Colombia y la justicia

La detenci¨®n cautelar del expresidente de Colombia ?lvaro Uribe decretada el martes por la Corte Suprema de Justicia no solo supone una decisi¨®n sin precedentes en ese pa¨ªs, sino que pone a prueba la madurez de sus instituciones y de la sociedad. El pol¨ªtico, que se ha resistido a abandonar la primera l¨ªnea y ocupa un esca?o en el Senado, es un l¨ªder visceral cuya popularidad se ha resquebrajado en los ¨²ltimos a?os, aunque siga contando con millones de seguidores y sea el jefe del Centro Democr¨¢tico, la formaci¨®n que sostiene al Gobierno de Iv¨¢n Duque. Su gesti¨®n est¨¢ rodeada, sin embargo, de acusaciones de grav¨ªsimas violaciones de derechos humanos y amplios sectores de la poblaci¨®n rechazan de forma tajante su agenda, que busca desestabilizar la aplicaci¨®n de los acuerdos de paz con las FARC.

La justicia concedi¨® a Uribe, que tiene 68 a?os y seg¨²n su partido acaba de dar positivo en una prueba de coronavirus, una medida de arresto domiciliario mientras investiga un caso de soborno y manipulaci¨®n de testigos que antes le hab¨ªan vinculado a grupos paramilitares. El nombre del exmandatario ha aparecido en repetidas ocasiones en sumarios judiciales sobre corrupci¨®n, tramas de espionaje y ejecuciones extrajudiciales. Seg¨²n la Fiscal¨ªa, entre su primer y segundo mandato (2002-2010), se perpetraron m¨¢s de 2.000 asesinatos de civiles a manos de las Fuerzas Armadas, los mal llamados falsos positivos. Esa pr¨¢ctica respond¨ªa a una pol¨ªtica de seguridad que, en medio del conflicto armado, incentivaba a los militares a mejorar los resultados a cambio de beneficios. Como consecuencia, una multitud de inocentes, sobre todo campesinos, fueron ejecutados y presentados despu¨¦s como guerrilleros ca¨ªdos en combate.

Estos datos ayudan a entender por qu¨¦, en un pa¨ªs que acaba de salir de una guerra de m¨¢s de medio siglo y que trata de encauzar una etapa de convivencia, la figura de Uribe resulta tan cuestionada y polarizadora. Su corriente pol¨ªtica, el uribismo, que da cabida a sectores de extrema derecha, no ha dejado de entorpecer el trabajo del propio Duque, de talante m¨¢s conciliador. La medida adoptada por la Corte Suprema demuestra que en Colombia han funcionado los mecanismos del Estado de derecho. Pero ese solo fue un primer paso. Las presiones sobre el tribunal acaban de empezar. El propio mandatario reclam¨® una reforma del sistema de justicia, mientras que el Centro Democr¨¢tico fue m¨¢s all¨¢ y exigi¨® la conformaci¨®n de una Asamblea Constituyente.

El destino judicial de Uribe desat¨® una tormenta y la justicia, un term¨®metro de la salud de toda democracia, debe demostrar que es capaz de resistirla. De lo contrario, el Estado de derecho corre el riesgo de convertirse en un estado de opini¨®n. Es decir, dejar paso a la inestabilidad pol¨ªtica y al populismo.