci¨®n de la deriva insurreccional independentista, alguna instancia del Estado se hubiera cre¨ªdo por encima de las leyes.