Crisis de r¨¦gimen y monarqu¨ªa

Es excesivo achacar al rey em¨¦rito y a sus operaciones financieras una mayor responsabilidad de la que les corresponde cuando se valora la actual situaci¨®n de nuestro sistema pol¨ªtico. No son solo sus andanzas las que han da?ado la credibilidad de un edificio pol¨ªtico que presenta desde hace tiempo s¨ªntomas graves de fatiga. Hay otros datos dignos de menci¨®n en el pasivo del sistema. En todo caso, es llamativo que quienes mayor ¨¦nfasis ponen en su solidez y ven en la monarqu¨ªa su presunta clave de b¨®veda suelen ser tambi¨¦n los que m¨¢s alarmados se manifiestan ante cualquier cr¨ªtica a sus puntos negros. Esta contradicci¨®n se expresa en la reacci¨®n escandalizada que les provoca cualquier alusi¨®n a una ¡°crisis del r¨¦gimen del 78¡±.

Cuesta distinguir si esta reacci¨®n se debe al empleo del t¨¦rmino ¡°r¨¦gimen¡± o al diagn¨®stico de crisis que se le asocia. Parece claro que molesta mucho a algunos la calificaci¨®n de r¨¦gimen atribuida al sistema pol¨ªtico actual. Es una reacci¨®n sin justificaci¨®n convincente. Porque la literatura especializada califica habitualmente como r¨¦gimen pol¨ªtico al conjunto de normas, instituciones y valores que configuran las relaciones de una sociedad determinada con el poder pol¨ªtico. Como en tantos conceptos de las ciencias sociales, no hay unanimidad en la definici¨®n de r¨¦gimen. Pero sus versiones m¨¢s usuales son aplicables a cualquiera de los sistemas pol¨ªticos de hoy, incluido el nuestro.

Que se le a?ada adem¨¢s la fecha de origen ¡ª1978¡ª tampoco parece inapropiado ni para nada ofensivo. ?O es que no existe un acuerdo bastante general para admitir que el esquema pol¨ªtico que se defini¨® durante la Transici¨®n fue muy diferente del que le precedi¨®? Negar o ignorar que exista un ¡°r¨¦gimen del 78¡± ser¨ªa alimentar la tesis de la continuidad esencial entre el franquismo y el sistema actual: algo bastante contradictorio con las posiciones de quienes se irritan por el uso de la expresi¨®n. Porque suelen ser los mismos que sostienen que en aquella fecha se renov¨® el sistema pol¨ªtico y niegan que el franquismo siga subsistiendo como estructura pol¨ªtica de base. Si ahora afirman que no hay ¡°r¨¦gimen del 78¡±, ?admiten que seguimos con el ¡°r¨¦gimen del 39¡±?

Vayamos ahora al segundo t¨¦rmino de la expresi¨®n que censuran: la crisis. Para algunos, no es admisible atribuir una condici¨®n cr¨ªtica a un sistema pol¨ªtico que ¡ªseg¨²n ellos¡ª disfruta de muy buena salud, aun reconociendo en ¨¦l algunas deficiencias parciales. Reh¨²san hablar de crisis, pero al mismo tiempo profieren exclamaciones de dram¨¢tica alarma por el futuro de un sistema al que parad¨®jicamente consideran libre de graves da?os.

Quienes no nos sentimos ni molestos ni agraviados por tratar abiertamente de la crisis del r¨¦gimen del 78, podemos admitir sin esfuerzo los avances que el sistema aport¨® al pa¨ªs durante las primeras dos d¨¦cadas de su existencia. No es poca cosa en una sociedad nada habituada a periodos sostenidos de estabilidad. Pero ello no quita que se registre una acumulaci¨®n de factores negativos que lleva a establecer un balance insatisfactorio de sus ¨²ltimos 20 a?os. Es este balance negativo el que permite hablar de crisis como momento hist¨®rico en que se detecta el agotamiento de una f¨®rmula sin que se vislumbre una v¨ªa de salida para repararla.

En este preocupante balance de situaci¨®n, baste se?alar cuatro puntos negros: desigualdad socioecon¨®mica creciente, degradaci¨®n del sistema representativo, desencaje profundo del modelo territorial y, finalmente, colonizaci¨®n partidista de la alta Administraci¨®n y de otras instituciones del Estado.

Por lo que hace a la situaci¨®n socioecon¨®mica, la econom¨ªa social de mercado que promet¨ªa el acuerdo fundacional de 1978 fue gradualmente vaciada de contenido mediante la privatizaci¨®n abierta o encubierta de sectores econ¨®micos clave y de servicios sociales b¨¢sicos. En realidad, se llev¨® a cabo una nueva desamortizaci¨®n de capital p¨²blico en beneficio de minor¨ªas bien instaladas en los circuitos financieros globales. Una lectura del T¨ªtulo VII de la Constituci¨®n ¡ªEconom¨ªa y Hacienda¡ª es un ejercicio propicio para la melancol¨ªa cuando se advierte la desviaci¨®n de sus objetivos econ¨®micos y fiscales, culminando en la reforma constitucional cuasi clandestina de su art¨ªculo 135, bajo la presi¨®n conminatoria del presidente del Banco Central Europeo. Reforzada por la desarticulaci¨®n progresiva del derecho del trabajo, la precariedad laboral ha dado lugar a un contingente creciente de trabajadores pobres, ha paralizado la movilidad social ascendente y ha agravado los indicadores de una desigualdad que se multiplica ahora con el impacto sanitario y econ¨®mico de la covid-19.

En el orden institucional, la democracia parlamentaria que deb¨ªa encauzar el pluralismo pol¨ªtico fue ya deformada de buen principio por una ley electoral de contenido preconstitucional. La din¨¢mica bipartidista asegur¨® ciertamente la estabilidad gubernamental, pero al costoso precio de consolidar las burocracias partidistas y distanciarlas de una ciudadan¨ªa cada vez m¨¢s esc¨¦ptica y desconfiada con respecto a los objetivos y las motivaciones de sus representantes. Resultado de esta din¨¢mica ha sido tambi¨¦n la corrupci¨®n instalada en algunos partidos. Azuzada, adem¨¢s, por la acci¨®n de un sistema de medios de comunicaci¨®n m¨¢s preocupados por conseguir cuotas de mercado que por animar un debate democr¨¢tico de calidad, la pol¨ªtica institucional se ha convertido en un espect¨¢culo poco o nada edificante y, en algunos casos, m¨¢s rid¨ªculo que otra cosa. Es poco razonable esperar que estas condiciones faciliten acuerdos amplios sobre pol¨ªticas esenciales para la convivencia.

Un resultado lateral de esta desviaci¨®n ha sido tambi¨¦n la colonizaci¨®n partidista y corporativa de otras instituciones clave del r¨¦gimen. La alta Administraci¨®n estatal y las instancias denominadas contramayoritarias o ¡°independientes¡± se han dejado llevar con frecuencia por derivas de inspiraci¨®n partidaria o de inter¨¦s corporativo, poco acordes con sus funciones y con los intereses generales del pa¨ªs. En el juego de equilibrios ¡ªm¨¢s que de separaci¨®n¡ª que ha de existir entre los poderes p¨²blicos es esencial la existencia del respeto mutuo que se deben entre ellos cuando demuestran su capacidad para estar donde les corresponde y actuar en consecuencia. Por desgracia, ninguno de ellos puede esquivar ahora su cuota de responsabilidad en esta p¨¦rdida general de reputaci¨®n y en el consiguiente deterioro del sistema institucional.

Finalmente, no es necesario extenderse sobre el prolongado desencaje de un modelo territorial que ya no responde a la diversidad de situaciones que se dan en el conjunto del Estado. Una f¨®rmula que pod¨ªa haber sido capaz de adaptarse con flexibilidad a nuevas condiciones fue petrificada est¨¦rilmente. Se reaviv¨® as¨ª una grave dolencia hist¨®rica que desgasta las energ¨ªas necesarias para afrontar otras cuestiones internas y dar al pa¨ªs alguna presencia significativa en la pol¨ªtica global. La cronificaci¨®n del problema no le quita trascendencia: intensifica su impacto negativo. Basta recordar que la incapacidad para estabilizar una definici¨®n nacional-territorial de Espa?a ha sido componente decisivo en las anteriores crisis de r¨¦gimen que ha conocido la historia contempor¨¢nea del pa¨ªs.

En conclusi¨®n, la crisis de r¨¦gimen no va a resolverse denunciando ¨²nicamente la precaria legitimidad de la monarqu¨ªa, ni tampoco refugi¨¢ndose en ella como si se tratara de un baluarte indispensable e inexpugnable. Son m¨¢s ¡ªy tan o m¨¢s graves¡ª los desperfectos que nuestro sistema pol¨ªtico padece. Sin un diagn¨®stico de conjunto que los tenga a todos en cuenta, no ser¨¢ posible dar con el camino que permita repararlos.

Josep M. Vall¨¨s es catedr¨¢tico em¨¦rito de Ciencia Pol¨ªtica de la Universidad Aut¨®noma de Barcelona.